Como un terremoto. Así ha sentado en Madrid y Rabat la sentencia del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGJUE) que ha puesto patas arriba la frágil estabilidad sobre la que se asientan las relaciones diplomáticas entre el Reino de España y el de Marruecos. En concreto, el tribunal de primera instancia con sede en Luxemburgo ha fallado en contra de las decisiones del Consejo de la Unión Europea por el que se modifican las preferencias arancelarias concedidas por la UE a los productos de origen marroquí y, por otra parte, al acuerdo de colaboración de pesca sostenible con Marruecos.
Ambos temas esconden una profunda controversia jurídica y diplomática, ya que fueron objeto de sendos recursos interpuestos por el Frente Popular para la Liberación de Saquía el Hamra y Río de Oro, (Frente Polisario), que se posicionaba en contra de la extensión de los acuerdos europeos a los productos procedentes del Sahara Occidental y exportados bajo el control de las autoridades aduaneras marroquíes. El Frente Polisario recurría el Acuerdo de Pesca entre la Comunidad Europea y Marruecos por incluir en su ámbito de aplicación a “las aguas adyacentes al territorio del Sahara Occidental”.
De esta manera, de facto, los acuerdos permitirían la explotación de sus recursos naturales, además de legitimar la “política anexionista de Marruecos” sobre el territorio. El argumento jurídico esgrimido por los abogados saharauis se basa en que el Consejo incumplió las obligaciones que incumbían a la Unión en el marco de sus relaciones con Marruecos en virtud del propio Derecho de la Unión y del Derecho Internacional, al haber aprobado los acuerdos sin el consentimiento del pueblo saharaui, del que se considera “único representante”.
Pese a ser acuerdos económicos, el fondo jurídico de la cuestión afecta tanto al reconocimiento internacional del Sahara Occidental, como a la identificación del Frente Polisario como interlocutor y actor válido para representar al pueblo saharaui. Por ello, esta sentencia era muy esperada tanto en El Aaiún, en Rabat, en Bruselas y en Madrid.
España y Marruecos, unidos en la adversidad
La noticia ha supuesto un auténtico cataclismo para las frágiles relaciones diplomáticas que España y Marruecos están luchando por rescatar. En primer lugar, la sentencia pone en cuestión a los más de 90 pesqueros españoles, de los 128 europeos, que acceden a estos caladeros, principalmente andaluces y gallegos, y que, en caso de que no se produzca ningún recurso, tendrían que dejar de faenar en estas costas en el plazo de dos meses.
El Tribunal de Justicia, plenamente consciente del mazazo que supone su decisión, ha establecido que éste será el tiempo máximo en el que se podrá interponer recurso de casación. En el caso de que así sea, el acuerdo pesquero será automáticamente prorrogado hasta que “se dicte sentencia del Tribunal de Justicia sobre el potencial recurso de casación”. De esta manera, los intereses económicos de la flota pesquera europea, y en concreto de la española, quedarían protegidos jurídicamente, al menos durante un periodo aproximado de un año, periodo en el que el tribunal de casación, en este caso el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), podría pronunciarse de nuevo.
El frente diplomático
Sin embargo, el efecto fundamental de la sentencia no es tanto económico como diplomático. Durante dos años, España, junto a Francia, la Comisión Europea, las cámaras de pesca marítima del Mediterráneo, del Atlántico Norte, del Atlántico Central y del Atlántico Sur, ha apoyado la defensa del acuerdo pesquero en sus términos originales, que incluyen la explotación de los recursos pesqueros en el Sahara occidental.
La posición española contravenía la del Frente Polisario al defender que el Servicio de Acción Exterior de la UE efectuó un proceso de consulta a la población local y que, en esa toma de temperatura, hubo una opinión mayoritaria favorable al respecto. Hablando en términos diplomáticos, con esta posición, España negaba que el Frente Polisario fuera “el único representante del pueblo saharaui”, lo que no gustó en modo alguno a la organización política.
La postura del TGJUE también pone en su sitio al reino alauita. Rabat siempre ha defendido este acuerdo como un reconocimiento tácito de su soberanía sobre el Sahara y sus aguas adyacentes. Coincide de esta forma con la posición de Madrid, pero las tensiones entre los dos países vividas en verano aun están muy calientes e impiden hacer un frente público común para presentar un recurso conjunto contra la resolución del tribunal europeo. En este sentido, la postura española se basa en animar a las instituciones europeas a recurrir la resolución adoptada por el TJGUE.
Al otro lado del muro saharaui no se ve con buenos ojos la postura timorata de Moncloa sobre la firmeza de la resolución. Ayer, tanto en medios digitales como en redes sociales próximas al Frente Polisario, se acusaba a Madrid de haber ganado tiempo e incluso haber presionado al tribunal para “imponer este plazo de interposición de apelación”. Para parte del movimiento de liberación saharaui, la redacción de la sentencia incluye “un precedente nunca antes visto” por el que los jueces europeos “animan a los interesados” a recurrir su propia decisión.
En realidad, el párrafo redactado en Luxemburgo supone una excepción a su propio fallo, ya que lo justifica argumentando que suspender los acuerdos “con efectos inmediatos podría traer graves consecuencias sobre la acción exterior de la Unión y poner en cuestión la seguridad jurídica de los compromisos internacionales asumidos por esta”. El TGJUE era consciente del botón nuclear que estaba a punto de apretar, por lo que ha tratado de curarse en salud con una solución que da la razón jurídica a los saharauis, pero deja de momento la situación tal y como estaba para Marruecos y España.
Estrategia diplomática española
La táctica a desarrollar por el gobierno español tratará de navegar entre dos aguas. Por un lado, intentará convencer a Marruecos de que la sentencia compete únicamente al tribunal europeo y que, debido a la independencia judicial y al principio de separación de poderes, nada puede hacer al respecto, más que apoyar el recurso que, potencialmente, presentaría el Consejo o la Comisión Europea.
A su vez, tratará de que, en el seno del gobierno de coalición en el que Unidas Podemos mantiene una posición prosaharaui, esta cuestión no estalle de nuevo, como ocurrió con la acogida del líder del Frente Polisario Brahim Ghali. En definitiva: nadar y guardar la ropa.
El Frente Polisario no ha tardado ni un segundo en reclamar como suya la “exitosa victoria del pueblo saharaui ante la justicia europea”. Su representante en la Unión Europea, Oubi Bouchara, ha declarado que “Con sus sentencias, el Tribunal recuerda a los líderes europeos que nadie está por encima de las leyes. El respeto por el estado de derecho y el derecho internacional es fundamental para todos porque son la condición para la paz en el mundo. Por lo tanto, pedimos a los líderes europeos que cumplan con las decisiones del Tribunal porque su desconfianza en la justicia europea sigue obstaculizando el proceso de descolonización del Sáhara Occidental.”
La semana pasada, el ministro de Exteriores, José Manual Albares, y su homólogo marroquí, Naser Burita, se comprometieron a mantener una cita en las próximas semanas para retomar y evaluar la actual relación diplomática entre ambos países. Albares, que ayer se encontraba precisamente en Argelia, tendrá que virar su rumbo nuevamente y orientarse hacia Rabat en lugar de Argel para conseguir un triple objetivo: reconstruir la política de buena vecindad con Marruecos, no molestar al Frente Polisario y, a la vez, asegurar los suministros de gas procedentes de Argelia.
Un puzzle nada sencillo de resolver sin pisar callos y sin que retumbe la tierra cada vez que una sentencia recorra la larga distancia diplomática que, a día de hoy, separa a Marruecos de España.
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