El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al BBVA como persona jurídica, así como al expresidente de la entidad, Francisco González y otros exdirectivos por los espionajes realizados por el excomisario José Manuel Villarejo durante 10 años, a quién también procesará por este caso. Así lo ha anunciado el juez a través de un auto de transformación en procedimiento abreviado, que pone fin al fase de instrucción, y en el que solicita que se procese a varios investigados a petición del fiscal, según ha informado EP.
De esta forma, termina la investigación que comenzó en 2018 el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional y en cuya causa también están bajo investigación el ex jefe de Seguridad de la entidad bancaria Julio Corrochano, el ex ceo de BBVA, Ángel Cano, y el exdirector de Riesgos, Antonio Béjar. No son los únicos señalados por el magistrado, quien también propone juzgar al exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu; así como al actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega; el responsable de Auditoría Interna, Joaquín Gortari; el ex responsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal, José Manuel García, y a Óscar Santos.
De igual modo, García Castellón también pide procesar al socio de Villarejo, Rafael Redondo, al ex inspector de Policía, Antonio Bonilla, y al agente con carnet profesional 76.738. Por último, el magistrado acuerda el archivo para 11 investigados.
En su auto, el magistrado hace suya la "prolija exposición" realizada por la Fiscalía Anticorrupción en el escrito por el que solicitó que concluyese la instrucción. El juez, en concreto, elogia el "impecable detalle en la narración de los acontecimientos respecto de los cuales se considera existente una carga indiciaria sólida como consecuencia de la actividad instructora practicada en el marco de las presentes diligencias previas".
El contrato con Villarejo
El fiscal Alejandro Cabaleiro asegura en su escrito que la contratación por parte del BBVA, con el expreso consentimiento de su entonces presidente, Francisco González, del que fuese comisario de Policía, Julio Corrochano, en septiembre de 2002 permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban Villarejo y el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño.
"El primero de ellos, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la Policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías", apunta.
El fiscal afirma que eso permitía a Villarejo, "entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas y cuerpos de seguridad tuviesen acceso". "Conociendo Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, Villarejo, a través del denominado Grupo CENYT -la empresa de Villarejo-, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal 'anómalo e ilegal' recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo", añade Anticorrupción.
El 'rol' de Francisco González
La Fiscalía añade que el propio González, "dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo". Por otro lado, y para justificar la petición contra BBVA, la Fiscalía sostiene que el sistema interno para la prevención de delitos "no puede calificarse de idóneo" porque "claramente deja al margen de cualquier normativa a la Presidencia Ejecutiva y a la Alta Dirección".
El mismo da detalles de los supuestos contratos suscritos entre 2004 y 2017 por la empresa de Villarejo y la entidad. Con el primero, según la Fiscalía, Villarejo trató de obtener información sobre el intento de adquisición por parte de Sacyr de una participación significativa en el BBVA entre los años 2004 y 2005, todo ello en el marco del denominado por el comisario 'Proyecto Trampa'.
El escrito también recoge el 'Proyecto Summer-Fish' --la investigación sobre el "patrimonio oculto" del empresario Fernando Martín-, el 'Proyecto Summer-Gate' -sobre el patrimonio del empresario Luis Portillo-, el 'Proyecto King-Prasa', el encargo 'Templar' o el encargo 'Duke'.
Comentarios