Las rentas mínimas de inserción, que reciben nombres distintos dependiendo de la comunidad autónoma, se han convertido en un mecanismo necesario para muchos hogares sin ingresos, aunque insuficiente y demasiado breve para mantener una situación económica mínima y estable. Cada región, también las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla, ha diseñado su propio programa o ayuda específica para sus ciudadanos, pero las diferencias de requisitos, duración y cuantía afianzan las desigualdades y los agravios, algo que pretende solventar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que las complementaría, pero que a fecha de mayo llega a solo 260.000 hogares y 850.000 personas.
Las diferencias territoriales no son el único problema que genera esta subvención, dirigida a familias que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y que en muchas ocasiones se acompaña de procesos de intervención social. Obtenerlas obliga a una serie de trámites, acreditaciones de datos y evaluaciones del beneficiario, que además generan picaresca, como la ocultación de rentas, lo que obliga a recurrir incluso a la Policía para detectar fraudes continuos. Además, el caos burocrático y la falta de comunicación entre las administraciones hace cuestionable en actual planteamiento.
El salario social básico, ingreso mínimo de inserción, renta de ciudadanía o renta garantizada, como se denomina en algunas comunidades esta ayuda de emergencia, es competencia exclusiva de las administraciones autonómicas y la reciben cerca de 700.000 personas. Las rentas mínimas nacieron a principios de los noventa y, a día de hoy, muchos perceptores han cambiado incluso de residencia para recibir una prestación cuya cuantía puede variar hasta en 400 euros dependiendo de la región. La principal causa de estas situaciones es la existencia de 17 modelos muy diferentes, que son 19 si consideramos el de Ceuta y Melilla.
Mientras, cientos de miles de ciudadanos no reciben estas rentas por la complejidad de las ayudas, por el complicado lenguaje legal o, simplemente, porque desconocen su existencia. Tampoco llegan a ella familias en situación de pobreza por los variopintos requisitos y la subjetividad a la hora de dar las ayudas, que muchas veces es denegada o retirada por cambios mínimos en las situaciones económicas de los beneficiarios. La Comunidad de Madrid estimaba recientemente que existe fraude o intento de fraude a la hora de cobrar la prestación en uno de cada seis expedientes.
Los rechazos, la burocracia, los requisitos y la complejidad de las ayudas hace que las rentas mínimas regionales apenas lleguen a 700.000 personas
En esta región, que puso en marcha su renta en 2001, está previsto excluir del pago de la ayuda en los "casos de fraude o de actitudes extremadamente inaceptables como por ejemplo, la negativa sistemática e injustificada a aceptar un empleo adecuado". En Galicia, que ofrece datos actualizados, se resolvieron el año pasado 4.428 solicitudes de Renta de Inclusión Social de Galicia, de las que fueron denegadas o archivadas 1.710, cuatro de cada diez de las tramitadas. El 44% se rechazaron por superar las rentas o por recibir una pensión incompatible, pero un 9% lo fueron por no estar empadronado, no acreditar residencia efectiva o carecer permiso de residencia y hasta un 4% por no tener las edades fijadas. En 2020 había 9.000 beneficiarios, a los que se destinaron 53 millones y recibieron de media 423 euros.
La referencia para determinar las cuantías de estas prestaciones también son diferentes según la comunidad. Mientras hasta siete regiones se fijan en el Indicador Público de Rentas Múltiples (Iprem), que se sitúa en 564 euros en 2021, hasta cinco la vinculan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que está en 950 euros después de las últimas subidas, y el resto recogen las cuantías, que en muchas ocasiones se actualizan con la inflación, en sus Presupuestos Generales. Casi la mitad de las comunidades tienen rentas mínimas superiores al IMV -462 euros- y a la cabeza están País Vasco, con beneficiarios que no cobran menos de 705 euros y un máximo de 1.128 si tiene cargas familiares, y Navarra, con 637 euros de mínima y 1.273 para hogares con seis miembros.
En la cola de la cuantía de la subvención están Ceuta (300 euros) y Melilla (328), pero Madrid (400) y Galicia (403) son las comunidades con la prestación más baja. Un completo análisis elaborado en 2o20, con datos de 2019, por el Ministerio de Seguridad y titulado 'El Sistema Público de Servicios Sociales. Informe sobre Rentas Mínimas de Inserción', muestra la amplia y diversa oferta de estos subsidios en las comunidades, que fija tienen diferentes consideraciones de lo que es una unidad de convivencia -hogar- de renta e incluso de ingresos compatibles.
Estar empadronado en la comunidad es una condición común, pero la edad de acceso es diferente y oscila ente los 18 años y los 26. Distintas son también las fuentes de información que se consultan para pagar la ayuda y las condiciones para seguir cobrando, que en muchos casos está supeditada a la participación en programas de inserción. En ocho comunidades se contempla una edad máxima, entre 64 y 65 años, y hay diferentes consideraciones e incluso denegaciones previstas a la hora de recibir la ayuda vinculadas a las propiedades inmobiliarias y de vehículos.
En relación a la duración de la prestación, diez comunidades o ciudades autónomas tienen un plazo inicial de 12 meses, prorrogable en la mayoría de los casos: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Ceuta, Extremadura, Galicia, Melilla, Murcia y Navarra. Hay siete comunidades: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Madrid, La Rioja y Comunidad Valenciana que no establecen plazos para la percepción de la prestación, mientras se mantengan las condiciones de acceso a la misma. Finalmente, País Vasco establece un plazo de 24 meses y Castilla-La Mancha un plazo inicial de 6 meses renovables, destaca el informe del ministerio.
El IMV complementará y será compatible con las rentas regionales y llegará al triple de personas. La mitad de las CCAA ya han optado por él
El IMV buscará, precisamente, acabar con todos los agravios poniendo en marcha una renta básica común que complementará y será compatible con las rentas regionales. Su implantación no está siendo fácil en cualquier caso y los accesos a la ayuda se están produciendo de forma muy lenta, con el ambicioso objetivo de llegar a 850.000 hogares y cerca de 2,3 millones de personas. La mitad de las comunidades y Ceuta y Melilla ya han puesto en marcha medidas para que el IMV sustituya a las rentas mínimas, que solo quedarían para los que no puedan acceder a él.
Si estos subsidios regionales no están exentos de polémica, arbitrariedades a la hora de ponerlos en marcha y denegarlos, fraudes y excesivos trámites, implantar el complemento de renta del Gobierno tampoco resultará sencillo y en el fondo persistirán algunos de los problemas. La propia Seguridad Social reconoce que la lentitud en la implantación del IMV se justifica en un intento de evitar fraudes y duplicidades y que un porcentaje significativo de los demandantes no cumplen los requisitos. La comunicación entre administraciones y la falta de información pasan por ser los principales escollos para unas concesiones que tiene en cuenta datos del INE, las comunidades, los ayuntamientos, Hacienda y los servicios de empleo.
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