El Ministerio para la Transición Ecológica inicia el proceso para modificar la normativa que fija el límite de inversiones en redes eléctricas. La cartera que dirige Teresa Ribera recoge así al guante al sector tras meses de peticiones desde las grandes compañías y patronales. La actual normativa limita en el 0,065% del PIB de España la inversión anual para el transporte y en el 0,13% para la distribución.
La determinación del volumen de inversión en redes de transporte y distribución fue establecida en un contexto económico y energético distinto al actual. La regulación establecida en el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, y el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, estaba determinada principalmente por la necesidad de contener los costes del sistema eléctrico en un momento en el que la prioridad era asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico en un contexto de menor dinamismo de la transición energética, en el que no se preveían necesidades de transformación para incorporar nuevas grandes demandas de generación o de consumo.
Más de una década después el sector energético en general, y el eléctrico en particular, se encuentran inmersos en una transformación estructural, impulsando una transición energética cuyas manifestaciones principales son el despliegue de las renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo de nuevos combustibles y la aparición de nuevos modelos de negocio asociados al despliegue de los recursos distribuidos. En este contexto, la cartera que dirige Teresa Ribera reconoce que puede resultar necesario revisar la regulación que establece la inversión anual y plurianual en redes de transporte y distribución, para acompasarla al nuevo contexto de transición energética y dotarla de mayor flexibilidad.
El plazo de alegaciones estará abierto hasta el 3 de julio
"Con la eventual modificación de esta norma se persigue actualizar el marco normativo que regula la aprobación de los planes de inversión anuales y plurianuales de las empresas transportistas y distribuidoras y los volúmenes de inversión a las nuevas necesidades derivadas de la transición energética. En particular, se busca adaptar la regulación a las nuevas oportunidades industriales y económicas que la transición energética representa para España a través de una mayor inversión en redes de transporte y distribución con la máxima eficiencia económica", señala el ministerio. El plazo para presentar comienza este martes y se alargará hasta el 3 de julio.
No obstante, advierte de que la reforma normativa perseguirá, igualmente, un desarrollo eficiente de la red de transporte y distribución, priorizando maximizar la utilización de la red ya construida y preservando las señales de electrificación y competitividad económica minimizando el coste de los peajes para los consumidores. Desde la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) defienden que aumentar las inversiones en redes para incrementar la demanda no encarecerán los peajes de la red eléctrica, "sino al contrario". "Es como las autopistas, cuantos más coches circulen, menores tendrán que ser los peajes", argumenta la presidenta de la patronal, Marina Serrano.
Soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias
En este sentido, se estudiará la elevación con carácter general del volumen de inversión máximo como porcentaje del producto interior bruto, hasta un valor que se considere suficiente para atender las necesidades de red previstas. También se analizará como posible solución el establecimiento de un nuevo procedimiento para la autorización puntual de inversiones por encima del volumen máximo vigente, previa solicitud de las empresas transportistas y distribuidoras si antes han superado el límite de inversiones establecido en la normativa.
Otra posible alternativa es cambiar los supuestos bajo los cuales se podría modificar al alza el volumen de inversión, incluyendo nuevas circunstancias asociadas a la transición energética.
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