La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha regularizado a más de 50.000 falsos autónomos en los últimos tres años, a través de miles de actuaciones que han servido para reportar hasta 295,37 millones de euros a la Seguridad Social en concepto de liquidaciones de cuotas. Según los datos facilitados por el organismo dependiente del departamento que dirige la ministra Yolanda Díaz, este es el balance del trienio de vigencia del Plan Director por un Trabajo Digno (2018-2020), que buscaba un giro cualitativo en la persecución del fraude y la economía irregular, con los trabajadores de plataformas digitales como Glovo o Deliveroo en el foco.
Mientras el Gobierno continúa debatiendo con los agentes sociales la regulación de los repartidores de plataformas digitales para cumplir con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que tumbó el modelo laboral de los conocidos como riders, la Inspección de Trabajo no ceja en la persecución de este fraude. Según el último informe anual del organismo, consultado por La Información, durante el año 2019 se procedió a la regularización de 22.383 falsos autónomos, que se sumaron a los 18.851 regularizados en 2018. En 2020, y pese a las dificultades para acometer las actuaciones provocadas por la pandemia de la Covid, se han aflorado otros 9.277 falsos autónomos. En total, más de 50.500 en tres años, que operaban en un puñado de sectores.
Los datos del último trienio, exceptuando los de este ejercicio excepcionalmente marcado por la crisis sanitaria, suponen en cualquier caso un salto cuantitativo respecto a los años anteriores. Por ejemplo, en 2017 se regularizaron 1.845 autónomos, frente a 1.103 en 2016 y 1.574 en 2015. De este modo, las actuaciones de la Inspección en este ámbito se han multiplicado con el Plan Director (en 2019 se dispararon más de un 43% respecto a 2018 y las regularizaciones crecieron cerca de un 19%) y solo en los tres últimos ejercicios han reportado más de 295 millones de euros a la Seguridad Social en términos de liquidaciones de cuotas.
Así, desde julio de 2018, ya con Pedro Sánchez en el Gobierno, con Magdalena Valerio como titular de Trabajo y el relevo de Díaz en la cartera desde 2020, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha actuado sobre más de 48.000 falsos autónomos en el conjunto del país, "sobre quienes ha procedido a regularizar su situación en el Sistema de Seguridad Social, y exigir a las empresas responsables el cumplimiento de sus obligaciones mediante la emisión de Actas de Liquidación al Régimen General de la Seguridad Social por las cuotas dejadas de ingresar en el momento oportuno", según consta en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al senador socialista Miguel Ángel Heredia, fechada el 18 de diciembre.
En la memoria anual de la Inspección se advierte de que los falsos autónomos constituyen un "fenómeno creciente en el mercado de trabajo". Se les define como "trabajadores autónomos que realmente no disponen de una infraestructura empresarial ni asumen el riesgo y ventura de la actividad desarrollada, sino que en ellos concurren las notas de laboralidad en relación con la empresa que les ha subcontratado para tal fin". Los falsos autónomos se han identificado como una "prioridad" desde la aprobación del Plan Director y en los últimos tiempos las inspecciones se centran especialmente en el ámbito de las plataformas colaborativas, "haciendo frente a todos aquellos encuadramientos indebidos dentro del Sistema, de los que se derivan situaciones de infracotización a la Seguridad Social".
El informe añade que, relacionado directamente con la figura del falso autónomo, "se han detectado ciertos comportamientos consistentes en la utilización de forma fraudulenta de las distintas formas de organización social (cooperativas) para aprovecharse del legítimo derecho de opción que la normativa concede a las mismas, en cuanto al régimen de Seguridad Social aplicable, especialmente en las cooperativas de trabajo asociado". A juicio de los inspectores, estas sirven para "enmascarar verdaderas relaciones laborales con la mercantil que utiliza las citadas cooperativas, dado que no existe una auténtica relación societaria, provocando situaciones de competencia desleal en nuestro mercado de trabajo".
En el marco exclusivo de las plataformas digitales, los resultados de las actuaciones realizadas, tras comprobar la prestación de servicios por cuenta ajena de los repartidores o riders que trabajan para las mismas, arrojan hasta el momento una cifra total de 14.898 altas de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social correspondientes a falsos autónomos, de las que derivan, a su vez, unas liquidaciones por cuotas a la Seguridad Social dejadas de ingresar por importe de 21,5 millones de euros, según indica el Gobierno en otra respuesta escrita al senador Heredia, en la que indica que "actualmente se encuentran en proceso actuaciones de comprobación dentro de todo el territorio español, consecuencia de la labor de fiscalización desarrollada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social".
Atasco en la 'Ley rider'
Sobre el papel, y con la sentencia del Supremo en la mano, parece claro que determinadas plataformas digitales hacen un uso fraudulento del trabajo autónomo. Con esta máxima, los sindicatos exigen al Gobierno que aborde cuanto antes la laboralización de este colectivo. La ministra Díaz aseguró que el Ejecutivo acometería la reforma con rapidez, porque "una persona en bicicleta no es un emprendedor", pero la mesa de diálogo social está abierta desde hace semanas y en estos momentos las negociaciones están atascadas. Todo apunta, en este contexto, a que la urgencia de abordar otros asuntos como la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), temporalmente congelado, postergará aún más la 'Ley rider'.
Precisamente, en la última reunión con el Ministerio de Trabajo, la CEOE pidió trasladar las negociaciones a principios de 2021, coincidiendo con el periodo en el que deberá tratarse una eventual prórroga de los ERTE, ya que el esquema actual caduca el 31 de enero y los empresarios ya han pedido al Gobierno que lo amplíe y mejore las condiciones. Los sindicatos interpretan este movimiento de la patronal como un intento de arrancar esas mejoras en los ERTE y acusan a CEOE de "someterse a la presión de los lobbies de poder que tiene dentro de su organización, que lo único que buscan es huir del derecho del trabajo y sacar amplios beneficios a costa de la explotación de la parte más débil de la cadena de valor, y de generalizar la precarización absoluta del trabajo".
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