El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reúne cada quince días con la patronal y los sindicatos para intentar cerrar un acuerdo con tres frentes: los coeficientes de reducción de la edad de acceso a la jubilación anticipada, el papel de las mutuas en la gestión de bajas traumatológicas y el diseño de la jubilación parcial. El último texto presentado por el departamento de Elma Saiz no gustó a los agentes sociales por llevar implícito un endurecimiento de las condiciones para acceder a la reducción de jornada que se complementa con el cobro de parte de la pensión y a la espera de que trasladen una nueva propuesta, el interés por esta figura crece entre los ciudadanos según reflejan las estadísticas de contratos elaboradas por el SEPE.
Entre enero y abril se formalizaron 2.400 contratos de relevo, el acuerdo laboral que va vinculado a una jubilación parcial y por el que un trabajador más joven entra a la empresa para cubrir la parte de la jornada que el empleado más veterano deja de abarcar. Son un 8% más que los registrados en el mismo periodo del año anterior y crecen en la misma proporción que en los primeros cuatro meses de 2022, lo que ha llevado a anotar un máximo en este número de contratos desde 2019. Estos acuerdos están ligados necesariamente a un proceso de jubilación parcial, no obstante, la ley actual no exige que se contrate a este trabajador si el jubilado tiene más de 65 años, por lo que el número de contratos por jubilación parcial es superior (6.303 hasta el pasado abril).
Solo un 38% de las salidas parciales anticipadas llevan asociada una contratación de estas características, por lo que esta es una de las principales preocupaciones de UGT y CCOO en la citada mesa de negociación. Los representantes de los trabajadores consideran que es clave que ambas modalidades de contrato vayan ligadas de forma obligatoria para que no se traduzca en una merma de las plantillas, así como blindar las condiciones de trabajo de los relevistas con un contrato indefinido. Parte de estas demandas fueron recogidas por Seguridad Social, quien propuso que accedieran a un salario equivalente al 75% de la base de cotización del jubilado parcial, contrato fijo y "una mejora de las garantías de empleo" que tendrán que ser concretadas a futuro.
Todas las partes consideran esta cuestión como prioritaria, ya que actualmente hay dos modelos para acceder a la jubilación parcial: una que se dirige a los trabajadores de la industria manufacturera y otro general. En los dos últimos años se ha llegado a las puertas de fin de año con la incógnita de si se extenderían las condiciones del primer grupo, que es el más numeroso, puesto que cuenta con más ventajas y ni los empresarios ni los sindicatos quieren repetir esta situación. Sin embargo, esta mesa avanza despacio debido al elevado componente técnico de la discusión, la distancia entre las posiciones y la demora del Gobierno a la hora de presentar propuestas.
El borrador planteado a inicios de abril también recogía dos modelos de jubilación parcial, una ordinaria en la que el acceso a la pensión se podría adelantar un máximo de dos años y una extraordinaria -la que ahora se aplica para la industria- a la que se podría acceder tres años antes (ahora eran cuatro) y que se extendería a "actividades en las que pudiera acreditarse una mayor penosidad por edad". En este segundo caso sería necesario que se hubiera recogido expresamente en el convenio colectivo -hoy por hoy es necesario un acuerdo con la empresa-, se limita al 50% la reducción de la jornada y en ambos supuestos se impide que se amortice, es decir, que el trabajador jubilado parcialmente tendrá que trabajar unas horas al día hasta poner fin a su carrera profesional en lugar de concentrar las jornadas en ciertos meses al año.
Esta propuesta fue rechazada frontalmente por los sindicatos, mientras que los empresarios -que acostumbran a no hacer comentarios durante los procesos de negociación- centraron sus críticas en el modelo de jubilación activa que homologa los procesos para trabajadores por cuenta propia y ajena, por el que los autónomos tendrían que compatibilizar cinco años su actividad con la jubilación para percibir el 100% de la pensión, algo que actualmente pueden hacer desde el primer año. Ambas partes están a la espera de recibir un nuevo texto que posiblemente no llegue hasta el mes que viene, dado que las conversaciones se han visto interrumpidas por la necesidad de modificar la orden que permitía 'comprar' periodos de cotización y que las principales asociaciones de investigadores habían criticado con dureza.
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