Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el recurso del Gobierno contra el decreto andaluz se justifica porque "no es vertebrador" que las jornadas laborales de los funcionarios varíen en función de la comunidad donde trabajen.
En este sentido, Méndez de Vigo ha defendido que no se puede "romper ese marco común" con el resto de España, pero ha dejado claro que el diálogo del Gobierno con la Junta de Andalucía "sigue abierto" para "buscar acuerdos".
La Junta de Andalucía comenzó a aplicar a mediados de enero la jornada laboral de 35 horas semanales en el sector público, de acuerdo con el decreto ley convalidado por el Parlamento andaluz el pasado mes de noviembre. Dicho decreto permitió restablecer una mejora instaurada en 1999 pero que fue suspendida en 2012 por las normas estatales de estabilidad financiera.
En varias ocasiones, el Gobierno andaluz ha mostrado sus dudas ante la posibilidad de que el Ejecutivo central pudiera recurrir esta medida que, según los datos de la Junta, mejora las condiciones de más de 270.000 trabajadores y forma parte del compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de restablecer durante esta legislatura todos los derechos laborales que se han visto afectados desde 2012, decisión que fue ratificada en el acuerdo del 2 de junio del 2016 con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.
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