La pandemia del coronavirus ha acelerado la transformación digital de los puestos de trabajo de las grandes empresas privadas, pero sobre todo de las administraciones públicas del Gobierno de España, que tienen además el soporte económico de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para realizar estos cambios trascendentales. El objetivo es facilitar el teletrabajo, una fórmula que se ha demostrado eficiente y que contribuye al ahorro en un contexto de precios energéticos disparados; garantizar la seguridad de la información y las comunicaciones, incrementar la productividad y, también, la movilidad de los efectivos.
El plan se incluye en la agenda España Digital 2025, impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en el que se recoge la puesta en marcha de 168.500 puestos de trabajo de nueva generación, en los que se priorizan las medidas de ciberseguridad incluso trabajando de forma remota, en la Administración General del Estado (AGE). Otra de las patas para esta transformación es la reciente licitación de un importante contrato de consultoría, valorado en 50 millones de euros y con un desarrollo previsto de 18 meses, para la prestación de servicios para la ejecución del proyecto de transformación asociado al puesto de trabajo de los usuarios de la AGE, por el que competirán grandes compañías de comunicaciones y consultoría.
El nuevo pliego -el anterior se anuló el 15 de octubre-, al que ha tenido acceso La Información, prevé que los organismos de la AGE migren hacia un nuevo modelo gestionado extremo a extremo, con unos objetivos primordiales, según recoge el contrato financiado con fondos europeos, de calidad, transformación, eficiencia y flexibilidad. Destaca que "la crisis de la Covid-19 ha puesto de mayor relieve la necesidad de contar con soluciones colaborativas y de movilidad en los puestos de trabajo de los empleados públicos. Para ello, resulta imprescindible acometer un proyecto transformador para la implantación del puesto de trabajo de nueva generación, abordando tanto los componentes tecnológicos como los vinculados a las capacidades digitales de los empleados públicos".
El Gobierno admite que la situación actual del puesto de trabajo en la AGE es muy heterogénea, pero con gran preponderancia de un modelo clásico
Además de este contrato, el proyecto del Puesto de Trabajo Digital Inteligente de la AGE prevé suministros de nuevos equipamientos - ordenadores de mesa, ordenadores portátiles y monitores- y nuevas licencias 'software' relacionadas con la colaboración, gestión y productividad. El Gobierno admite que la situación actual del puesto de trabajo en la AGE es muy heterogénea en los distintos organismos, pero con gran preponderancia de un modelo clásico basado en un equipo ubicado en la oficina, movilidad opcional basada en portátiles corporativos disociados del puesto de trabajo habitual, terminales móviles con limitación o sin posibilidad de acceso a los recursos corporativos y escaso desarrollo de las tecnologías de virtualización del puesto de trabajo.
¿Está preparada la Administración para el teletrabajo?
Este contexto, reconoce, obligó, con motivo de la declaración del estado de alarma por la Covid, a la contratación urgente por parte de cada organismo y de forma independiente de los recursos para dotar a los empleados de los medios necesarios para realizar su trabajo de forma remota, desde su domicilio. "Esta contratación, debido a la urgencia, se realizó de manera inconexa, con tecnologías diversas y con el objetivo de dotarse, fundamentalmente, de los recursos corporativos centralizados necesarios, normalmente basados en servicios de escritorio virtual en la nube, obligando en la mayor parte de los casos a los empleados a utilizar sus propios equipos para la conexión a estos servicios".
El Ejecutivo dará luz verde en las próximas semanas al Real Decreto que permitirá y regulará el trabajo a distancia en la AGE, algo que urgen los sindicatos de la Función Pública tras el acuerdo suscrito en abril del año pasado. La norma regulará el trabajo desde el domicilio particular hasta tres días a la semana -de forma voluntaria y reversible- para la mayoría de los funcionarios del Estado, con el fin de facilitar el ahorro y la eficiencia energética. Hasta ahora solo estaba regulado un día y uno de los grandes inconvenientes es que los sistemas y los equipos de la Administración están obsoletos y, sobre todo, fueron adquiridos de forma inconexa y urgente durante la pandemia.
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