La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, marcó el verano como fecha tope para aprobar la reducción de la jornada laboral máxima hasta las 38,5 horas a la semana para este año. Un objetivo en el que le acompañan los sindicatos que incluso hablan de ser más ambiciosos y superar las 37,5 horas programadas para 2025, lo que llevaría a situarse en el marco de las 35 horas francesas o incluso en 32. Los empresarios se mostraron dispuestos a abordar este debate, pero tras medio año las posiciones parecen distanciadas y lejos de un acuerdo, en especial, sobre la modificación de la ley que obliga a registrar la jornada.
El departamento de Trabajo ha ligado ambas cuestiones en la mesa de negociación tripartita, por lo que la patronal y los sindicatos también se comprometieron a abordarla en la mesa bipartita. No obstante, este pasó a ser el principal obstáculo, según trasladaron fuentes de la negociación y publicó este medio. La posición de los empresarios sería contraria a que existan un sistema general para controlar la jornada de los trabajadores, sin importar de cuál sea el sector económico al que pertenezcan o cómo organizan el trabajo dentro de la compañía, dado que creen que responde a un sistema anclado en el pasado que se basaba en el presentismo y no en el trabajo por objetivos, como sucede ahora en cada vez más empresas.
Desde el Consejo Español para el Registro de Jornada (CERJ) -un conjunto de empresarios del sector de la informática, la salud laboral y la asesoría- consideran que la patronal se equivoca al oponerse a esta herramienta y han mantenido al menos un encuentro con la organización empresarial que preside Antonio Garamendi para trasladar sus bondades, según ha podido saber La Información. La asociación, que aglutina a diferentes empresas del sector del registro de jornada, defiende que su uso puede contribuir a aliviar carga de trabajo y permitir que la dirección de las empresas se centre en mejorar la productividad de su plantilla, así como que su coste puede reducirse hasta los 30 céntimos por empleado al mes.
El CERJ también se ha reunido con diferentes grupos parlamentarios en las últimas semanas, cinco años después de presentar una propuesta de reglamento en la Comisión de Trabajo que apenas se siguió a la hora de formalizar la modificación del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, admiten que todavía no se han reunido con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, aunque tienen previsto hacerlo en el corto plazo, por ser estos los que han expresado públicamente su interés por mejorar el modelo actual para garantizar que se produce una reducción efectiva de las horas que destina cada empleado al trabajo cada semana.
El real decreto-ley 8/2019 fijó que todas las compañías tenían que tener un registro diario de los horarios de entrada y salida de los trabajadores, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que estos pudieran tener en el puesto de trabajo. En el mismo texto se establecía que el cómo se llevaba a cabo ese registro se decidiría mediante negociación colectiva o por decisión del empresario, tras consultar a los representantes de los trabajadores. Si bien, tanto el Gobierno como los agentes sociales coinciden en que la ley no ha cumplido sus objetivos, al constatar que apenas se han reducido las horas extraordinarias, el control se podía hacer en papel y los medios de la Inspección de Trabajo son reducidos.
Las declaraciones de Díaz y su 'número dos' en el Ministerio, Joaquín Pérez Rey, se han centrado en el volumen de horas de trabajo por lo que apenas se han dado a conocer los detalles del nuevo sistema de control horario que quieren implementar a partir de este verano. Sin embargo, según ha trascendido tras las reuniones celebradas en Trabajo, la idea del Gobierno -o al menos, del socio minoritario de la coalición- es endurecer las sanciones de forma que no se imponga un total a la empresa (la actual es de 7.500 euros como máximo) sino que se asocie una cantidad a cada registro individual que no se ha llevado a cabo o que no se ha hecho de acuerdo a la legalidad.
Además, abogan por establecer los medios digitales como mecanismo obligatorio para evitar posibles fraudes como los que ha detectado hasta ahora la Inspección de Trabajo. En un primer momento, se planteó que esta obligación se aplicara solo para las empresas de más de 50 empleados aunque los representantes de los trabajadores tratan de acabar o reducir este límite, por entender que la tecnología está al alcance de las empresas de menor tamaño. Este sería el primer paso para después implementar la inteligencia artificial y conseguir que los inspectores tengan acceso en remoto y en tiempo real a estos registros, e incluso, introducir un sistema de alertas que advierta de posibles fraudes u horas no contabilizadas.
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