El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido este miércoles en que "no toca" subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021 y deja claro que ésta "es una competencia del Gobierno y será responsabilidad suya lo que tenga que hacer". En una entrevista en Onda Cero, Garamendi ha asegurado que en la reunión que mantuvo este martes el Ministerio de Trabajo con representantes de patronal y sindicatos el Gobierno no trasladó en cuánto quiere situar el próximo año el SMI, actualmente en 950 euros.
"Para una parte del Gobierno parece que es una (cifra) y no lo sé de la otra", ha dicho el líder de los empresarios, después de que el martes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, asegurara que el SMI no se congelará el próximo año, mientras que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, pedía "prudencia". "Nosotros pensamos que con la que está cayendo estar hablando de estas cosas nos sorprende", porque, según Garamendi, afecta a la gente más vulnerable, que son los que pagan el salario mínimo, pequeñas empresas y autónomos con bares, pequeños comercios, pequeñísimas empresas, al campo y a las familias. Además, el presidente de la CEOE ha recordado que no habría una pérdida de poder adquisitivo, dado que la inflación se encuentra en el -0,8 % en noviembre y cerrará el año previsiblemente en el -0,9 %.
El líder de los empresarios ha añadido que el objetivo de situar el SMI en el 60% del salario medio a lo largo de la legislatura, que esgrimían este martes Ministerio y sindicatos, ya ha sido superado en Extremadura y algunas zonas de Andalucía, lo que lleva a que "mucha gente esté contratando" fuera de España. "Cuando ha tocado (subir el SMI) no hemos tenido inconveniente, pero no es el momento", ha indicado Garamendi, refiriéndose al acuerdo que firmó el Gobierno con los agentes sociales a comienzos de este año, por el que el SMI se elevó un 5,5 % hasta los 950 euros.
La intención del Ministerio de Trabajo es lograr otro acuerdo con patronal y sindicatos, a lo que Garamendi ha dejado claro que ésta es una "competencia del Gobierno previa consulta a los agentes sociales. Se quiere dar la vuelta planteando que es mesa de diálogo y no es cierto". "Y algunos miembros del Gobierno dicen otra cosa (...) pero al final esto tiene que ir a la Comisión Delegada (para Asuntos Económicos) y para aprobarlo tiene que ir al Consejo de Ministros y esto lo aprueba el Gobierno", ha dejado constatado. "Nuestra opinión es que no toca y, si toca, el Gobierno debería indexar (esa subida) a los contratos del Estado, que están paralizados desde hace años", lo que produce pérdidas en las empresas a las que más afecta la subida del SMI.
El ministro de Consumo, favorable a subirlo
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha considerado "razonable" subir el salario mínimo interprofesional (SMI), al igual que se ha hecho, por ejemplo, con el sueldo de los empleados públicos. "En mi opinión es razonable hacerlo", ha afirmado en una entrevista a Canal Extremadura Radio con motivo de su participación, este miércoles, en el IV Seminario Internacional de Investigación en Juventud del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEX).
Ha argumentado que se han subido otros indicadores como el salario de los empleados públicos, en este caso un 0,9% para 2021, "un porcentaje modesto pero que contribuye y siempre viene bien", según ha dicho. También ha precisado que el SMI hace referencia a los salarios más bajos de toda la población, por lo que "estamos hablando de la gente que más lo necesita". En esta línea, ha defendido que no solo es una ayuda que estimula la economía, sino también un "alivio" para muchas familias, especialmente los jóvenes, de modo que "ese dinero, aunque sea un 0,9 %, es una cantidad muy considerable".
Por otra parte, respecto a las dificultades de acceso a la vivienda, ha informado de que el Gobierno está trabajando en un incremento del parque de viviendas públicas y una regulación del mercado para que sea concebida como un "derecho" y no como un bien "especulativo". Asimismo, ha explicado que el Gobierno está ultimando las medidas para evitar los cortes de suministros básicos a la población vulnerable en colaboración con el tejido productivo.
Se ha referido también a la doble crisis que la población joven ha sufrido en la última década, con un deterioro del mercado laboral y de sus condiciones de vida, y frente a ello ha abogado por un cambio del modelo productivo para combatir las altas tasas de desempleo juvenil, que en algunas regiones alcanza el 50 por ciento. En su opinión, "hay que hacer de la necesidad una virtud y ver los meses desagradecidos de la pandemia como una oportunidad" para abordar este cambio, con la ayuda de los fondos europeos, los planes de reconstrucción y los presupuestos estatales de los próximos años.
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