El Consejo de Ministros ha acordado este martes la prórroga hasta 2028 de la suspensión de los desahucios hipotecarios para deudores en situación de vulnerabilidad, una medida que vencía esta semana y de la que se estima que podrán beneficiarse unos 30.000 hogares. Una moratoria que se ha prorrogado ya en varias ocasiones, la últma a instancias de Podemos en mayo de 2020, al socaire de la pandemia del Covid. Lo que se hizo con un decreto que lo extendía durante cuatro años y lo ampliaba a un mayor número de familias.
El Real Decreto Ley por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables, aprobado este martes, tiene su origen en la ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, aprobada por el gobierno del PP en 2013 para paliar los efectos de la crisis económica de 2008. La citada norma paralizaba durante dos años los desahucios hipotecarios de familias en situación de especial riesgo de exclusión social, entre ellas, familias numerosas y unidades familiares monoparentales con al menos un hijo a cargo.
Hasta el 15 de mayo de 2028
Fuentes del Ministerio de Vivienda han destacado que el texto prorroga hasta el 15 de mayo de 2028 el contenido de ese Real Decreto Ley y que, si bien la medida está destinada a un determinado colectivo vulnerable, "su impacto económico general es positivo, ya que la lucha contra la exclusión social tiene externalidades positivas para el conjunto de la sociedad, al favorecer la seguridad, la paz y la cohesión social, factores fundamentales para favorecer el desarrollo y el crecimiento económico".
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha considerado que la medida no debe limitarse a una mera ampliación temporal, sino que debe buscarse una solución definitiva, que incluya su anotación en el Registro de la Propiedad para evitar el "acoso inmobiliario" y la "indefensión de quienes se hayan podido acoger ante nuevos propietarios que intentan ignorarla". También han exigido desde este colectivo la introducción del derecho de tanteo y retracto para quienes, habiéndose acogido, puedan estar en disposición de adquirir de nuevo la vivienda, así como la opción de que la administración la compre como parque púbico.
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