El Tribunal Supremo ha abierto una nueva vía que facilita la regularización de los migrantes en situación irregular, entre ellos los solicitantes de asilo que han visto rechazada su demanda, la mayoría venezolanos, demostrando arraigo laboral -seis meses de trabajo en los últimos dos años- mediante cualquier medio de prueba válido en derecho, como la vida laboral. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recogido rápidamente el guante del Supremo y ya ha hecho pública la forma para llevar a cabo el proceso, que hará aflorar economía sumergida, acelerará la recuperación con la entrada de nuevos trabajadores y dará más margen para garantizar las pensiones a través de las cotizaciones de estos empleados.
La fórmula que se aplicaba hasta el momento frenaba las legalizaciones por arraigo laboral, que apenas se han producido desde 2005 cuando entró en funcionamiento este mecanismo, ya que era necesario presentar una resolución judicial o administrativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que conllevaba una denuncia previa contra el empleador y, en el caso de estar trabajando, el despido. Sin embargo, ahora será suficiente acreditar dos años en España, seis meses de empleo en los últimos dos años y no tener antecedentes penales.
Unidas Podemos y la mayoría de los grupos parlamentarios a la izquierda del PSOE presentaron en junio de 2020, en plena pandemia, una iniciativa conjunta para reclamar la regularización urgente de todos los migrantes que actualmente se encuentran sin papeles en España. La iniciativa la suscribieron el socio de Gobierno de Sánchez, además de ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, el BNG, la CUP y JxCat.
Según un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III y Fundación PorCausa, en el que se ha tenido en cuenta los datos que ofrecen el padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Registro Central de Extranjeros, la Encuesta de Población Activa (EPA), los afiliados de la Seguridad Social y Sanidad, a través de las tarjetas sanitarias, en España estarían sin los papeles en regla un mínimo de 390.000 personas y un máximo de 470.000. Muchos de ellos llevan cerca de una década en nuestro país y entraron, mayoritariamente en avión, poco después de la regularización masiva del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace ya 17 años, que sacó de la irregularidad a 1,2 millones de migrantes.
Un buena parte de estos extranjeros en situación irregular corresponde a los solicitantes de asilo a los que se les ha denegado la solicitud. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en 2020 las peticiones de asilo presentadas fueron 115.000, pero solo se aprobaron el 5%, un total de 5.758 . Mientras, se tuvieron en cuenta 40.726 por razones humanitarias, el 35% son venezolanos que huyen del Gobierno de Nicolás Maduro, la delincuencia y el hambre. Desde 2007 han pedido refugio en nuestro país 350.000 personas.
Los solicitantes de protección internacional pueden trabajar durante los seis meses posteriores a su petición, pero esa situación decae si su demanda es rechazada, algo que pasa de manera muy frecuente y les deja en situación irregular. Para conseguir de nuevo establecerse legalmente en España pueden elegir la vía de arraigo social, que implica haber permanecido en nuestro país tres años y haber trabajado al menos un año, o la del arraigo laboral que ahora se conseguiría con la residencia de dos años y los documentos que acrediten que han trabajado medio año.
Según el estudio de la Carlos III y porCausa titulado 'Extranjeros, sin papeles e imprescindibles: Una fotografía de la inmigración irregular en España', el 77% de la inmigración irregular en España proviene de Latinoamérica. Colombia, Venezuela y Honduras destacan por encima de cualquier otro país de origen y los migrantes de estas tres nacionalidades suponen el 60% de los migrantes irregulares que proceden de la región latinoamericana y los tres casos presentan tasas de irregularidad de entre el 30% y el 50% de todos los que han llegado. En el extremo contrario se sitúan Bolivia y Ecuador, donde la tasa de irregularidad es prácticamente marginal.
El informe también asegura que hay un mínimo de 300.000 extranjeros -regulares e irregulares- trabajando en la economía sumergida. La irregularidad de los extranjeros supone para las arcas públicas españolas un coste anual medio de 2.000 euros por migrante, pero darles con los papeles en regla su aportación fiscal superaría los 3.250 euros. Además, las migraciones hacia las economías desarrolladas ofrecen un alivio demográfico considerable a sociedades envejecidas y un refuerzo para los Estados de bienestar, señala
Además, el informe destaca, que salvo contadas excepciones no perjudica los niveles salariales de los trabajadores que ya se encontraban en el país de destino. Sus sueldos medios, sin embargo, sí están sistemáticamente por debajo de la media del resto de trabajadores. La regularización que realizó hace 17 años el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aumentó los ingresos anuales de la Seguridad Social en 2.300 millones, según los cálculos recogidos en un informe de tres profesores de universidades catalanas, o lo que es lo mismo, 3.882 euros por persona y por año.
Además, el ministerio de Escrivá también trabaja para cambiar el reglamento de la Ley de Extranjería para facilitar los trámites a 15.000 menores extranjeros no acompañados y jóvenes ex tutelados que llegaron a España de manera irregular. Según el borrador, la finalidad de esta reforma será suprimir los obstáculos que impiden obtener la documentación y diseñar un régimen propio de residencia para cuando lleguen a la mayoría de edad no queden en situación de irregularidad.
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