El trabajo precario, en el centro del debate electoral en España

"Te contratan, te despiden, te contratan y te despiden de nuevo". La madrileña Elena Martín, de 26 años, resume así el drama del empleo precario en España, un tema central en la campaña electoral para las legislativas del 26 de junio.

Tras siete años de crisis económica, España volvió a crecer en 2014 y su desempleo descendió a 20,1%. Pero la tasa de personas desocupadas sigue siendo la segunda más elevada de la Unión Europea, por detrás de la griega.

Y cuando el conservador Mariano Rajoy esgrime la creación de 500.000 empleos al año como una de sus principales bazas para ser reelegido, sus adversarios, de derecha como de izquierda, lanzan frases como "precariedad generalizada", "contratos basura", "trabajadores pobres".

España ha experimentado una "fuerte recuperación", pero "crea todavía principalmente empleos inestables, temporales, a tiempo parcial e interinos", estima el economista Raymond Torres, consejero especial del director general de la Organización Internacional del Trabajo.

Según cifras del servicio público de empleo estatal, el 90% de los contratos firmados cada mes desde que comenzó el año son temporales. Ese tipo de empleos es una "lacra", llegó a decir el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.

"Tiene lógica al inicio de una recuperación porque las empresas no saben lo que les espera", señala Torres. Pero "en España existe un problema estructural: la inestabilidad de los empleos", advierte.

Marcel Jansen, profesor de economía en la Universidad Autónoma de Madrid, explica que la economía española "cada vez más se sustenta en sectores con muy poco valor añadido", con "un peso enorme del turismo y de otros tipos de servicios de bajo nivel tecnológico (comercio, hostelería, telemárketing)".

En las empresas se ha instalado "una cultura de considerar a los trabajadores de usar y tirar, como servilletas de papel", asevera este economista liberal.

"La rotación es descomunal" y "hay muchos contratos de menos de una semana y últimamente se habla de un boom de los contratos de solo un día", subraya.

De hecho, la duración promedio de los contratos pasó de 79 días en 2006 a 53,4 en 2015.

Elena Martín, una desempleada que no completó el bachillerato, integra el grupo de numerosos jóvenes españoles que ofrecen en sus currículums una "disponibilidad total" para compensar las escasas cualificaciones.

Desde 2008, sólo ha conseguido empleos breves: telefonista, encargada "completamente explotada" de una tienda de ropa, camarera y cajera, señala frente a una oficina de empleo en el barrio madrileño de Las Acacias.

"La precariedad no solo es un tema de la hostelería, la limpieza o el telemárketing, afecta por ejemplo a la sanidad pública" con contratos a médicos para "cubrir bajas, el fin de semana, etc", deplora Manuel Lago, economista de Comisiones Obreras, uno de los principales sindicatos del país.

Durante los últimos diez años, "se han firmado casi 161 millones de contratos de trabajo para un país en que la fuerza de trabajo está en 14,5 millones de asalariados de media", afirma.

Eso quiere decir que "el nivel de rotación laboral es enorme" y "las personas no paran de entrar y salir, en la misma empresa, o de cambiar de puestos, de actividad, de sector, a un ritmo frenético", señala.

"En Alemania, los 'mini-jobs' están hechos para sectores laterales del mercado de trabajo", mientras que en España "la precariedad, el bajo salario, afecta el núcleo de la fuerza de trabajo", lamenta Lago.

La controvertida reforma laboral de 2012 creó, para las empresas con menos de 50 empleados, un contrato de duración indeterminada con un "periodo de prueba de un año", al término del cual el empleador puede despedir al trabajador sin explicación ni indemnización.

Los sueldos también han entrado en el debate. "Existe un aumento neto de los trabajadores pobres que ganan menos de 690 euros" por mes, dice Torres.

La OIT sugirió en enero que el salario mínimo español, que fue de 757 euros mensuales en 2015, se aumente un 10% en tres años, lo que a su juicio no pondría en peligro la competitividad ni la creación de empleo.