El Banco de España (BdE) pone cifra al impacto que los Fondos Next Generation pueden tener sobre la economía española. La entidad capitaneada por Pablo Hernández de Cos calcula que la plena ejecución del programa vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) tendría un efecto directo sobre el crecimiento del 1,15% de media en cada ejercicio durante los próximos cinco años. Ese porcentaje podría elevarse hasta el 1,75% por el efecto arrastre entre los distintos sectores económicos, siempre que hubiera una plena disponibilidad y movilidad de recursos entre ellos.
Con todo, el BdE advierte de que la "presencia de rigideces en los mercados de productos y de trabajo podría limitar la necesaria reasignación de recursos entre empresas y sectores" y, por tanto, aminorar de forma significativa el impacto agregado. Así, la escasez de trabajadores cualificados en determinados sectores podría reducir en aproximadamente un 25% el impacto estimado, desde el 1,75% hasta el 1,3% del PIB en promedio anual.
En el artículo 'El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su impacto macroeconómico desde una perspectiva sectorial', publicado en su último boletín económico, el Banco de España explica que los efectos de los fondos son heterogéneos entre ramas de actividad, siendo las más beneficiadas aquellas que se vinculan al proceso de digitalización (información y comunicación o servicios profesionales y técnicos), así como el sector de la construcción, debido a las inversiones en infraestructuras relacionadas con el proceso de transición ecológica.
Una "oportunidad única" para España
La agenda de inversiones que incorpora el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia representan una "oportunidad única" para facilitar la transformación estructural de la economía española, tanto por su tamaño (unos 69.500 millones de euros o el 5,6% del PIB de 2019) como por su énfasis en los retos de la digitalización y de la transición ecológica. Por este motivo, apunta el BdE, es interesante disponer de una asignación por ramas de actividad de dichas inversiones para cuantificar su impacto real.
Al margen de los efectos directos de los Fondos Next Generation que se esperan sobre los servicios de información, profesionales y educativos, o sobre el sector de la construcción, gracias a la relación cliente-proveedor, el impacto global de los fondos se extendería a la mayoría de los sectores, que verían aumentar "significativamente" sus niveles de valor añadido bruto. En este segundo ámbito se encontrarían los servicios profesionales y de actividades administrativas, gracias a los "efectos de arrastre positivos" por la expansión en la rama de información y comunicación. Para otras industrias, como las manufacturas o la construcción, el principal responsable de estos efectos indirectos es el incremento de la productividad en el transporte.
Más de 23.000 millones adjudicados
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, apuntaba la pasada semana que del total de los fondos europeos recibidos por el país hasta la fecha, se han resuelto convocatorias de adjudicación por valor de más de 23.000 millones. El 80% de esas convocatorias resueltas las habría impulsado el Estado, por lo que "el foco" está, a su juicio, sobre las comunidades autónomas. Según Calviño son los gobiernos autonómicos los que deben "acelerar el despliegue de las inversiones".
Del total de fondos con convocatorias previstas hasta junio, el 70% irán a parar a inversiones que se incluyen en el epígrafe de transición verde, especialmente en las que tienen que ver con rehabilitación energética de viviendas, movilidad sostenible e hidrógeno renovable o verde. El Ejecutivo prevé que en este primer semestre se publiquen convocatorias por un importe de 11.660 millones.
De ellas, los programas para rehabilitación de entornos residenciales (que licitarán los Ayuntamientos) dispondrán de más financiación, con 2.970 millones asignados. El programa para la construcción de viviendas en alquiler social o a precio asequible en edificios energéticamente eficientes, a los que podrán concurrir tanto entidades locales como autonomías, estará dotado con una financiación de 1.000 millones.
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