Ayer lunes el precio máximo del Mw fue de 124,45 euros. Hoy se alzará hasta los 137,46 euros. Agosto cierra el mes como los 31 días eléctricos más caros de la historia. El panorama es mucho peor si nos retrotraemos a hace justo un año, cuando el coste de la luz se situaba en 42,01 euros. Los datos vuelven a sacarle los colores al Ejecutivo. Pese a los esfuerzos por contener el precio de la electricidad en el recibo, la luz continua su escalada imparable hasta el infinito y más allá. El hecho de que, día tras día, rompa récords está terminando con la paciencia de un Gobierno que afronta asustado, casi con histeria, septiembre. Será este mes el que vuelva a superar listones, con la vuelta de las vacaciones y unas temperaturas que, casi con toda probabilidad, incentivarán de nuevo el uso del aire acondicionado en la vuelta a las oficinas y a las casas por el teletrabajo.
El consumidor, ciudadano y votante a todos los efectos, tiene como uno de sus temas de café favoritos el precio de la luz. Son muchas críticas y muchos votos que pueden perderse entre tanto kilovatio, horas valle, potencias contratadas y demás tecnicismos. Con probabilidad ningún argumentario elaborado en Moncloa podrá contestar una realidad como esta. Si lo hace errará, puesto que el coste de la electricidad no hace más que reflejar el sistema que han creado o bien han permitido durante estos últimos tres años. Sin embargo, lo que realmente preocupa en el gobierno es que “este fenómeno”, como lo califican algunos expertos, no tiene ningún viso de disminuir en el medio plazo. Al menos hasta enero los mercados están anticipando una estabilización al alza del coste de la energía, tanto por los precios del gas como del CO2, pero ningún analista se atreve a vaticinar hasta dónde podría llegar a subir la electricidad. El consenso es que la luz subirá, pero la incógnita es que no se sabe hasta dónde. Es precisamente esa incertidumbre la que pone de los nervios al gobierno y, en concreto, a la ‘nueva Moncloa’, cada vez más preocupada por un indicador que en otros países pone y quita gobiernos, como en Hungría o Polonia. Ya lo decía Iván Redondo…
Al ojo del consumidor el precio máximo de la electricidad puede suponer una variable determinante en su comportamiento energético. Si la franja máxima de facturación se sitúa entre las 20:00 y las 22:00 no tiene más que cambiar su actuación y ajustarse a otro tramo más económico. El problema radica en que también las llamadas horas valle han aumentado su coste y lo han hecho en una proporción directa al precio máximo de la energía. Poner la lavadora a las tres de la mañana supone un coste de más de 100 euros el Mw, por lo que el ahorro es nimio con respecto al mes de junio, momento en que la diferenciación horaria se vislumbraba como la solución a todos los males.
La curva de precios es cada vez más plana y este sí es un factor que debería escandalizar al consumidor, puesto que la homogeneización se realiza al alza. Por su parte, el sistema lo agradece. La diferencia en la oferta se estabiliza y los temidos picos de demanda se desvanecen debido a la temeridad de encender la luz según sea la hora del día en que sea necesaria. No debería tardar mucho el ejecutivo en analizar los datos que demuestran que el consumidor no ha cambiado su comportamiento por conciencia medioambiental o de eficiencia energética, sino por el desbocado precio de la electricidad.
Medidas insuficientes
Para combatir esta situación, la ministra del ramo, Teresa Ribera, ha anunciado su propuesta de creación de una comisión para estudiar las causas de la subida de la luz. La medida podría resultar útil en otro escenario, pero en este, en los tiempos parlamentarios en los que nos movemos, probablemente no llegue ni siquiera a constituirse antes de que los precios vuelvan a marcar nuevas cotas, hurgando en la herida abierta y supurante que mantiene la parte del gobierno que lidera Pedro Sánchez con la otra parte morada, encabezada por Ione Belarra y el desaparecidísimo Alberto Garzón.
Al margen de la creación de esta comisión, la ministra Ribera ha señalado a las eléctricas y su “falta de empatía social” por vaciar los embalses que nutren de caudal a las centrales hidroeléctricas. Con independencia de que este valor cotice o no en Bolsa, lo cierto es que el desembalsado es una técnica habitual y permitida por Red Eléctrica, garante del sistema, para asegurar el suministro energético en toda España. El desembalsado no es un interruptor que se pueda apretar en función de los gustos del consumidor. Debería ser la CNMC la entidad que acreditara si estas prácticas son o no concertadas (esto sí sería ilícito) y, en su caso, actuar para corregir cualquier tipo de incidencia o anomalía sobre el sistema. La empatía, o falta de ella, no debe confundirse con la responsabilidad de mantener un sistema que provea de electricidad tanto al consumidor como a la industria, siempre que se requiera.
A su vez la ministra explicó las medidas que su departamento prevé aplicar en el corto plazo y que básicamente se concretan en la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, además de mantener, sine die, la reducción del IVA al 10% durante los próximos meses. Son medidas acertadas que, sin duda, ayudarán a aliviar una factura disparada. Sin embargo, no evitarán que los precios netos de la energía continúen subiendo en los mercados y con ello la presión sobre el gobierno.
Acierta el Ministerio cuando rechaza fijar un precio determinado por la electricidad al estilo soviético o de la España noventera. Aquel sistema generó una deuda, que seguimos pagando, con las empresas eléctricas que suministraron, por imposición gubernamental, electricidad a un precio más bajo de su valor real. Aquel error, además de generar artificiosamente un precio de la electricidad ficticio, generó una sensación de gratuidad en el consumidor. Esto le llevó a contratar potencias exageradas, adquirir electrodomésticos sin ningún tipo de miramiento energético y a considerar la luz un bien público, algo que la realidad ha demostrado un error. También en materia energética vivimos por encima de nuestras posibilidades.
Con seguridad esta no sea la última comparecencia de la ministra en el Congreso. La oposición, que hace su trabajo, no cesará en su empeño por utilizar la luz como arma política. Pablo Casado ya dio su receta para bajar los precios. Por un lado, eliminar del recibo la ingente cantidad de partidas que gravan hasta el límite la factura y por otro reducir al máximo los impuestos que se recaudan gracias a ella. Son las mismas medidas, junto al impulso a las renovables, que defendía el Partido Socialista cuando no se sentaban en los sillones azules del Congreso. Quizá al líder de la oposición le faltaría identificar de dónde sacaría el dinero para cubrir estos huecos presupuestarios que se producirían, pero - esto es política - sería su labor al frente del Ejecutivo, algo que, de momento, no está a su alcance. Al menos hasta dentro de dos años.
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