La patronal y los sindicatos abrieron una mesa bipartita para avanzar en la negociación de la jornada laboral antes de conocer la propuesta del Ministerio de Trabajo al detalle, pero tras cinco meses de conversaciones la semana pasada dieron por terminado este intento sin sacar nada en claro. "Se pusieron muchos temas sobre la mesa sin que hubiera ninguna propuesta concreta" apunta una fuente del diálogo social a este medio. "La idea era analizar el impacto sector por sector, pero no se llegó a hacer nada de esto y la cuestión de las horas extra supuso una línea roja" señala otra de las interlocutoras. Ni CCOO ni UGT estaban dispuestos a seguir consumiendo el calendario, por lo que propusieron pasar a la siguiente fase.
Los agentes sociales habían celebrado dos reuniones 'de seguimiento' en la sede de Trabajo y varios encuentros por separado, fuentes sindicales explican que en todos ellos trataron de conseguir una serie de requisitos o condiciones por parte de los empresarios, pero que estos no hicieron referencia a aspectos concretos en ninguno de los encuentros celebrados desde enero. La mesa se centró en abordar todas las cuestiones relativas al tiempo de trabajo (horas extraordinarias, permisos, descansos y distribución irregular de la jornada) sin que las partes fueran capaces de encontrar una decisión en común.
Tanto los empresarios como los sindicatos coinciden en que esto no es una buena noticia, porque entienden que la firma de un acuerdo sería la clave para evitar trabas a la hora de implementar la nueva jornada de 37,5 horas semanales en 2025 -la que supondría un cambio, dado que las 38,5 ya están conseguidas en términos medios en los convenios colectivos-. El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) es una prueba de ello según su criterio, ya que ha marcado los aumentos salariales del último año y ha llevado a negociar con Seguridad Social la colaboración de las mutuas para el tratamiento de las bajas por causa traumatológica.
Sin embargo, esta no parece ser una preocupación para la vicepresidenta segunda del Gobierno y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha afirmado en diferentes ocasiones que aprobará la medida con o sin CEOE. En el mismo sentido se pronunciaba este martes el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, en rueda de prensa: "Si no sale con diálogo social, lo traemos al Congreso de los Diputados". Por ello, ante el callejón sin salida con el que parecen haberse topado los agentes sociales, han decidido convocarles de forma semanal con el objetivo de cerrar un texto antes de agosto.
El Ejecutivo entregará a CEOE, Cepyme, CCOO y UGT su propuesta para llevar a la práctica la nueva jornada laboral máxima antes del lunes, según explicó el 'número dos' de Trabajo este lunes. Joaquín Pérez Rey argumentó que el Ministerio quería respetar los tiempos de los negociadores antes de poner un papel sobre la mesa, a pesar de que las líneas generales de la iniciativa ya eran conocidas por todas las partes y han ejercido de perímetro para la conversación, como denunció Antonio Garamendi. Y si bien se abrió a estudiar compensación en la distribución irregular de la jornada, descartó que se fuera a producir un incremento sobre el límite de 80 horas extraordinarias al año.
La propuesta del equipo de Díaz también recogerá la reforma del registro de la jornada de trabajo, la norma que fue implementada en 2019 y que no ha conseguido reducir el porcentaje de horas extraordinarias no remuneradas. El Gobierno y los sindicatos creen oportuno mejorar su redacción para conseguir que se haga un control efectivo de los horarios de entrada y salida de los trabajadores, reforzar las sanciones que puede imponer la Inspección de Trabajo por su incumplimiento y obligar a que se haga por medios digitales para facilitar el acceso en tiempo real de los inspectores por medios telemáticos.
Los planes del Ejecutivo pasan por acordar un texto -al menos con los sindicatos- antes de que Las Cortes pongan fin al periodo de sesiones por el descanso estival, algo que parece difícil dado que tendrían apenas una semana de margen. Si no, todas las partes dan por hecho que el texto no llegaría a las cámaras hasta septiembre, lo que impediría de facto que la reducción de la jornada laboral entrase en vigor este 2024 como quedó recogido en el acuerdo de coalición suscrito por PSOE y Sumar. O en el caso de que se opte por tramitarlo como real decreto-ley, que se aplicase solo en las últimas semanas.
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