España ha evitado entrar de nuevo en el procedimiento de déficit excesivo del que salió hace cinco años, pese a que el pasado ejercicio superó el límite de déficit del 3% exigido por Bruselas. A la hora de tomar esta decisión, la Comisión Europea ha tenido en cuenta sus propias previsiones económicas, que sitúan al país con un desequilibrio del 3% al cierre del presente ejercicio, así como las del Gobierno y la senda de ajuste que el país ha venido acometiendo desde la pandemia cuando, al igual que el resto de socios, tiró de gasto y de deuda pública para hacer frente a un choque sin precedentes.
Pese a que las proyecciones del Ejecutivo apuntan a que la ratio de deuda pública se situará en el 105,5% del PIB este año, el plan de ajuste a medio plazo que empezará a negociar próximamente con las autoridades comunitarias salvará, en principio, a España de entrar de nuevo en el procedimiento sancionador, según confirman fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Esta previsión de reducir el endeudamiento al 105,5% se hizo para un cálculo de PIB del 2%, por lo que no tiene en cuenta la revisión al alza del crecimiento económico que el departamento que encabeza Carlos Cuerpo tiene previsto anunciar a lo largo de las próximas semanas, a raíz de la cascada de mejoras que han publicado organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de España (BdE) o la propia Comisión Europea.
El Gobierno tiene de plazo hasta el 20 de septiembre para remitir a las autoridades comunitarias su ‘hoja de ruta’ a medio plazo detallando cuáles son sus objetivos de gasto, las inversiones que prevé hacer y las reformas estructurales que irá aplicando. El Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Comisión Europea negociarán en las próximas semanas a nivel técnico la orientación de estas políticas para poder ceñirse a la regla de gasto. Las nuevas reglas fiscales fijan que el aumento del gasto primario neto no puede exceder el 2,6% y en el caso español el aumento previsto será del 3,8% este año.
Con el nuevo marco, que entró en vigor el pasado 30 de abril, los países con una deuda superior al 90% de su PIB estarán obligados a reducirla en un punto porcentual por ejercicio (este es el caso de España, que despidió 2023 con una ratio de endeudamiento sobre PIB del 107,7%). En aquellos cuyo pasivo se sitúe entre el 60 y el 90% el recorte deberá ser de 0,5 puntos por ejercicio.
Una década completa de ajustes
El 14 de junio de 2019 España salió oficialmente del procedimiento de déficit excesivo (el conocido como ‘brazo correctivo’ de Bruselas) después de una década de ajustes para hacer frente a los desequilibrios generados por la crisis financiera y de deuda soberana y por el estallido de la ‘burbuja inmobiliaria’. Lo hizo gracias a que el agujero de sus cuentas había despedido 2018 en el 2,5% del PIB. No fue fácil y, de hecho, el Gobierno tuvo que pedir varias prórrogas para poder ceñirse a los objetivos que le iba imponiendo la Comisión Europea –primero hasta 2014, después hasta 2016 y más tarde hasta 2018-.
En 2016 el Ejecutivo comunitario llegó a amenazar con multar a España (la sanción ascendía a unos 2.000 millones de euros) y con congelarle los fondos europeos. No lo hizo con el argumento de que esto podría haber comprometido la recuperación de la economía nacional. En 2019 España salió del brazo correctivo, pero se mantuvo en el preventivo y, por tanto, bajo la vigilancia atenta de la Comisión.
Este miércoles, en su 'Paquete de Primavera', la Comisión anunció también que sacaba a la economía española de la lista de países con desequilibrios macroeconómicos, donde permanecía desde el año 2012, en plena crisis de deuda soberana. Esto ha sido posible debido al fuerte proceso de desapalancamiento que se ha producido en el caso de los hogares y de las empresas y, también, a la reducción de la tasa de paro. Esta última, con todo, seguía situándose en el 12,29% a cierre del primer trimestre, cuando la del conjunto de la Eurozona está prácticamente a la mitad, en el 6,4%.
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