El Banco de España ha firmado hoy, junto con la Fiscalía General de Estado y las asociaciones bancarias AEB, CECA y Unacc, un protocolo que tiene como objetico asegurar la capacidad de mantener autonomía financiera para las personas con discapacidad.
Durante la firma de esta acuerdo han estado presentes representantes de todos los grupos implicados, con Alberto Ríos, director general de Conducta Financiera y Billetes, apareciendo en nombre del Banco de España. La fiscal de sala de Discapacidad y Mayores también ha firmado el convenio, así como un representante de cada una de las tres asociaciones bancarias mencionadas.
El protocolo aprobado se basa en las pautas legales establecidas por la normativa actual sobre tratamiento de las personas discapacitadas (Ley 8/21). El objetivo de esta legislación es garantizar que los discapacitados puedan tomar decisiones de forma autónoma. El convenio señala la necesidad de proporcionar las adaptaciones necesarias para que esta autonomía se pueda cumplir también en el ámbito bancario y financiero, como la utilización del leguaje accesible, entre otros.
Desjudicializar la vida de las personas discapacitadas
El acuerdo también prevé la constitución de un grupo de trabajo estable para estudiar la función que deben desempeñar las nuevas figuras de apoyo reconocidas por la ley de discapacidad y se analicen también las cuestiones prácticas que se deriven de su aplicación, conjugándolas con la seguridad jurídica que requiere la actividad bancaria.
La citada ley eliminó las incapacitaciones y con ellas a los tutores legales, desjudicializando la vida de las personas con discapacidad y estableciendo un sistema de provisión de apoyos, en el que adquiere especial relevancia el guardador de hecho. Esta figura constituye un tipo de apoyo informal, sin aval judicial, que viene a ser ejercido habitualmente por la familia y cuyo papel en la operativa bancaria ha sido ya canalizado en un documento consensuado, que verá la luz de forma inmediata.
El protocolo firmado contempla un funcionamiento dinámico del grupo de trabajo que abordará los problemas que la adecuación a la ley vaya teniendo en el día a día de la operativa bancaria, de manera que no solo se propongan soluciones, sino que estas se apliquen de manera ágil y eficiente en beneficio del colectivo, la defensa de cuyos derechos es uno de los cometidos de la Fiscalía.
El acto de firma ha tenido lugar en la sede del Banco de España. Esta institución, que ha firmado el acuerdo en calidad de observador, participará como tal en el grupo de trabajo, dadas sus funciones de supervisión del cumplimiento de las normas de protección del cliente de las entidades de crédito y para favorecer la inclusión en los servicios bancarios de las personas vulnerables.
Protocolo de protección patrimonial
La Fiscalía y las asociaciones bancarias han firmado también un segundo protocolo complementario, que tiene por objeto la protección de los intereses patrimoniales de las personas con discapacidad o que se encuentran en determinadas situaciones de vulnerabilidad.
Este convenio articula una fluida comunicación entre los bancos y las fiscalías territorialmente competentes para la puesta en conocimiento de aquellas situaciones que puedan poner en peligro la seguridad económica del titular, al revelar situaciones de abuso o influencia indebida en su voluntad, y que activará la investigación del Ministerio Fiscal.
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