El Gobierno se ha marcado el objetivo de reducir la jornada laboral a 37,5 horas a la semana en 2025 y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere cerrar la materia antes del verano -sea o no con el apoyo de los empresarios-. La patronal mantiene abierta una negociación a dos bandas desde el mes de enero, en la que tratan de avanzar en algunas cuestiones prácticas con los sindicatos a la par que estudian las propuestas del Ejecutivo para poner en marcha un nuevo sistema de control de la jornada. Y tras varias semanas en las que ambas partes han expresado urgencia por cerrar un pacto, Cepyme ha pisado el freno y puesto sobre la mesa los datos de absentismo como una variable clave para esta conversación.
En el último trimestre de 2023, no se trabajaron un 5% de las horas pactadas al mes y por trabajador debido a bajas por incapacidad temporal, según la Encuesta de Coste Trimestral que elabora el INE. Este porcentaje es ligeramente superior al registrado en el mismo periodo de los cuatro ejercicios anteriores, lo que ha llevado a algunos expertos y a los representantes de los empresarios a alertar de un proceso que se ha traducido en un alza de los costes para las compañías y también, la Seguridad Social. Estos registros solo recogen parte de las ausencias al trabajo, ya que dejando de lado las vacaciones y otros descansos, hay al menos otro 1% de horas que no se cubren por faltas justificadas y no justificadas, de acuerdo con los análisis de Randstad Research.
El presidente de la patronal de las pymes y vicepresidente de CEOE, Gerardo Cuerva, ha recriminado este viernes a Díaz que no tenga en cuenta estos datos a la hora de negociar la reducción de jornada laboral que recoge el acuerdo de coalición. Para el líder de la pequeña y la mediana empresa, se trata de una "promesa cortoplacista y populista" que el Ejecutivo intenta imponer al margen de la "realidad", por lo que ha reclamado más rigor a la hora de abordar esta conversación. Los empresarios no se oponen a que se dé una reducción progresiva de la jornada laboral, pero entienden que debe hacerse en la negociación colectiva a través de acuerdos con los empleados y no mediante una ley que no valora las diferencias entre sectores económicos.
En esta línea, tampoco entienden que se quiera instaurar un nuevo mecanismo para 'fichar' las horas de entrada y salida del puesto de trabajo, ya que valoran que ignora las nuevas formas de organización de trabajo. Precisamente, este es el aspecto que más está dificultando que los representantes de los empresarios y los trabajadores puedan acercar posturas en la negociación bilateral, como publicó La Información. El Ministerio de Trabajo quiere modificar la norma aprobada en 2019 y el Estatuto de los Trabajadores a la vez, pero mientras la jornada de 37,5 horas está conseguida de media en los convenios colectivos, las posturas respecto al control horario están muy distanciadas.
Para CCOO y UGT es fundamental que se refuerce porque en paralelo a la evolución del absentismo, también ha crecido el número de horas extra realizadas por cada trabajador al mes. Entre enero y marzo se hicieron de media seis millones de horas extraordinarias a la semana, según la Encuesta de Población Activa (EPA) y el 40% de ellas no habían sido remuneradas. Los representantes de los trabajadores y el equipo de Díaz consideran que muchas de ellas escapan a los controles de la Inspección de Trabajo, que carece de los medios para hacer un examen efectivo de cada caso, por ello, el Gobierno ha planteado que todo el registro horario sea digital con acceso en remoto para el organismo, lo que tiene que concretarse en la negociación en curso.
La cuestión de las bajas laborales toca directamente con otra de las mesas abiertas, en este caso con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz. El Gobierno conversa con la patronal y los sindicatos para cambiar la jubilación parcial, los coeficientes de reducción para acceder a la jubilación anticipada y valorar la colaboración de las mutuas para tratar las bajas por causas traumatológicas que los agentes sociales incluyeron hace un año en el V AENC, el acuerdo marco para la negociación colectiva del resto del país. El último punto es de especial interés para los empresarios, mientras que los sindicatos han advertido que solo firmarán un acuerdo que dé una respuesta satisfactoria a los tres frentes.
Según explicaba este jueves el vicepresidente de Cepyme, Ángel Nicolás, los casos de incapacidad temporal por contingencias comunes crecieron un 42% entre el 2018 y el 2023, al tiempo que las que responden a accidentes de trabajo lo hicieron un 19%. Desde la patronal apuntan a la saturación de la sanidad y las largas listas de espera y la extensión de los permisos de maternidad y paternidad como principales causas, mientras que niegan que el envejecimiento de la población esté siendo a día de hoy un problema, dado que el incremento se concentra en los trabajadores hasta 45 años. Y el vicepresidente de la asociación de mutuas AMAT, Luis Miguel García, ha cifrado en 2.600 millones de euros el ahorro que podría reportar al sistema público y a las empresas la colaboración planteada en la mesa de negociación.
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