La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha vuelto a lanzar un mensaje contundente al Gobierno para que pacte con el conjunto de los grupos parlamentarios y con los ejecutivos de las comunidades autónomas y ayuntamientos el plan fiscal estructural que deberá remitir a Bruselas el próximo mes de septiembre en virtud de las nuevas reglas fiscales. En este documento España fijará la senda para reducir su deuda pública los próximos cuatro años y para poder cumplir así con el nuevo marco europeo.
El próximo 20 de septiembre España y el resto de estados miembro que actualmente incumplen las metas de déficit o deuda deberán enviar a Bruselas su plan fiscal estructural a medio plazo. Lo harán después de que la Comisión Europea presente su paquete económico de primavera el 19 de junio, un documento en el que el que remitirá a los países la trayectoria fiscal de referencia que deben emplear como guía para diseñar sus sendas nacionales.
En una jornada sobre fiscalidad organizada por EsadeEcPol, la presidenta del organismo, Cristina Herrero, ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería presentar los ejes de esta 'hoja de ruta' fiscal en el Congreso para "rendir cuentas, contarlo y debatirlo", informa EFE. A lo largo de su intervención, Herrero ha recordado que el plan "nos va a comprometer los próximos cuatro años" y aunque los futuros gobiernos puedan modificar la combinación entre ingresos y gastos, habría que tener claro "hacia dónde vamos".
Máximos históricos de deuda y el escudo anticrisis
El endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas despidió el año pasado en el 107,7% del PIB, una ratio inferior a la de los años anteriores, pero que sigue estando muy por encima de la meta europea del 60%. La Comisión Europea decidió suspender esta exigencia durante cuatro años para que los gobiernos pudieran hacer frente a las consecuencias de la pandemia de Covid y de las crisis posteriores (energética e inflacionaria, guerra en Ucrania...)
A finales del primer trimestre de este año, la deuda pública tocó un nuevo máximo histórico en términos de volumen al superar los 1,613 billones de euros a cierre de marzo, según el Banco de España. En su último 'Informe Anual' la entidad ha calculado que el coste presupuestario de este escudo anticrisis, responsable en buena medida de que la escalada de la deuda, se situará en una horquilla entre los 48.300 y los 57.100 millones de euros de 2021 a 2025.
Precisamente, en el marco de las mismas jornadas, el director general adjunto de Economía e Investigación de la entidad, Carlos Thomas, ha advertido de que el desequilibrio de las cuentas públicas nacionales sigue siendo "muy elevado", tanto en términos históricos como en comparación con la media de la Eurozona. Así, ha alertado de que "el saldo estructural de la economía española se habría deteriorado en los últimos años", informa Europa Press. Un alza que a su juicio responde a que frente al incremento de los gastos estructurales tras la pandemia no ha habido una compensación por el lado de los ingresos estructurales.
La reforma fiscal necesaria
Por su parte, el director del Foro de Fiscalidad de EsadeEcPol y miembro de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre, ha reclamado una reforma tributaria integral que no cambie según las circunstancias y que haga frente al desafío que va a suponer de cara a los próximos años el envejecimiento de la población en términos de gasto. Se trataría de "garantizar recursos suficientes" para el sistema, aunque la tarea sea complicada desde el punto de vista político, tal y como ha reconocido.
En su última comparecencia en el Congreso de los Diputados antes de abandonar su cargo de gobernador del BdE (que expira en junio), Pablo Hernández de Cos, apostaba por revisar el modelo subiendo los impuestos indirectos y medioambientales para equipararlos a los existentes a nivel europeo y por revisar los beneficios fiscales e impulsar una mayor coordinación del sistema fiscal a nivel internacional en figuras como el impuesto sobre Sociedades -algo en lo que la OCDE y la Unión Europea ya están trabajando-.
Entre los hitos comprometidos con Bruselas para seguir recibiendo los fondos del programa Next Generation estaba, precisamente, el de la reforma fiscal, si bien el Gobierno ha venido defendiendo que ha ido aprobando ya cambios tributarios que servirían para darlo por cumplido, algo que en última instancia deberá validar la Comisión Europea. España está pendiente de que las autoridades comunitarias desbloqueen el cuarto pago de ayudas a fondo perdido por valor de 10.000 millones de euros, trasn haber aprobado en Consejo de Ministros la reforma del subsidio por desempleo esta misma semana.
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