La próxima Agencia Estatal de Inspección de la Cadena Alimentaria (AICA), conocida aún como Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), saldrá muy reforzada en términos de recursos humanos y financieros cuando se apruebe el Proyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que se tramita en la actualidad en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados. Todo ello, a través de tres enmiendas presentadas por el Partido Socialista, que añadirán una disposición final a esta futura norma por la que se aprovechará para retocar la vigente Ley de la Cadena Alimentaria (Ley 12/2013), estableciendo entre los recursos económicos de la nueva AICA las sanciones o multas que interponga a los diferentes operadores de la cadena alimentaria (productores, mayoristas, distribución minorista...).
¿Cómo? Una de las enmiendas socialistas presentadas introducirá en la futura Ley de Desperdicio Alimentario una disposición final, por la que se modificará la Ley de la Cadena Alimentaria en lo referente a la AICA. En concreto en su punto 13, el texto enumera "los recursos económicos de la AICA" que abarcan desde las "transferencias consignadas en los Presupuestos Generales del Estado" y los "ingresos propios" derivados de sus actividades, hasta las aportaciones de fondos europeos. En el penúltimo apartado, la enmienda especifica que también se encontrarán entre sus recursos económicos "los ingresos procedentes de las sanciones pecuniarias, recargos u otros de naturaleza análoga que se impongan por sanciones tipificadas con arreglo a esta ley o la ley 30/2022, de 23 de diciembre". Eso sí, siempre que sea "competente" para instruir el expediente sancionador. Hay que tener en cuenta, que parte de la actividad sancionadora está transferida a algunos organismos autonómicos.
Esto quiere decir que la nueva AICA se financiará del dinero procedente de las multas que fije y de algunas sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de preceptos de la Política Agraria Común (PAC). Pero, ¿esto cuánto puede representar? Pues bien, el último 'Informe de Actividad' correspondiente a 2023 de la todavía Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) estimaba que este organismo acumulaba desde su creación hace una década, 3.708 sanciones impuestas por un montante total de 15,7 millones de euros. Solo el año pasado interpuso 382 multas, un 40,4% más que el año anterior, aunque el máximo importe interpuesto fue ligeramente superior a los 8.000 euros, según lo datos consultados en la web del organismo por 'La Información'.
Las organizaciones agrarias piden más inspecciones
Desde organizaciones como Asaja, su director general Juan José Álvarez, recordaba a este medio que el refuerzo de la AICA ya se encontraba incluido dentro del famoso paquete de 43 medidas propuestas por el ministro de Agricultura Luis Planas a las organizaciones agrarias. Un documento que dividió en dos bloques a los representantes del campo y que firmaron UPA y Unión de Uniones. Álvarez (Asaja) se muestra favorable a la existencia de una agencia estatal "si esto sirve para que haya mayor actividad sancionadora y más inspectores" y critica que este año no haya habido ninguna sanción por ventas a pérdida en el último ejercicio.
Para el representante de Asaja, este organismo tiene sentido si refuerza a la cadena alimentaria, aunque teme que esto sea "una patada para arriba". De ahí que critique que la actual Ley de la Cadena "no nos vale" y lamente que el primer eslabón siga siendo el más perjudicado. "Espero que no jueguen más con nosotros y vigilen los precios y costes", concluye. Fuentes de UPA insisten en que la Ley de la Cadena Alimentaria se despliegue en toda su intensidad y apoyan que se eleve a categoría de Agencia Estatal, a la altura de la Agencia Tributaria.
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