El pasado 23 de mayo el Gobierno retiró -apenas hora antes de su debate y votación en pleno del Congreso de los Diputados- el proyecto de reforma de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana al no contar con los apoyos parlamentarios suficientes para sacarlo adelante. Varias de las formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, incluido el socio minoritario del Ejecutivo (Sumar), rechazaban un texto que iba a depender del PP para superar el trámite en la Cámara Baja. El retraso en aprobar la nueva ley supone un revés para los planes del Gobierno de poner en el mercado más vivienda pública a precios asequibles en un momento de especial tensión por los problemas de acceso, especialmente para los colectivos más vulnerables.
La norma iba a permitir desbloquear planes urbanísticos en un contexto en el que hacen falta 600.000 viviendas de aquí al año que viene para hacer frente a los desajustes entre oferta y demanda, según los últimos cálculos del Banco de España. Tras retirarla, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció que pondría la modificación de la Ley del Suelo "a disposición de los grupos políticos" para sacar adelante la norma tras las elecciones europeas, que se celebran el próximo 9 de junio.
Ese desequilibrio entre oferta y demanda seguirá presionando al alza los precios que ya alcanzaron de media su nivel más elevado desde 2009 a cierre del primer trimestre. Los pisos se encarecieron un 4,3% hasta marzo en relación al mismo periodo de hace un año el metro cuadrado se paga de media a 1.865,8 euros, según los datos publicados esta semana por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
En un encuentro con periodistas celebrado el viernes el consejero delegado de la promotora Aedas Homes, David Martínez, descartaba que los precios vayan a bajar en el corto plazo e insistía en la necesidad de "liberar suelo en España". No es una demanda nueva del sector, como recuerda a este diario Beatriz Toribio, secretaria general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña).
Desde su punto de vista es necesario que la nueva Ley del Suelo salga adelante para desarrollar un parque de vivienda pública y asequible tanto de alquiler como de compra. "Nos preocupa que esté en riesgo una ley tan importante y necesaria", lamenta. La norma es la base para poder desarrollar ese plan y para frenar la parálisis por la complejidad regulatoria. El suelo es la materia prima necesaria y ahora mismo su desarrollo está basado en proyectos que arrancaron hace años. "Cuando esos proyectos se terminen, no hay más suelo para edificar. El problema se irá haciendo cada vez mayor", lamenta.
Atacar el problema desde todos los frentes
El diagnóstico y las propuestas para atajar este problema por parte de expertos y organismos nacionales e internacionales parecen ir, en líneas generales, por la misma vía. Hacen falta políticas de vivienda con una visión más a largo plazo, de forma que la regulación favorezca la oferta y la colaboración público-privada. Ese modelo debe ser estable, sostenido en el tiempo y dar seguridad jurídica a los agentes implicados.
Si bien, el problema de acceso es generalizado, es más evidente en lo que tiene que ver con los precios y con la oferta en las grandes ciudades. No sólo porque las grandes urbes concentran la actividad económica, sino también buena parte de la actividad turística (lo que repercute en las compraventas de extranjeros, que representaron el 15% del mercado en 2023, de acuerdo con los datos del Colegio de Registradores), así como el mayor crecimiento demográfico. La falta de acceso es más acuciante allí.
Pero además, las medidas de choque tienen que llegar de forma transversal desde otros ámbitos, tal y como señalaba el Banco de España en su último Informe Anual. Así, hace falta también que el mercado de trabajo acompañe con mejores sueldos y más estabilidad, dado que muchos colectivos que no pueden acceder a una vivienda en propiedad (jóvenes, inmigrantes, familias monoparentales...) por el alza de precios y el encarecimiento del crédito, también están siendo expulsados del mercado del alquiler.
Uno de los últimos actores en pronunciarse sobre la gravedad de este problema ha sido el Consejo Económico y Social (órgano asesor del Gobierno que aglutina a los agentes sociales y otros representantes de la sociedad civil). En su Memoria Anual de 2023, publicada el jueves, sitúa el acceso a la vivienda como principal problema de la economía nacional y alerta de que, si no se ataja, puede llegar a "estrangular" el crecimiento económico y el empleo.
Comentarios