El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene abierta desde enero una negociación con los agentes sociales para abordar, entre otros temas, el acceso anticipado a la jubilación en actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres. La patronal, los sindicatos y el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones se reúnen cada dos semanas, pero avanzan despacio, dada la complejidad técnica de la conversación. La idea es establecer indicadores generales, pero varios sectores urgen a que se atienda su situación y el Partido Popular ha visto una oportunidad de azuzar este debate a través del Senado, con una proposición de ley.
La Cámara Alta votará este martes la toma en consideración del texto en el que los 'populares' abogan por calificar el trabajo de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera como "de riesgo" para que puedan jubilarse de forma anticipada. Este cambio permitiría que se les aplicase un coeficiente del 0,2 por cada año completo que hayan trabajado en el cuerpo, con la condición de que el retiro debe producirse tras cumplir los 60 años. Con esta iniciativa, el PP quiere igualar sus condiciones a las que ya tiene la Ertzaintza, la Policía Local, los Mossos d'Escuadra y la Policía Foral de Navarra.
La medida se concretaría en una reforma de la Ley General de Seguridad Social de 2015 que se solventaría con la introducción de una disposición adicional en la que también se incluiría un tipo de cotización adicional sobre las bases de contingencias comunes de empresa y trabajador para paliar parte del aumento del gasto. Lo que tampoco supone una novedad respecto al resto de grupos profesionales que se benefician de esta vía. Si bien, el partido de Alberto Núñez Feijóo no adelanta cuál sería el coste económico de esta reforma, ya que asegura que "carece de los datos o herramientas precisos para realizar dicha estimación".
La situación de los profesionales de estos cuerpos también está en el foco de los sindicatos, como han expresado en diferentes ocasiones al inicio de la negociación. Tanto CCOO como UGT consideran que es inexplicable que personas que desempeñan trabajos muy similares puedan retirarse antes de la edad legal de jubilación o no en función de cuál sea el cuerpo en el que han desarrollado su carrera profesional. Sobre todo por ser el Régimen de Clases Pasivas en el que, a diferencia de los trabajadores del sector privado, el importe de la pensión no se reduce por adelantar la jubilación si ya se han reunido 30 años de servicio al sector público.
No obstante, los actores representados en la citada mesa de negociación han decidido establecer criterios objetivos a partir de los cuales poder determinar qué actividades y en concreto, qué ocupaciones, tienen que tener reconocido este derecho por contar con condiciones de trabajo excepcionalmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres. Aunque eso no ha evitado que haya grupos parlamentarios que hayan apremiado al Gobierno a revisar las condiciones de los conductores profesionales, por ejemplo. ERC planteó una propuesta en la Comisión de Transportes del Congreso que recibió el apoyo de los dos partidos del Gobierno, a pesar de que la tesis defendida por la ministra socialista en la mesa es otra.
También llamó la atención a los negociadores que la titular de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunciase en marzo que el Ejecutivo extendía a los bomberos forestales las condiciones de las que ya gozan el resto de bomberos para acceder a la jubilación anticipada, las mismas de las que disfrutarían los miembros de la Policía Nacional o la Guardia Civil si prospera la iniciativa de los 'populares' con un coeficiente reductor del 0,2. Mientras que Podemos, también decidió unirse al debate hace unas semanas al proponer que se elimine la penalización para los que adelanten la jubilación, pero cuenten con carreras de cotización de 40 o más años.
Negociación interrumpida por la cotización de becas
El Gobierno decidió hace tres semanas poner en pausa la mesa en la que se abordaban los coeficientes de reducción de la edad de acceso, así como la jubilación parcial y la colaboración de las mutuas para tratar las bajas por causa traumatológica. Lo hizo en respuesta a la fuerte reacción que había suscitado entre la comunidad universitaria y también el rechazo de los sindicatos a la orden publicada por Seguridad Social por la que se creaba el convenio para 'comprar' tiempo cotizado para las personas que hubieran realizado prácticas no remuneradas antes de enero de 2024 o con contraprestación económica antes de 2011.
El pasado lunes 27 las partes alcanzaron un preacuerdo para anular la orden que ya ha entrado en vigor y publicar otra que reduzca el precio de esta 'recuperación', amplíe el plazo para abonarlo y los años a sumar. De forma que la idea es que el departamento de Saiz vuelva a citar a UGT, CCOO y CEOE el próximo lunes para cerrar los flecos pendientes y puede que recuperar la conversación sobre la jubilación. La negociación se estancó con una propuesta de jubilación parcial que no convenció a los representantes de los trabajadores y la negativa a reconocer la edad como un factor de riesgo para determinadas profesiones, como contó este medio.
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