La creación de los planes de empleo simplificados fue la gran apuesta del extitular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tras reformar el sistema público de pensiones. Se trata de un vehículo de ahorro privado pero colectivo que buscaba reducir las trabas y acortar los tiempos respecto al modelo vigente desde 2005, dado que hasta entonces solo las grandes compañías los habían impulsado. La nueva fórmula fija que estos se desarrollen en el ámbito de la negociación colectiva, aunque por el momento el sector de la construcción es el único que ha tomado la iniciativa y ha reunido en cuatro meses a más de 50.000 empresas.
Los planes del Gobierno pasan por reforzar este segundo pilar, por lo que sigue de cerca la evolución del capital gestionado y los trabajadores que se adhieren a estos planes. En este contexto, el departamento que dirige Elma Saiz mantuvo un encuentro la semana pasada en Madrid en el que se citaron algunos representantes de la OCDE y la Comisión Europea que dieron a España algunas recomendaciones para propiciar que crezca su ritmo de despliegue. La organización internacional aconsejó que se apueste por la inscripción automática por defecto de los trabajadores que estén cubiertos por este acuerdo, pese a que genera dudas legales.
Según ha podido saber La Información, los representantes de la OCDE se decantaron por esta fórmula automática que guardaría mecanismos de renuncia para los trabajadores que expresaran no querer formar parte de los planes en defecto de adhesiones o aportaciones obligatorias, como las que operan en otros países. No obstante, fuentes próximas al Ministerio expresan dudas del encaje legal que podría tener este recurso, puesto que el artículo 41 de la Constitución española establece que "la asistencia y las prestaciones complementarias serán libres", a pesar de que este modelo dejase abierta la puerta para el empleado que rechace este beneficio.
Esta es una consigna que la organización ya ha emitido en diferentes ocasiones, al entender que es clave que se pueda atraer a los trabajadores desde el inicio de su carrera profesional, dado que los años de aportación determinarán la cuantía con la que podrán complementar su pensión pública, pero que reaviva el debate cuando más sectores económicos están valorando replicar el convenio de la construcción. Precisamente, los agentes sociales son otro de los puntos en los que la OCDE puso el foco por tener un papel fundamental en la promoción de sus ventajas entre los trabajadores.
Caser, una de las gestoras de tres de los quince vehículos de promoción pública, realizó una encuesta en junio de 2022 en la que señalaron que solo uno de cada cuatro autónomos habían oído hablar de los planes de empleo y en septiembre de 2023, el 70% de los colegios profesionales dieron la misma respuesta, pese a ser uno de los actores favoritos para ofrecerlos a los trabajadores por cuenta propia o de pequeñas empresas. La promoción parece, por tanto, la principal asignatura pendiente como admiten algunas de las compañías que llevan más de una década o dos ofreciendo planes de pensiones o seguros de ahorro para la pensión. Así como la aportación de la empresa, que es clave para que los empleados se sumen.
Desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también proponen que se pongan en marcha más incentivos financieros para propiciar el interés de los trabajadores. Durante la pasada legislatura el Gobierno elevó el límite de las aportaciones a los planes de empleo que se pueden deducir en la declaración de la renta hasta los 8.5000 euros, en cambio, rebajó a 1.500 euros la aportación máxima que podía disfrutar de este beneficio en el caso de los planes individuales (fijada en 8.000 euros antes de 2020). Al tiempo que se estableció un límite de 10.000 euros para los dos modelos juntos y del 30% de los rendimientos del trabajo.
Asimismo, recomiendan que se ponga más énfasis en divulgar el coste fiscal que tiene tanto para empleadores como para asalariados, puesto que todos se verían beneficiados. Si una empresa tiene un trabajador con un salario de 25.000 euros anuales del que destina 1.000 euros a hacer aportaciones a un plan de empleo simplificado, se ahorra 100 euros en Impuesto de Sociedades y 236 euros en cuotas a la Seguridad Social. Mientras que el empleado dejaría de pagar impuestos por el salario al que renuncia en el presente para cobrarlo en el futuro, como también sucede si opta por un seguro de ahorro en concepto de retribución flexible.
El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, reconoció en un encuentro celebrado en marzo que "los avances van más despacio de los que nos gustaría, como es lógico en este tipo de reformas, pero estamos dando pasos y las señales que se reciben pon positivas", si bien sugirió que el Gobierno confía en que se produzcan avances cuando más sectores decidan seguir el ejemplo de la construcción y desarrollen los planes desde el ámbito de las administraciones públicas, además de la posibilidad de que se recuperen las aportaciones de los funcionarios.
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