La Comisión Europea ha dado luz verde al plan de Francia para impulsar el despliegue de la energía eólica marina, a través de un proyecto que se prolongará durante 20 años. El citado programa supone 10.820 millones de euros en ayudas públicas. El proyecto prevé la instalación de dos parques eólicos, uno de ellos en el Atlántico sur con una capacidad esperada de entre 1.000 y 1.2000 megavatios (MW), lo que supone una generación anual de electricidad de al menos 3,9 teravatios por hora (TWh). Un segundo parque eólico (Centre Manche 2), que estará ubicado en el Canal de La Mancha, frente a las costa de Normandía y contará con una capacidad de entre 1.400 y 1.600 MW, que generará al menos 6,1 TWh de electricidad al año.
Bruselas ha valorado que las ayudas a las empresas beneficiarias "se concederán a través de procesos de subastas transparentes y no discriminatorios", así como que se organizarán de manera individual para seleccionar a una de ellas para cada zona. Las ayudas, en concreto, tendrán la forma de "prima mensual variable" propia de los contratos por diferencias (CfD), en los que se compara el precio de referencia que resulta de los procesos de subasta con el precio de mercado de la electricidad.
De esta forma, si el precio de mercado es inferior al precio de la subasta, las empresas beneficiarias recibirán pagos equivalentes a la diferencia entre ambos. Pero si el precio de mercado es superior al de referencia, serán las empresas beneficiarias las que tendrán que pagar la diferencia a las arcas públicas. La Comisión Europea concluyó que el programa francés para impulsar la eólica marina con este proyecto cumple con las condiciones que estipula el marco temporal de crisis sobre ayudas de Estado, que permite a los Estados miembros desplegar recursos públicos de manera excepcional para acelerar la transición ecológica.
En concreto, el esquema contiene un presupuesto concreto, las ayudas estarán determinadas por un sistema competitivo "abierto, claro, transparente y no discriminatorio" y serán concedidas como muy tarde el 31 de diciembre de 2025. Los servicios europeos de Competencia determinaron que es "necesario, adecuado y proporcionado" para acelerar en la transición verde.
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