Uno de los planes estratégicos que forman parte del Plan de Recuperación es la creación de un programa de contratación temporal para jóvenes en las Administraciones Públicas. El Gobierno coordinará este proyecto junto al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Política Territorial y Función pública. El objetivo es proporcionarles una primera experiencia laboral dentro del sector público que les ayude a despegar su trayectoria profesional.
La crisis financiera y sanitaria ha impactado notablemente en el sector más joven de la población, dejando altas tasas de paro. Actualmente hay un 35% de desempleo entre los menores de 25 años, pero en agosto de 2020 llegó a alcanzar el 42%.
El Gobierno apunta que este sector deberá recibir una "atención preferente" por lo que destinarán 330 millones de euros de los fondos europeos a este tipo de contratos. Se repartirán progresivamente a lo largo de los próximos tres años: 160 millones de euros en 2021, 110 millones en 2022 y 60 en 2023.
Duración del contrato y sueldo
El primer aspecto es que solo se contratará a jóvenes entre 16 y 29 años que se encuentren en situación de desempleo. Que hayan terminado su etapa formativa y quieran acceder a un primer contrato de trabajo.
Cualquier administración pública u otros organismos similares podrán crear contratos temporales con una duración de entre 10 y 12 meses. De este modo, los empleados podrán adquirir competencias y habilidades socioprofesionales.
Además, estarán remunerados con un salario mínimo de 18.000 euros brutos anuales, así como otros seguros sociales añadidos. Por otro lado, el SEPE sufragará gastos de tutorización, de hasta 215 euros mensuales, en los primeros tres meses de contrato.
Otros beneficios
Este trabajo será considerado como efectivo para el SEPE y los contratados podrán disponer de un orientador personal que resuelva sus principales dudas acerca del mercado laboral.
Por otro lado, las tareas de los puestos se orientarán al desarrollo de competencias laborales y digitales como la digitalización, la atención de la dependencia o intervención con colectivos vulnerables y la rehabilitación de entornos o vivienda.
También se priorizarán los empleos verdes enfocados a la transición ecológica y aquellos programas que busquen fomentar el desarrollo rural o aborden el reto demográfico.
Para agilizar el proceso, las convocatorias para los procesos de selección se publicarán antes del 31 de diciembre de 2021. Asimismo, se reforzarán las medidas para luchar contra el abuso y fraude de la temporalidad y se estudiarán nuevas herramientas de planificación para recursos humanos.
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