Nuevo capítulo en la 'pugna' que mantienen los inversores afectados por los recortes a las primas de las renovables y el Estado. La Justicia estadounidense refuerza la posición de las empresas y los fondos poniendo bajo cuestión la defensa que plantea la Abogacía del Estado -a través de los bufetes que contrata- para no pagar los laudos.
El 28 de febrero, la Corte del Distrito de Columbia celebró una vista oral vinculada al litigio que mantienen NextEra y 9Ren con el Reino de España por el incumplimiento de los arbitrajes que condenan al país al desembolso de distintas indemnizaciones por la retirada retroactiva de las primas renovables. Y tras dos meses y medio de secreto de sumario, La Información ha podido conocer la transcripción del panel de juezas formado por Cornelia Pillard, Florence Pan y Judith Rogers.
Para ponerse en contexto, España debe 290 millones a NextEra Energy y 42 millones a 9Ren, cifras a las que hay que sumar más de seis millones en concepto de intereses de demora y cerca de 15 millones por condenas en costas. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la corte de arbitraje internacional dependiente del Banco Mundial, falló a favor de las dos en 2019, aunque los arbitrajes comenzaron en 2014 y 2015, respectivamente. La defensa española perdió el intento de anular el laudo de 9Ren a finales de 2022.
Intento de registrar los laudos en el país norteamericano
Ambas compañías han denunciado ante los tribunales estadounidenses los impagos de las sentencias de arbitraje que condenan al país y lo que intentan es registrar los laudos en el país norteamericano, lo que abriría la puerta a nuevos embargos de bienes y activos del Reino de España en el extranjero. Pues bien, durante la audiencia, los comentarios de las juezas fueron particularmente críticos hacia la posición de España.
"No parece discutible que España llegó a un acuerdo con los inversores, al ofrecer una serie de incentivos determinados", señaló la magistrada Cornelia Pillard, recordando que nuestro país firmó el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), que incluye una cláusula incondicional de arbitraje, señalando a este respecto que, si acaso el TCE no hubiese permitido estos procedimientos en el caso de inversiones realizadas en Europa, así se habría especificado. Pese a reconocer lícita la salida, recordó que esto no implica que el país pueda "eludir sus responsabilidades". De hecho, los países salientes están sujetos -sin cambios- a las condiciones de arbitraje que prevé el acuerdo internacional durante los 20 años siguientes pese a romper con él, según la cláusula de supervivencia del artículo el Artículo 47(3).
En opinión de Pillard, las inversiones 'verdes' de las empresas afectadas han beneficiado tanto a España como a la Unión Europea, motivo por el cual se mostró sorprendida ante que ahora no se les reconozca las indemnizaciones. Asimismo, criticó a la Abogacía del Estado por, en su opinión, "retorcer" las definiciones del TCE. Asimismo, consideró que el sistema internacional de arbitraje "no sienta jurisprudencia" y que, por tanto, "o puede minar de forma alguna la legalidad comunitaria de la UE ni la primacía de sus magistraturas".
"Si todos los países se niegan a cumplir con los procesos del Ciadi, el Ciadi colapsaría"
"Si todos los países se niegan a cumplir con los procesos del Ciadi, el Ciadi colapsaría. Y si todos los países piden a la justicia de otros países que no cumplan con los procesos del Ciadi, el Ciadi también colapsaría. El propósito del Ciadi es precisamente el de garantizar un arbitraje neutral y ausente de interferencias", advirtió. Pillard se preguntó si los afectados habrían invertido en España sin la certeza de que contarían con un arbitraje neutral para dirimir disputas en caso de que se diesen situaciones como la de la retirada de las primas a las renovables.
De su lado, la jueza Florence Pan planteó como "ficción" el hecho de que el TCE no aplique a países europeos. Subrayó que los arbitrajes ahorran tiempo y reducen la conflictividad legal y, en línea con Pillard, recalcó que las decisiones adoptadas en dichos procedimientos no interfieren en modo alguno en la primacía del derecho europeo, porque no sientan jurisprudencia. Por último, la jueza Judith Rogers enfatizó que, al firmar el TCE, los países deben ser conscientes de que el arbitraje sería la salida prevista ante cualquier disputa, por lo que valoró como incongruente plantear ahora que España no comprendía o validaba las implicaciones del acuerdo.
Los inversores afectados ofrecerán un pacto al Gobierno
Entre otros ponentes también figuraba Sharon Swingle, representando al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Indicó que el Convenio del Ciadi establece un marco claro para los arbitrajes y que no se puede esgrimir la soberanía nacional como excusa para evitar el cumplimiento de los laudos. Recordó también que el artículo 54 del Convenio obliga a todos los países firmantes a reconocer los laudos emitidos por el Banco Mundial como si fueran sentencias de sus propios tribunales.
El abogado Shay Dvoretzky, en representación de NextEra y 9Ren, destacó que al ratificar dicho Convenio, España reconoció sus obligaciones ante posibles laudos adversos y apuntó que los tratados internacionales son claros en este sentido. Bajo este escenario, los inversores afectados están formando un frente común, como avanzó este medio, para encontrar una solución pactada con el Gobierno con la que dar carpetazo a los laudos pendientes. Las empresas han realizado una serie de viajes a España en abril -aunque tendrían que haberse producido a principios de año- como primera toma de contacto y se esperan noticias a finales de mes.
El objetivo de las compañías es ahondar en la ofensiva legal y explorar fórmulas que ayuden a solucionar el problema. "Existe la voluntad de trabajar juntos y ofrecer antes de verano o en verano una propuesta de salida de la actual situación que permita explorar fórmulas para zanjar de una ver por todas todo este asunto de la manera más satisfactoria", subrayan algunos de los inversores en conversación con este medio. Nick Cherryman, socio de Kobre & Kim LLP; Nikos Lavranos, fundador de NL Investment Consulting, y Lena Sanderb, socia de Gibson, Dunn & Crutcher LLP, ya visitaron Madrid en junio del año pasado.
España consigue anular tres laudos
Los inversores aseguran que las últimas sentencias a su favor les da alas y confianza para seguir litigando, aunque son conscientes de la situación de España, que califican de "inaudita", ya que ha perdido 26 procedimientos internacionales por la retirada retroactiva de las primas renovables y debe cerca de 1.800 millones a las empresas afectadas, en concepto de indemnizaciones, intereses de demora y condenas en costas.
España ha conseguido anular tres laudos y entre todas las denuncias suman unos 10.600 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje. Según fuentes del Ejecutivo, los pagos pueden ser contrarios al derecho de la Unión Europea y constituir una Ayuda de Estado ilegal, incompatible con el mercado interior. En este sentido, indican que, en consecuencia, cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas y no puede pagar antes de que la Comisión Europea se pronuncie.
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