80.511 millones de euros. Ése será el importe de la factura que pasará a las arcas públicas el conjunto de medidas de adquisición de vacunas, compras de mascarillas, EPI y otro material sanitario, apoyo financiero a las empresas en problemas, cobertura económica a los trabajadores en ERTE, indemnización salarial por bajas y cuarentenas debidas a la Covid y otra serie de cosas puestas en marcha por las distintas Administraciones Públicas españolas para hacer frente a la pandemia, según la última estimación que ha hecho pública este jueves la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), a partir de la información proporcionada en sus proyectos presupuestarios por las distintas administraciones públicas. El Estado y la Seguridad Social van a asumir más de la mitad de esa factura, con 47.408 millones de euros, mientras que el resto se repartirá entre las comunidades autónomas, a las que la Covid va a obligar a un sobreesfuerzo presupuestario de más de 30.000 millones de euros entre los ejercicios de 2020 y 2021 - buena parte de ellos sufragados con transferencias desde el Estado -, y los ayuntamientos, a los que la pandemia les va a costar cerca de 3.000 millones.
La contundente respuesta del gasto público a la pandemia, que según las estimaciones de la Autoridad Fiscal aportó 4,3 puntos al déficit público de 2020 y aportará algo menos - 2,7 puntos - este año 2021, sólo alcanza a explicar sin embargo una parte del desequilibrio de las cuentas públicas. Y es aquí donde empiezan las curvas, porque el análisis de Airef coincide con el de organismos internacionales que observan que el déficit público se ha ido en España más allá de lo que se puede justificar por la gestión de la Covid.
El análisis de la Airef atribuye al menos una tercera parte del déficit del 10,97% con el que las AAPP cerraron 2020 a factores que nada tienen que ver con la pandemia: el desequilibrio arrastrado de 2019 (2,9 puntos), la consolidación dentro del sector público del banco malo, Sareb (1 punto adicional) y determinadas medidas discrecionales de gasto como la subida de las pensiones o la subida del sueldo de los funcionarios ajenas la situación de excepcionalidad vivida este año. Y sus proyecciones apuntan a que la situación será similar en 2021, ya que espera que las medidas asociadas a la lucha contra la Covid aporten 2,7 puntos a un déficit que según sus cálculos se irá al 7,6% del PIB.
La parte más gravosa de largo del esfuerzo público para paliar los efectos de la pandemia será la financiación de lo que se ha dado en llamar el 'escudo social', la red de mecanismos de protección habilitada por el Gobierno para garantizar una renta a los trabajadores que se han quedado sin tajo por los efectos de la Covid y reducir el coste laboral de las empresas que los tienen en plantilla a través de los ERTE y la prestación por cese de actividad de los autónomos. Mantener operativos ambos mecanismos al menos hasta el próximo mes de junio, según el horizonte que la Airef ha utilizado para calcular sus proyecciones, tendrá un coste de 37.126 millones de euros para las arcas públicas, un 46% del gasto total asociado a la Covid. Tres cuartas partes de ese gasto público habrá ido a 'blindar' las rentas de los trabajadores, en tanto que los 8.900 millones restantes habrán servido para rebajar el coste que tiene para las empresas mantener a ese personal en plantilla pese a estar inactivos o con su actividad reducida.
El gasto sanitario extra por la lucha contra la pandemia apenas supone la mitad de lo que se ha invertido en proteger al mercado laboral, poco más de 15.000 millones de euros. En este ámbito, la parte del león corresponde al esfuerzo que han tenido que realizar las gobiernos autonómicos - con fondos procedentes del Estado - para reforzar sus sistemas sanitarios con la contratación de personal, la habilitación de nuevos espacios sanitarios o la adquisición de los fármacos y el material sanitario necesario para atender a los pacientes infectados por la Covid, y en última instancia también para adquirir las vacunas que permitirán inmunizar a la población.
Más allá de esos dos grandes capítulos asoman los 8.500 millones destinados a medidas de apoyo directo a las empresas, los 3.500 millones para prestaciones de incapacidad temporal para trabajadores contagiados de Covid o que han tenido que guardar cuarentenas por estar en contacto con un infectado y otras partidas como medidas de apoyo al sector educativo o al sector de la asistencia social. Destaca también entre los componentes de gasto los cerca de 2.000 millones que costará el Ingreso Mínimo Vital entre 2020 y 2021. La Autoridad Fiscal ha reducido su estimación de coste para 2021 ya que estima que el número de beneficiarios reales será inferior al estimado inicialmente.
Contra el pesimismo del FMI
Pese a lo grueso de la cifra y a la estimación de que este año la Covid continuará generando un importante coste presupuestario de más de 32.600 millones de euros, la Autoridad Fiscal no comparte el pesimismo manifestado por el Fondo Monetario Internacional sobre la evolución del déficit público en España. El informe difundido este jueves por la Autoridad Fiscal no solo desdeña la previsión del FMI sobre que el déficit vaya a quedarse en el 9% en 2021 sino que incluso rebaja la previsión inicial trasladada tras la presentación del proyecto de Presupuestos de 2021, del 8%, para dejarlo en el 7,6%, muy cerca de la previsión del Gobierno: 7,7%.
Y ello pese a que la Autoridad Fiscal sí que ha rebajado su previsión de crecimiento para 2021, desde el 8,2% hasta el 6,6% a la luz de información disponible sobre el comportamiento de la economía durante el primer trimestre, que apunta a una recaída de la economía. Sin embargo, el impacto negativo sobre el balance público en forma de menores ingresos tributarios y mayores gastos en ayudas para la reactivación de la economía, como el plan de ayudas directas para reforzar la solvencia empresarial, se verá más que compensado por otros factores, entre los que la Autoridad Fiscal subraya la resistencia demostrada por los ingresos fiscales y por cotizaciones en 2020.
Desde la Airef se explica la aparente paradoja de que la institución rebaje su previsión de déficit cuando prevé un nivel de crecimiento sensiblemente más bajo del inicialmente previsto para 2021, espera un mayor volumen de gasto y proyecta que las medidas fiscales ideadas por el Gobierno para generar ingresos extra este año funcionarán peor de lo esperado, por la inesperada resistencia mostrada por los ingresos tributarios y por cotizaciones en 2020. La Autoridad Fiscal admite que los datos de ingresos de 2020 les han sorprendido y les han obligado a modificar de forma sustancial su expectativa de recaudación para el año 2021.
Eso no ha impedido que la Autoridad Fiscal haya vuelto a retocar a la baja sus expectativas de ingresos respecto a las nuevas figuras fiscales aprobadas por el Gobierno. El Ministerio de Hacienda 'pintó' en sus Presupuestos para este año 6.085 millones de euros de ingresos por las nuevas figuras impositivas activadas o que estaba previsto activar este año y la Autoridad Fiscal rebajó esas expectativas a 4.002 millones de euros en su primer análisis sobre el proyecto presupuestario. Ahora, la Airef no cree que esas figuras puedan recaudar más de 2.898 millones de euros, menos de la mitad de lo que el Gobierno ha reflejado en sus Presupuestos.
Algo similar ocurre con los retornos fiscales esperados por la aplicación de los fondos europeos. El Gobierno sumó algo más de 6.800 millones de euros por este concepto a su previsión de ingresos fiscales para 2021, la Airef avanza en su último informe que ese retorno no será más que de la mitad después de haber ajustado sus previsiones, que inicialmente descontaban la ejecución completa de los 27.000 millones de euros incluidos por el Gobierno en sus Presupuestos, a una ejecución de unos 16.000 millones.
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