El pasado mes de mayo el presidente de Activa Mutua 2008- la entidad en que se consolidó hace más de una década la operativa de cuatro pequeñas mutuas catalanas -, Domingo Bargalló, mantuvo una reunión con un alto cargo de la Conselleria de Empresa y Competitividad de la Generalitat de Cataluña. El motivo del encuentro, celebrado a instancias del Govern catalán, era conocer la situación real de la mutua, inmersa desde hacía ya meses en un más que probable proceso de integración con otra entidad auspiciado desde el Ministerio de Inclusion y Seguridad Social; chequear la posibilidades de continuidad del proyecto por sus propios medios y valorar las diferentes alternativas de integración con otras mutuas del sector que estaban encima de la mesa. El presidente de Activa Mutua informó al Govern de que la entidad había recibido media docena de ofertas y de que, analizadas éstas, todo apuntaba a que el proceso no se sustanciaría con una fusión con una entidad con sede en Cataluña...
La mutua tarraconense, en caída libre desde que un expediente sancionador de la Inspección de Trabajo aireado desde el Ministerio allá por 2019 expusiera ante la opinión pública las vergüenzas de una gestión supuestamente negligente y fraudulenta, había recibido media docena de ofertas de integración por parte de otras entidades, de las cuales solo MC Mutual tenía sede en Cataluña. Ni Mutua Universal ni Asepeyo, las otras dos grandes mutuas catalanas, con una estructura ya suficientemente asentada en el territorio, mostraron interés por la operación. Los requisitos de complementariedad territorial, solvencia y preservación de la plantilla impuestos por la Junta Directiva de Activa Mutua redujeron esa lista a dos candidatos principales: la madrileña Ibermutua, que dos años antes había protagonizado la primera gran fusión sectorial en más de una década al quedarse con Mutua Gallega; y la valenciana, Umivale, ansiosa de posicionarse en el 'juego de tronos' en el que se haya inmerso el sector desde hace un lustro y cuyo objetivo - anunciado en privado a los grandes 'players' del sector por el que fuera secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado -, es la reducción de los operadores de los más de 20 que hay en la actualidad a un núcleo de cinco o seis grandes mutuas.
La competencia entre la madrileña y la valenciana se resolvió el pasado jueves con el apoyo mayoritario de la Junta Directiva de Activa Mutua a la oferta de integración de Umivale, después de un descarnado pulso político al más alto nivel en el que han tomado parte tanto la Generalitat como la Secretaría de Estado de Seguridad Social, según confirman fuentes de varios de los actores implicados en el episodio. La más que probable integración de Activa Mutua en Umivale, que aún tiene que ser validada por los órganos de gobierno de la mutua valenciana y por la Seguridad Social, alumbrará el séptimo gran actor del mercado, junto a las dos grandes (Fremap y Asepeyo) y las otras cuatro entidades que superan el millón de trabajadores protegidos (Ibermutua, Mutua Universal, MC Mutual y Fraternidad). La nueva mutua tendrá una plantilla de 1.500 trabajadores, dará servicio a 118.000 centros de trabajo (localizados en 38 provincias) y a 1,3 millones de trabajadores.
'Choque de trenes' por Activa Mutua
Por tamaño y número de trabajadores protegidos, Activa Mutua estaba llamado a ser uno de los actores que liderara el proceso de consolidación del sector. Pero todo se torció en 2019. Una serie de informaciones periodísticas publicadas en el diario El País a cuenta de un expediente de la Inspección de Trabajo, posteriormente enviado también a la Fiscalía Anticorrupción, en el que se detallaban las prebendas y los gastos supuestamente suntuarios en los que habrían incurrido miembros de la cúpula de la mutua con los recursos transferidos desde la Seguridad Social, dinamitó la reputación de la entidad y precipitó la intervención de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, que primero destituyó a los dirigentes de la mutua y posteriormente situó en su lugar a un hombre de la máxima confianza de Octavio Granado, el que fuera su director general de Ordenacion, Miguel Ángel Díaz Peña, en un movimiento que puso a todo el sector de las mutuas en estado de alerta.
Una parte importante de la Junta Directiva de Activa Mutua sospecha que desde el aterrizaje de Díaz Peña todos los movimientos que se han realizado, - "con la complicidad de Seguridad Social", denuncian- han ido encaminados a debilitar los cimientos de la mutua, impedir que continuara como entidad independiente y prepararla para su venta a otra entidad. Pero no a otra entidad cualquiera, sino a una muy concreta: la madrileña Ibermutua. Varios consejeros de Activa Mutua comparten la percepción extendida en el sector - aunque nunca sustentada en hechos concretos - de que Ibermutua es la 'mutua protegida' del actual equipo de Seguridad Social y la pieza clave sobre la que éste pretende hacer girar el proceso de consolidación del sector.
Otras fuentes sectoriales rechazan de plano ese prejuicio y subrayan que si los últimos movimientos para eventuales fusiones en el sector han tenido como protagonista a Ibermutua es porque es una de las pocas entidades con margen de crecimiento que acredita una situación financiera solvente, en un contexto en el que más de la mitad del sector funciona en números rojos. El asunto es que esa percepción ha generado una corriente interna de rechazo hacia la oferta de Ibermutua en Activa Mutua, alimentada por la situación de 'guerra abierta' con la Seguridad Social en la que ha vivido la mutua tarraconense en los últimos meses por la situación de intervención 'de facto' de la que ha venido siendo objeto.
"Lo único que se ha pretendido en los últimos meses es conseguir que la Junta Directiva de la mutua elija con libertad la oferta que considere más adecuada para Activa Mutua y no la que prefiera la Seguridad Social", señalan fuentes próximas a la Junta de la entidad. Y movimientos ha habido. El pasado mes de abril el diputado de ERC, Jordi Salvador, registró una batería de preguntas al Gobierno a propósito de la situación de Activa Mutua y la situación de intervención 'de facto' por la Seguridad Social a la que se estaba viendo sometida pese a no incumplir los mínimos que establece la normativa de Seguridad Social para avalar una intervención formal, algo que sí ocurrió por ejemplo en el caso de Mutua Gallega.
Fuentes implicadas en el proceso aseguran, además, que la reunión del presidente de Activa Mutua con la Generalitat no fue en balde y que desde entonces se han producido contactos del Govern catalán con el Gobierno de España en relación a este asunto. Fuentes internas no oficiales de Activa Mutua observan que en los dos últimos meses la presión ejercida por la Dirección General de Ordenación Seguridad y por la Inspección de Trabajo en forma de oficios y requirimientos de información ha remitido en parte respecto al ritmo de la primera parte del año. Aseguran también que más allá de la vía política dentro del propio sector ha surgido un movimiento espontáneo para impedir que la fusión de Activa estuviera predeterminada de antemano.
A la espera de que se concrete la operación, la más que probable integración de Activa Mutua y Umivale dejará en 18 el número de actores del sector, muy lejos de esa cifra de media docena que marca la hoja de ruta diseñada en su día por Octavio Granado para el sector. En el sector de las mutuas nadie cree que este proceso de fusiones y absorciones vaya a acabarse aquí.
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