La declaración voluntaria que el rey emérito, Juan Carlos I, ha presentado ante la Agencia Tributaria para regularizar fiscalmente las operaciones realizadas entre 2016 y 2018 a través de varias tarjetas bancarias con fondos opacos de un empresario mexicano, según la información publicada este domingo por el diario El País, es muy probable que le exima de cualquier requerimiento de la Inspección de Tributos sobre el asunto y también de las eventuales responsabilidades penales que se pudieran desprender en el caso de que las cuotas defraudadas por los movimientos realizados con esas tarjetas superaran los 120.000 euros, pero por el contrario va a dejar a la Administración Tributaria española en una posición en la que no le va a quedar otro remedio que abrir una inspección. Ésa, al menos, es la opinión de los cinco expertos fiscales - inspectores de Hacienda, exaltos cargo ministeriales y asesores - consultados por La Información, que coinciden en que con una regularización voluntaria encima de la mesa e indicios sobre la existencia de bienes en el extranjero no declarados al Fisco se entendería mal que la Agencia Tributaria no abriera una investigación al rey emérito.
"Cualquier contribuyente sobre el que se hubiera publicado la mitad de lo que se ha dicho sobre Don Juan Carlos tendría ya requerimientos encima de la mesa", asegura un inspector de Hacienda con treinta años de trayectoria en el cuerpo. Las fuentes consultadas entienden la cautela con que la Administración Tributaria se ha desempeñado en estos meses, pero subrayan que una regularización voluntaria es la asunción tácita de una irregularidad y que una vez en ese contexto el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria tiene difícil no intervenir. "Que haya ocurrido esta vez (la regularización voluntaria) después de todo lo que se ha publicado en los últimos meses puede tener explicación porque no es fácil documentar este tipo de irregularidades y porque por el personaje de que se trata es un caso en el que no se puede actuar sin un base clara. Pero se entendería mal si vuelve a suceder y no ha habido actuación alguna por parte de la Agencia", argumenta un asesor fiscal con experiencia en el Ministerio de Hacienda.
Precisamente por esto la mayoría de las fuentes consultadas, que prefieren hablar desde el anonimato en este asunto, aseguran no entender la decisión del emérito. Cuestionan tanto el fondo como la forma. Sostienen de forma casi unánime que en la situación en que está el monarca la decisión más razonable hubiera sido realizar una regularización total de su situación fiscal, no sólo parcial como parece ser ésta ya que alcanza a su operativa opaca con tarjetas bancarias - ya bajo investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo -, pero no a los presuntos bienes que Don Juan Carlos estaría ocultando en el extranjero según la declaración realizada ante la Justicia suiza por Corinna Larsen. Sostienen que de este modo el Rey se cierra la puerta a cualquier regularización voluntaria de otros bienes.
Uno de los inspectores consultados avanza una posible explicación a la estrategia del monarca. Explica que las actuaciones contra el rey emérito están condicionadas por un problema jurídico aún no resuelto, el alcance de la inviolabilidad de la figura de Don Juan Carlos. Según ese relato, la declaración voluntaria asumiría el escenario de que el emérito fue inviolable hasta su abdicación, en el año 2014, y por tanto no habría regularización alguna que hacer por el patrimonio obtenido antes de esa fecha sino únicamente por las operaciones realizadas con posterioridad a esa fecha.
La misma maniobra que usó Juan Carlos Monedero
La regularización voluntaria es una vía que prevé la normativa tributaria y que permite a los contribuyentes regularizar su situación fiscal sin penalización en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales. Hacerlo de este modo exime al contribuyente de las sanciones previstas por el impago de impuestos y también de las eventuales responsabilidades penales que se pudieran desprender de la magnitud del fraude. La única penalización para el contribuyente son los recargos y los intereses de demora. Desde el año 2012, además, la regularización voluntaria libera también a los contribuyentes de cualquier investigación ulterior sobre el origen de los fondos regularizados, según la disposición que aprobó el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro para estimular a los españoles con bienes ocultos a acogerse a la controvertida amnistía fiscal. La maniobra se realizó para dispersar los temores de determinados contribuyentes que temían que la amnistía fiscal les liberara de responsabilidades sobre el fraude fiscal cometido, pero abriera un hilo para investigarles por otros delitos como el blanqueo de capitales....
Las fuentes consultadas recuerdan que la operación planteada por Don Juan Carlos es, por ejemplo, la misma que permitió al ideólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, esquivar cualquier tipo de responsabilidad penal por los impuestos dejados de pagar en IRPF e IVA por diversos trabajos de asesoría para cuatro gobiernos de países latinoamericanos.
El caso del rey emérito presenta no obstante algunas dudas para los asesores fiscales consultados. Argumentan que, según la información publicada, Don Juan Carlos no habría liquidado las deudas fiscales pendientes a través de los modelos tributarios disponibles para ese tipo de cuestiones sino que únicamente habría presentado una declaración ante la Agencia manifestando su voluntad de regularizar su situación. Algo que podría, dicen, resultar insuficiente a la luz del artículo 305.4 del Código Penal que dice que "se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria".
Fuentes del colectivo de inspectores de Hacienda aseguran, por el contrario, no conocer ningún caso en que se haya sancionado o llevado a la vía penal a un contribuyente que haya declarado voluntariamente su situación y se remiten al artículo 119.1 de la Ley General Tributaria que establece que "se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la
Administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos" sin especificar que tenga que ser uno de los modelos creados por la Administración.
Uno de los inspectores consultados añade que la regularización que habría planteado el emérito es particularmente compleja. Argumenta que por su experiencia la determinación de las cuotas tributarias a pagar a partir de movimientos en tarjetas bancarias es singularmente complejo y que es normal que ante un caso así los asesores fiscales del contribuyente que sea opten por trasladar la información a la Agencia Tributaria para que sea ésta la que determine la cuota a liquidar, antes de realizar una estimación que muy posiblemente sea errónea por la cantidad de impuestos y situaciones fiscales que pueden derivarse de ese tipo de movimientos.
"Eso sí", advierte un exalto cargo de la Agencia Tributaria, "la declaración voluntaria exige la colaboración total del contribuyente respecto a la información que se le reclame. Si no hay colaboración, los eximentes previstos en la norma desaparecen automáticamente", advierte.
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