Los empresarios, representados en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), se han enrocado ante una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una retribución de referencia cuya cuantía ha aumentado un 30% desde 2019 y un 49% en la última década. El Ejecutivo, de la mano de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha propuesto a los agentes sociales que el primer aumento sea de 15 euros este año y de 31 en cada uno de los dos años siguientes. Al final del mandato de Pedro Sánchez, previsto para 2023, el salario mínimo habrá subido casi un 66% desde 2007.
La subida de esta retribución, la mínima que deberían percibir los trabajadores y que sirve de referente para numerosas ayudas y subvenciones públicas, tendría algunos aspectos positivos, siempre que no frenase el empleo y no incrementase la economía sumergida. En principio, según defienden los sindicatos, generaría un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores y como consecuencia un aumento del consumo interno y, debido a esto, mayor producción y empleo. También señala un impacto social muy favorable, como fórmula para evitar abusos salariales, que además, al ser impuesta, evita el conflicto de negociar las retribuciones.
Las contrapartidas del alza de esta retribución, según sus críticos, serían mayores costes empresariales, que reducirían la contratación, provocarían un aumento de precios y, finalmente, un parón o la reducción de las tasas de consumo. La economía sumergida, como salida ilegal ante el aumento de los salarios mínimos, sería otra de las consecuencias, según los detractores, que admiten el resto de los trabajadores acabarían penalizados, ya que perderían privilegios y aumentos retributivos ante los mayores 'sacrificios' de la empresa por el SMI.
La aplicación de esta fórmula salarial, presente en casi todos los países desarrollados, tiene casi las mismas ventajas que inconvenientes y resulta fundamental, para obtener un resultado óptimo, evaluar correctamente el momento en el que aplicar las subidas. Hay numerosos estudios, en diferentes ámbitos, que intentan analizar el impacto del SMI en el empleo, pero uno de los más exhaustivo es el informe elaborado recientemente para el Banco de España por seis economistas e investigadores, que desenmascaran el impacto de las fuerte subida que experimento este referente en 2019, pasando de 736 euros a 900, un 22%.
Una de las principales conclusiones del informe es que la gran subida de comienzos de la legislatura propició la desaparición de cotizantes con sueldos bajos. Según destaca el análisis, en 2018 había un mínimo de 1,2 millones de afiliados con bases menores o iguales a 1.050 euros en 12 pagas, que pasaron a ser 400.000 menos en 2019. Sin embargo, también se constata un incremento en ese periodo de 200.000 contratos en la franja siguiente, los de 1.050 a 1.250 euros, lo que induce a pensar que la mitad de los contratos con sueldos menores que se perdieron fue porque se mejoraron.
Extremadura y Canarias, que tienen mayor incidencia del SMI en su mercado laboral, sufrieron más los efectos negativos de la subida de 2019
Apunta, en otra comparativa, que la subida del SMI habría reducido el empleo neto de los sueldos bajos entre un 0,6% y un 1,1%, lo que supone entre 90.000 y 170.000 empleos. Alerta que los efectos negativos se dieron fundamentalmente en el sector agrario, entre las empleadas de hogar y en los servicios de mercado -según la estadística de afiliación de la Seguridad Social- y en construcción -según la EPA- y que fueron sobre todo los jóvenes y los trabajadores mayores de 45 años los que más sufrieron las consecuencias de una iniciativa de diciembre de 2018 con la que Pedro Sánchez acababa la anterior legislatura.
Mientras, a nivel regional y provincial, también se detectan importantes diferencias. Las comunidades con mayor incidencia del SMI en su estructura laboral, como Extremadura y Canarias, que es superior al 10%, también son las que sufren más en el empleo su subida. Por su parte, las provincias de Las Palmas, Ciudad Real, Tenerife, Cáceres y Badajoz protagonizan los devastadores efectos de una subida demasiado grande y poco calibrada.
El estudio presenta un perfil del asalariado que cobra el SMI. La proporción de trabajadores con sueldos bajos son similares entre hombres y mujeres, pero la incidencia entre los jóvenes ronda el 23% y es de apenas el 7,4% entre los mayores de 45 años, que sufrieron el mayor impacto de la subida de 2019. El 17% de los trabajadores tienen un sueldo que ronda los 1.000 euros, un porcentaje que baja a un 5,3% entre los contratados de forma indefinida. El SMI es protagonista entre los grupos de cotización del 3 al 11, los menos cualificados, y en las empresas de entre uno y cinco trabajadores.
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