El Instituto Nacional de Estadística (INE) está elaborando un censo que permitirá identificar cuántas macrogranjas hay en España. En plena polémica desatada por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en el diario británico The Guardian, el organismo público está ultimando esta base de datos sobre explotaciones agrícolas y ganaderas que aportará información relevante y servirá de base para la formulación de políticas en esta materia. Según figura en el proyecto técnico, está previsto que el censo se publique el próximo mes de marzo, es decir, después de la celebración de las elecciones autonómicas en Castilla y León, donde la campaña está girando precisamente en torno al debate sobre la ganadería intensiva y su impacto sobre la calidad de la carne y el medioambiente.
El INE presenta este estudio como una operación estadística a gran escala para evaluar la situación de la agricultura española, obtener un directorio de explotaciones agrícolas y servir de base para la formulación y aplicación de políticas agrarias, especialmente de la Política Agraria Común (PAC). Se trata de un censo que se actualiza cada década y el último es del año 2009. Se recogen datos acerca de la estructura de todas las explotaciones agrícolas relativos a la campaña agrícola 2020 y en esta ocasión, además, se está realizando una encuesta para estudiar otros aspectos como la mano de obra empleada, actividades de desarrollo rural, agricultura ecológica, etc. Todo ello, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El momento del lanzamiento coincide con la polémica en torno a las palabras de Garzón sobre las macrogranjas y su negativo impacto en la calidad de la carne y en el entorno rural. Y es más que oportuno porque el censo permitirá identificar cuántas de estas explotaciones ganaderas hay en España. Fuentes técnicas del INE explican que en los datos censales se publicarán datos de explotaciones según el tamaño de las unidades ganaderas y en la información modular se ofrecerán datos de la capacidad de unidades ganaderas en las explotaciones, incluidas las plazas y el número medio de ganado presente en la instalación. De este modo, se podrá extraer el número de macrogranjas, toda vez que los criterios básicos para su definición son precisamente el tamaño y la capacidad de la instalación.
De la información disponible en fuentes oficiales (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Ministerio para la Transición Ecológica) sobre estas industrias se extrae que actualmente hay 3.392 granjas de aves y cerdos de gran tamaño en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR), donde hay registrados un total 7.100 complejos industriales de los que más de la mitad corresponden a esos dos sectores ganaderos. Y las tres principales autonomías con macrogranjas destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos son Aragón, Cataluña y Castilla y León. En esta última se celebran elecciones el próximo 13 de febrero y la campaña electoral está girando precisamente en torno al debate sobre estas explotaciones.
El propio Garzón ha acusado a la derecha de crear un bulo como estrategia electoral en torno a sus palabras en The Guardian y ha insistido en su postura. En una entrevista en El País, el ministro fue preguntado sobre qué es una macrogranja y, tras admitir la complejidad para definir con exactitud el concepto, sí apuntó a varios factores clave para pertenecer a este tipo de explotaciones. "Es evidente que hay un modelo que se caracteriza por una producción masiva, rápida y lo más barata posible", afirmó, para apuntar después que "tiene unos costes ecológicos muy altos que se demuestran al cabo de un tiempo, contra los que se moviliza el mundo rural".
En esa entrevista, Garzón aseguró que hay ciertas pautas para poder catalogar las macrogranjas y existe "una suerte de consenso entre las comunidades autónomas para hacer una serie de tablas con criterios para definiciones", si bien ante la pregunta de cuántas cabezas de ganado se requieren para ser una macrogranja, el titular de Consumo se mostró cauteloso por el debate existente en el ámbito comunitario y nacional: "Es un motivo de discusión en estos momentos en el marco de la Comisión Europea y también en el ámbito del Gobierno central y las comunidades autónomas". Lo que sí enfatizó es que existe un contraste muy alto con la ganadería extensiva, social y familiar, porque en la intensiva los animales viven hacinados e insistió en el argumento de que su carne es de peor calidad porque "la evidencia científica es abrumadora en ese ámbito".
Lo cierto es que, día de hoy, no existe una definición concreta sobre el concepto de macrogranja, aunque es un término que se utiliza para hacer referencia a granjas intensivas de dimensiones industriales. Aun así, el PRTR, órgano encargado de controlar las consecuencias de las instalaciones industriales en el medioambiente, detalla que deben superar un tamaño determinado para ser consideradas como tal. De modo que, cuando se hace referencia a las macrogranjas, se está tratando sobre un concepto no oficial, utilizado sobre todo entre organizaciones ecologistas y empresas ganaderas contrarias a este sistema, que cuentan sus cabezas de ganado por cientos o miles, frente a la ganadería extensiva, que se define en la ley como "la explotación realizada de una base territorial con aprovechamiento de pastos o prados para alimentar el ganado".
De modo que el censo agrario del INE arrojará luz sobre los datos y permitirá identificar las explotaciones de grandes dimensiones con más cabezas de ganado, pero no hablará de macrogranjas como tal, dado que es un concepto que no existe en el ámbito técnico. Según figura en el proyecto técnico, Estadística ha recogido datos acerca de la estructura de todas las explotaciones agrícolas relativos a la campaña agrícola 2020 (datos comprendidos entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020) y tras el proceso de depuración y elaboración estadística, está previsto que publique los resultados el próximo mes de marzo. Cuando se conozcan ya se habrán celebrado las elecciones en Castilla y León, pero el debate de la carne perseguirá al ministro Garzón a lo largo de la legislatura.
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