La pandemia del coronavirus ha alterado el mercado laboral de forma drástica. Mientras muchas empresas pequeñas y medianas se vieron obligadas a cerrar tras meses de inactividad y las grandes compañías tuvieron que tirar de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y restringir las contrataciones, el sector público lograba un récord histórico de efectivos. Las necesidades de las administraciones públicas para hacer frente a una situación imprevisible, que provocó numerosas bajas, forzó a tirar de contratos temporales, sobre todo en las comunidades y en las áreas de Sanidad y Educación. Así, los últimos datos recogidos por el Boletín Estadístico de las Administraciones Públicas (AAPP), con fecha de julio de 2021, muestran, que en el mismo mes en el que se aprobó el Real Decreto para limitar la temporalidad en las AAPP, el personal eventual era el claro protagonista del empleo público.
La estadística que elabora el Ministerio de Hacienda y Función Pública a partir de datos facilitados por el Estado, las comunidades y las corporaciones locales, muestra que el número de funcionarios se sitúo a mediados del pasado año en 1,46 millones, apenas 12.000 más que en mismo periodo del ejercicio anterior. Mientras, el personal laboral, que se rige por el Estatuto de los Trabajadores, pero que desde ayer -por el jueves- no puede ser despedido mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), alcanzó la cifra de 610.166, 26.000 más que en julio de 2020. Pero el principal aumento se dio en el epígrafe Otro Personal, que engloba a los eventuales y los cargos a dedo, que alcanzaron la cifra de 655.500, 92.000 más que en el verano de 2020.
El número de efectivos al servicio de las administraciones pública se situó 2,73 millones, 130.000 más que en el ejercicio 2020. Uno de cada cuatro de estos empleados son eventuales y el 22%, personal laboral. Los interinos en las comunidades autónomas suponen el 34,6% y los efectivos que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores suman más de 318.000, el 54% de toda la plantilla de estas administraciones. En el sector público hay 400.000 mujeres más que hombres -1,5 millones frente a 1,1- y en las comunidades autónomas prácticamente duplican a los hombres.
Siete de cada diez funcionarios en los ministerios tiene más de 50 años. Apenas un 2% tiene menos de 30 años y el 7% cuenta con entre 30 y 39
Además de la alta tasa de temporalidad, que el Gobierno se ha comprometido reducir drásticamente hasta un 8%, las administraciones afrontan un imparable envejecimiento de su plantilla, sobre todo en los ministerios, ya que la mayoría de los funcionarios desembarcaron en su puestos en la décadas de los 80 y 90, por el desarrollo del Estado de las Autonomías y la mejora del bienestar social en España. Las administraciones perderán desde ahora hasta 2025 casi 331.000 efectivos tras llegar a la edad de jubilación y cerca de 900.000 en la próxima década. La edad media de incorporación al servicio público en la Administración General del Estado es de 35 años, mientras en el sector privado es de 26 años, según datos del estudio 'La Administración General del Estado a 10 años vista'.
La estadística oficial muestra que prácticamente la mitad la plantilla de los ministerios tiene entre 50 y 59 años, mientras casi un 23% tiene 60 ó más. Los menores de 30 años apenas representan un 2% y solo un 7% tienen entre 30 y 39. Según un informe elaborado por Adams Formación, los empleados públicos con menos de 29 años apenas suponen el 7,5% del total y de estos, solo el 0,2% tiene menos de 20 años. De los 2,7 millones de funcionarios más de un millón tiene entre 50 y 59 años. El envejecimiento, que viene de lejos, pero sigue acentuándose, supone un mayor absentismo por enfermedades, una menor motivación por el tiempo prolongado que han permanecido en el mismo puesto y la necesidad de recibir numerosos cursos con el fin de reciclarse tecnológicamente. Este problema es especialmente grave en la Seguridad Social, un organismo en el el 76% del personal cuenta con más de 50 años.
La otra estadística que muestra la evolución de funcionarios, la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) también evidencia el importante incremento de empleados públicos durante la pandemia y su mayor protagonismo en el mercado laboral. El número de asalariados al servicio de las administraciones registrados en las tablas del INE representaba el 17,2% de los trabajadores y se situaba en 3.475.000, ya que esta estadística también tiene en cuenta a los empleados de empresas públicas. Ya hay 900.000 efectivos públicos más en 2002, año en el que comienza la serie histórica de esta estadística. Pese a todo, la crisis del coronavirus ha tenido un impacto menor en el empleo privado -gracias a los ERTE- que la de 2008 y la proporción de empleados públicos, aunque elevada, no alcanza los porcentajes de la gran crisis económica, que llegaron al 21,7% en 2012, en el último tramo de la recesión,
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