Los partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados consiguieron el pasado noviembre sacar adelante -tras cuatro años de negociaciones- el texto con las recomendaciones del Pacto de Toledo para reformar las pensiones, un documento que servirá de guía durante 2021 para incluir numerosos cambios en el sistema actual, deficitario e insostenible con el actual ratio cotizante-pensionista y que deberá enfrentarse a corto plazo con un aluvión de nuevos pensionistas con prestaciones más elevadas que las de ahora.
A partir de la base fijada por los partidos, el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones, José Luis Escrivá, trabaja a marchas forzadas para sacar adelante una norma que contente a Bruselas -que ha condicionado los fondos de la recuperación a una reforma creíble y sostenible-, mientras los pensionistas y jubilados, que en su mayoría viven con apenas 600 euros al mes, siguen atentos la dirección que tomará, conscientes de que serán necesarios recortes para acabar con el déficit, pero que también que se deberá tomar en cuenta algunas de sus reivindicaciones.
Hace apenas una semana, varios centenares de pensionistas y jubilados, adscritos Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, se manifestaban ante el Congreso para protestar por lo acordado en el Pacto de Toledo. Su principal reivindicación tenía que ver con el incremento de las pensiones más bajas, hasta convertirlas en "dignas", tomando como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Es una vieja demanda, que solo dos formaciones, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, defendieron en el Congreso, donde plantearon la necesidad de que la pensión mínima evolucione como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La idea es referenciar las pensiones mínimas al 90% del SMI... de momento.
Pero el objetivo de las dos formaciones de izquierda y de millones de pensionistas no parece ni mucho menos factible a medio plazo. La brecha entre el SMI y las prestaciones mínimas de jubilación es profunda y cada año aumenta debido a las tímidas subidas de las pensiones, que se pretenden vincular al Índice de Precios al Consumo (IPC) real, pero que durante años se han incrementado incluso por debajo.
En la última década, el SMI ha pasado de apenas 674 euros a los 950 mensuales en 14 pagas actuales, un aumento del 41%, incluso sin subida en 2021, que esta pendiente de un acuerdo patronales y sindicatos -que comparten posturas muy diferentes- y de un cambio de postura del Gobierno, que aboga porque el incremento se produzca cuando pase la pandemia.
Mientras, la pensión mínima -que se fija cada año por ley- apenas ha subido un 15%. La que se paga los jubilados sin cargas era en 2010 de 601 euros y en 2021 apenas supone 689 euros, un 14,6% más. En cuanto a la que se abona a los trabajadores retirados con cónyuge no a cargo ha evolucionado de los 563 euros de hace diez años a los 654 actuales, un 16,6%.
Más de 2,54 millones de jubilados, de un total de 6,13 millones, perciben una prestación inferior a 650 euros, incluso habiendo cotizado durante años a la Seguridad Social. Por su parte, algo más de un millón reciben una renta que no supera los 650 euros.
Según los datos de diciembre, el 57% de los pensionistas cobran menos de 950 euros. Pero, además, la pensión más común en España es muy inferior a ese SMI. El tramo más habitual de las pensiones es el de 650 a 750 euros mensuales. Cerca del 12% de los pensionistas cobran eso cada mes. Son pensiones que acercan a esas personas, la mayoría mujeres, al umbral de la pobreza extrema, destaca Unión Sindical Obrera.
Son las mujeres, con carreras discontinuas y menores salarios, y los autónomos, que en buena medida cotizan por el mínimo, los que se sitúan en el escalón más bajo a la hora de recibir su prestación y los, que en muchas ocasiones, se ven obligados a alargar su carrera laboral.
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