El Parlamento Europeo ha respaldado durante este martes que las sanciones sean más duras para aquellas empresas que realicen delitos ambientales. De esta forma, en términos anuales la facturación global pasaría del 5% propuesto por la Comisión Europea hasta el 10%. Asimismo, también se ha propuesto ampliar la lista de los tipos de delitos cubiertos por esta legislación futura.
El Parlamento negociará que queden cubiertos por esta nueva legislación delitos como el comercio ilegal de madera, el agotamiento ilegal de los recursos hídricos, la contaminación causada por los buques, las conductas que provocan incendios forestales o las infracciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, entre otras.
Para las empresas que cometan estos delitos, la multa máxima posible sería al menos un 10% de su facturación global media en los tres ejercicios anteriores, mientras que la Comisión pedía un 5% tomando como referencia únicamente el año anterior. Además, se podrían enfrentar prohibiciones de acceso a financiación pública o a la retirada de sus licencias de operación, así como la obligación a contribuir para reparar el daño causado, compensar a las víctimas y correr con los costes judiciales.
Problemas en España
En este sentido hay que recordar que el sector empresarial español es uno de los que más riesgos corre de sufrir estas sanciones si no se revierten los problemas a tiempo, concretamente, en la depuración de agua, las empresas españolas necesitarían una inversión de 23.825 millones para evitar las multas.
Sin embargo, estos hechos no quitan que el sector del Agua tenga que hacer frente a unas sanciones por la depuración que alcanzan los 53,4 millones de euros y que el Gobierno no prevé solucionar hasta que esta multa alcance los 80 millones, reflejando un clima en el que las empresas están vulnerables ante los cambios europeos.
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