La cuestión de la vivienda en Cataluña se ha convertido en un tema central del debate político no solo a lo largo de todo el desarrollo de la campaña electoral para las elecciones que tendrán lugar el próximo domingo día 12, sino que ha sido una cuestión de preocupación pública desde hace meses debido a la alarmante situación a la que se enfrenta este sector. En toda España se está produciendo una subida de los precios en los alquileres y ventas de viviendas, pero es especialmente en Cataluña y Barcelona es dónde esta situación se está haciendo más insostenible.
El valor medio del metro cuadrado de alquiler en la ciudad condal se situó en los 16,10 euros a finales del 2023, una subida de más de un euro y medio respecto al año anterior, cuando marcó 14,54 euros/m2, esto se traduce en el que el precio del arrendamiento medio en Barcelona fue de 1.136,4 euros, por encima de los 1026,86 del 2022 según los datos del Institut Català del Sòl (INCASÒL).
Respecto a los datos de compraventa, el número total de operaciones tanto de edificios de nueva construcción como de segunda mano registrados en el 2023 en la ciudad de Barcelona fue de 14.899 una leve caída respecto al 2022 cuando se registraron 16.029 operaciones. El precio sin embargo se mantuvo bastante constante entre los dos periodos, en el 2023 alcanzó un 4.370,96 euros/m2 y de 4.380,37 euros/m2 el anterior. Un dato que destaca es que respecto al total de 14.899 operaciones de compraventa del 2023 solamente 1.263 eran de nueva construcción, una correlación que se repite en el 2022 y otros periodos anteriores.
Disputa institucional
El conflicto con la vivienda se ha convertido en un enfrentamiento entre el Govern de la Generalitat y Moncloa. El índice de referencia del precio del alquiler del Ejecutivo español, que entró en vigor el día 15 de marzo, pretende limitar la subida de precios, especialmente en las zonas declaradas como tensionadas. Cataluña es actualmente en la única comunidad autónoma que ha solicitado la aplicación de esta medida, pidiendo sin embargo que se añadiese el propio índice para el tope del alquiler que la Generalitat había elaborado. Ante la falta de iniciativa del Gobierno estatal han decido presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para forzar la colaboración entre las instituciones.
Distintos y opuestos caminos a seguir
De cara al nuevo ciclo de gobernanza que se abrirá a partir del día 12, las medidas planteadas por los partidos políticos en sus diferentes programas electorales defienden, en primer lugar, la financiación a la construcción de un nuevo parqué centrado especialmente en las viviendas de protección oficial y asequibles. Para lo que el PSOE pretende destinar unos 500 millones y Esquerra 1.000 millones anuales. Junts y el PP se plantean medidas de bonificación de impuestos a las transacciones patrimoniales, a lo que suman la implantación de avales a la compra de vivienda para la población más joven, sector en el inciden casi todas las propuestas en este terreno al encontrarse especialmente afectado.
La aplicación final del índice catalán a la ley no supondría un cambio muy sustancial en la ley según Jaime Palomera, director del Área de Vivienda y Ciudad del Institut de Recerca Urbana de Catalunya (IDRA), ya que en diferentes estudios que han realizado los resultados aplicando uno u otro indicador no variaban significativamente. Sin embargo, destaca que es difícil hacer una valoración real del impacto de la normativa debido a su corto periodo de vigencia. Añade además, que los pasos del nuevo Govern estarán condicionados por el Ejecutivo central, al marcar este la cuantía de la financiación a la vivienda.
Para Marc Torrent, director general de la Associació de Promotors de Catalunya, la regulación las intervenciones de este tipo al mercado alquileres ha tenido un triple efecto negativo, por un lado una reducción de la oferta, un deterioro del estado de los apartamentos al no poder alquilar al precio de mercado y, por último y más importante un desincentivo en el mercado de la vivienda en Cataluña. Según Torrent la oferta de vivienda catalana debería alcanzas las 25.000 viviendas nuevas anuales, frente a las 15.000 que se registran actualmente. Para solucionarlo aboga por medidas de colaboración público-privada como la cesión a largo plazo de derechos del suelo a agentes que se encarguen de la edificación y la gestión del alquiler.
Señala además que una gran parte de los jóvenes no son capaces de llegar al ahorro previo para poder adquirir una vivienda, el cual ronda un 20% del valor del activo al que se suman un 11%-12% en gastos fiscales y administrativos. Un aval público que facilite dar ese paso puede tener consecuencias muy positivas no solo con al convertirlos en propietarios y el ahorro futuro que eso supone sino también a la hora de suavizar la demanda del mercado del alquiler. Jaime Palomera se opone a esta visión sirviéndose del ejemplo de Inglaterra donde se lleva aplicando la política de avales durante diez años sin obtener frutos, algo que justifica en la falta de un sistema público fuerte que sea capaz de generar un ahorro básico entre los jóvenes, propone que esos avales vayan destinados a empresas enfocadas solamente en la construcción de vivienda protegida.
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