Un estatus oficial para estos empleados le aseguraría el acceso a prestaciones como las bajas laborales, vacaciones, pensiones y cotizaciones, además de ser un arma contra el trabajo no declarado y la explotación laboral.
Así lo han declarado los eurodiputados en una resolución de la que son ponentes la española Tania González (Podemos) y la griega Kostadinka Kuneva (Syriza) y que ha sido adoptado por el pleno reunido en Bruselas.
El texto reivindica el reconocimiento y protección del trabajo doméstico como profesión tanto a través de la legislación nacional como de la europea.
También aboga por que los Estados miembros adopten e implementen plenamente la Convención 189 de la Organización Internacional del Trabajo, algo que sólo han hecho hasta ahora 22 países en el mundo.
De acuerdo a los datos expuestos por las ponentes, el 88 % de los trabajadores del sector son mujeres y una de cada tres está excluida de la protección que ofrece la legislación laboral nacional.
Entre sus recomendaciones, los eurodiputados plantean establecer "modelos fáciles de gestionar" para enmarcar la relación legal entre el empleador y el trabajador, a imagen de sistemas que ya existen en países como Bélgica y Francia.
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