La pandemia de la Covid ha tenido un efecto demoledor entre los ciudadanos con mayor edad, algo que constatan los datos oficiales -casi diarios- y determinadas estadísticas, que pese a la disparidad de las cifras, nos acercan a la magnitud de la catástrofe sanitaria, sin poder concretarla.
Entre enero y noviembre del año pasado, los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) mostraban 423.790 fallecidos, casi 67.000 más que en el mismo periodo de año anterior, un incremento de más del 18%. Mientras, el Ministerio de Sanidad rebajaba los fallecidos por coronavirus a 39.400, una horquilla importante que apunta a que posiblemente no se sabrá a corto plazo el impacto real de la pandemia.
Sin embargo, existen otras fuentes, algo menos accesibles, pero que nos acercan todavía más al contexto de determinados colectivos, como el de jubilados, y el efecto de la Covid en estos ciudadanos que en su mayoría tienen más de 60 años. La estadística de la Seguridad Social muestra que durante 2019 se produjeron 267.547 bajas por defunción, pero durante el año siguiente, el del coronavirus, estas aumentaron en 43.042, hasta situarse en 310.589, un 16% más. En este régimen, había 6.130.604 jubilados con pensión contributiva a fecha de enero de 2021.
Pero si el impacto ha sido grande en las tablas de la Seguridad Social, entre los jubilados civiles y los retirados militares ha sido mucho mayor. Un vistazo a los datos que ha facilitado a La Información la Subdirección General de Gestión de Clases Pasiva, ahora bajo el control del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, muestra que en el sistema de Clases Pasivas se produjeron en 2020 un total de 12.449 bajas por defunción, frente a las 10.087 de 2019, que registró una cifra muy similar a 2018.
En total, en el año del coronavirus, murieron casi un 24% de funcionarios y militares jubilados más que en 2019. La estadística del Ministerio que dirige José Luis Escrivá recoge que 1.439.600 funcionarios y militares estaban recibiendo una pensión de jubilación en el último trimestre del año 2020. El coste de estas prestaciones superó los 945 millones en el mes de enero de 2021. La cifra se duplica en julio y diciembre, que es cuando los funcionarios jubilados reciben las pagas extras.
Un colectivo de riesgo... y prioritario
Hace apenas dos semanas, el Ejecutivo aprobaba un cambio normativo para facilitar la contratación de profesionales sanitarios retirados de la vida activa, haciendo compatible la pensión de jubilación con la actividad laboral. La medida, a propuesta de Escrivá, tiene el objetivo de movilizar a los profesionales jubilados para hacer frente a la pandemia, a pesar de incluirse este colectivo en los denominados "grupos de riesgo".
La decisión del Gobierno ha provocado una ola de adhesiones de sanitarios jubilados, que quieren volver a primera línea. Ya son muchas las comunidades que han abierto bolsas de trabajo en las que inscribirse para distintas funciones, cobrando un salario que sería compatible con la pensión, y han aprobado medidas, similares a las del Ejecutivo central, que ya están recogidas en sus boletines oficiales.
Casi al inicio de la pandemia, diversas administraciones 'tiraron' de médicos y enfermeros jubilados para hacer frente al aumento de afectados por el coronavirus y a una situación que dejó las UCI totalmente saturadas. La Comunidad de Madrid inició en marzo de 2020 la reincorporación de médicos jubilados menores de 70 años, la contratación de aprobados sin plaza en el MIR, así como de alumnos de último curso de Medicina y de Enfermería, además de la prórroga de los residentes en el último año de formación. La decisión volvió a poner en primera línea de forma voluntaria y excepcional a un buen número de profesionales retirados.
Las altas, disparadas
Los datos que aporta la Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas dejan patente que mientras en 2018 y 2019 apenas 27.000 funcionarios y militares decidieron jubilarse, en el año 2020 su número se incrementó en 3.300, un 12% más. Una de las causas, según ha podido constatar La Información, ha sido el miedo a la Covid, no a contraer el virus y sí a propagarlo, entre colectivos como médicos, profesores y militares.
El paso adelante de los funcionarios y militares también ha tenido que ver en parte con los constantes rumores sobre cambios en el régimen de clases pasivas, que permite jubilarse con 60 años con 30 años cotizados y con penalización. Si la carrera en la Administración ha durado 35 años o más, la pensión es del 100%. Pese a todo, la Comisión del Pacto de Toledo ha asegurado que no se harán cambios en este régimen, una decisión que ha unido a Partido Popular y PSOE.
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