![Junta de accionistas de Iberdrola](https://www.20minutos.es/files/image_160_120/uploads/imagenes/2018/03/24/li_5a8c3ed2bff40.jpeg)
La estrategia de la compañía es salvar cualquier duda sobre la vinculación de la cúpula con el caso Villarejo para llegar a la junta de accionistas del 18 de junio sin estar pendientes de las decisiones judiciales.
Periodista especializado en temas económicos y jurídicos con más de tres décadas de experiencia. Actualmente es director del diario económico digital Lainformación.com (Grupo Henneo). Trabajó más de trece años en los medios del grupo Vocento (El Diario Vasco, Colpisa, Inversión) y fue fundador de El Economista. Ha sido tertuliano habitual en radio y televisión, en programas como Protagonistas, con Luis del Olmo durante tres años. Además de su experiencia en los medios, también ha trabajado como asesor de comunicación corporativa en el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y la agencia Shackleton. Antes de volver a los medios para lanzar Lainformación.com ocupó el puesto de director de Comunicación del despacho de abogados Garrigues. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y licenciado en Derecho por la UNED, y tiene experiencia docente en escuelas de negocios como Next IBS, EAE Busines School o CECO.
La estrategia de la compañía es salvar cualquier duda sobre la vinculación de la cúpula con el caso Villarejo para llegar a la junta de accionistas del 18 de junio sin estar pendientes de las decisiones judiciales.
El comité de dirección ha comunicado a la CNMV que pone al servicio de la Audiencia Nacional a todo su consejo y alta dirección, ante la inminente imputación del presidente que estudia ya la Fiscalía.
El informe cos nuevos audios encontrados en la causa refleja varias conversaciones entre el comisario y el exdirector de seguridad en las que le pide más dinero e intenta que se implique la cúpula de la eléctrica.
El organismo sanciona personalmente a 13 directivos y considera probado que sus "ofertas de cobertura" elevaron el precio de muchos procesos públicos con coste directo para los Presupuestos.
La Audiencia lleva más de cinco meses revisando los 44 documentos aflorados con los que se pretende aclarar si hay indicios suficientes para imputar en la causa a más altos directivos o cerrar la instrucción.
Todo está pendiente de la nueva regulación que se debe aprobar este año para estos instrumentos de ahorro y la creación de unos incentivos fiscales fuertes para que las empresas apuesten por ello.
Algunos secretarios de Estado y altos funcionarios del consejo del organismo han mostrado su malestar por el efecto que una denuncia sobre malversación y prevaricación puede tener en sus carreras políticas.
La dirección jurídica estará en manos del departamento legal de Caixabank, que estará asesorada por tres o cuatro bufetes externos encargados de demostrar que el financiero no cometió ningún delito de cohecho
El presidente de la cadena asegura que su problema ahora es de calidad, no de precios, y se conjura para mejorar en lo posible la creación de 'colmenas' y la aportación del comercio online a su negocio.
Requirió en 2018 a la petrolera una explicación detallada de la contratación que se pagó en 2014 y a la que precedieron tres facturas más de la empresa de Villarejo, que intentó 'venderles' un servicio más amplio.
Las grandes corporaciones deslizan una sombra de intervencionismo en la investigación a empresas y personas por unos indicios de delito que no ven claros y serán difíciles de demostrar en un posible juicio.
Fuentes del mercado aseguran que el 51% de la empresa conjunta de ambas entidades está muy por encima de los 750 millones que Caixa ha puesto sobre la mesa para empezar a hablar.
Aunque las defensas del BBVA y su expresidente van por caminos muy distintos, será complicado desligar las posibles responsabilidades de ambas partes ante el juez cuando el caso se transforme en un juicio oral.
El organismo contemplaba el verano pasado una sanción de más de 47 millones para 22 entidades, en la que las mayores perjudicadas serían PwC, Deloitte y KPMG con más de 10 millones en cada caso.
El actual Texto Refundido no permite realizar quitas en los créditos públicos que se han concedido a las empresas como las que se han planteado en el nuevo paquete de ayudas a las empresas en crisis.
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