Casi una decena de responsables políticos se han pasado el testigo del Ministerio de Función Pública desde 2007, aunque eso no ha evitado que la obligación de presentar un estudio sobre el acceso a la jubilación de los funcionarios quedase olvidada en un rincón del BOE. El Estatuto Básico del Empleado Público aprobado bajo el paraguas de Jordi Sevilla Segura puso la tarea al Gobierno de llevar al Congreso de los Diputados una lista de recomendaciones para evitar agravios dentro del personal público y ampliar el acceso a la jubilación anticipada. Sin embargo, esta no ha sido atendida, ni siquiera después de que el Defensor del Pueblo llamase la atención al respecto en 2017.
La cartera de José Luis Escrivá inició este martes los contactos con los representantes de UGT y CCOO para estudiar los cambios normativos que es necesario hacer para garantizar el acceso de todos los funcionarios a la jubilación anticipada, tal y como quedó recogido en el Acuerdo para una Administración del SXXI firmado en 2022. Fuentes de este departamento señalan a La Información que el resultado de esa mesa de negociación podría dar lugar al citado informe, pero admiten que no hay fecha para presentar un documento que acumula cerca de 17 años de retraso.
La Cámara Baja y también el Senado han tenido un papel clave a la hora de definir los límites de la reforma del sistema público de pensiones, a través de la Comisión del Pacto de Toledo, sin embargo, se ha prestado menos atención al caso específico del personal público. Por ello, tanto la federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO como la de Servicios Públicos de UGT agradecieron la "disponibilidad absoluta" que expresó el Ministerio para canalizar el acceso a esta reducción de jornada y al cobro de parte de la pensión que se vincula a la entrada de un trabajador joven.
Actualmente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene abierta una negociación con la patronal y los sindicatos para hacer una reforma del modelo pensado para los trabajadores del sector privado. El extitular de esta cartera sigue de cerca la evolución de esta mesa -que capitanea el que fuera su número dos en su última etapa, Borja Suárez- no obstante, las fuentes de la mesa de Función Pública consultadas por este medio confían en poder avanzar o culminar el desarrollo del artículo 67 del TREBEB sin tener que esperar a que Saiz consiga cerrar un acuerdo -ya que también tienen que abordar los coeficientes de reducción de la edad de acceso a la jubilación y la gestión de las bajas por las mutuas-.
El ministerio de Escrivá tampoco hizo mención a la posibilidad de llevar más lejos esta negociación para estudiar el conjunto de modelos de jubilación flexible, aunque la intención de este departamento es abrir el abanico de posibilidades ofertado a los empleados del sector privado y hablar de jubilación demorada o activa, según adelantó este medio. Por el momento, la prioridad es retirar la restricción introducida en el 2012 en la crisis financiera debido a la que los funcionarios no pueden acceder a la jubilación parcial, pero sí está al alcance del personal laboral.
Las partes no han acordado un calendario de reuniones y algunas fuentes ponen en duda que las reformas puedan materializarse este año, como se había prometido hacer María Jesús Montero antes de la última crisis de Gobierno. La ahora vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Hacienda tenía previsto incluir estos cambios y el incremento del 2% -que también sigue en el aire- en los Presupuestos Generales de 2024, sin embargo, el ala socialista de la coalición decidió prorrogar los anteriores y renunció a sacar adelante unas nuevas cuentas públicas, de forma que estos planes quedaron en papel mojado.
Si bien, este es solo uno de los temas pendientes del citado texto. Escrivá tiene pendiente aprobar el desarrollo reglamentario sobre el teletrabajo que debe reproducir un acuerdo alcanzado en 2021 con Miquel Iceta al frente del Ministerio con UGT, CCOO, CSIG y CIG y que afecta solo a los trabajadores de la Administración Pública. Esta cuestión se percibe como menos urgente y el Gobierno no lo tiene en su hoja de ruta a medio plazo, ya que los funcionarios pueden trabajar a distancia mientras se extiendan los efectos del decreto que contenía las medidas de ahorro y eficiencia energética que se aprobó para responder a los efectos de la guerra de Ucrania.
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