Transparencia. Este término condensa la principal exigencia que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hace al Gobierno, ante la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales y la necesidad de que España envíe a la Comisión Europea su plan de ajuste fiscal a medio plazo antes del próximo 20 de septiembre. El organismo que capitanea Cristina Herrero ha reclamado al Ejecutivo de Sánchez que dé a conocer la tasa de referencia fiscal "que habrá mandado ya la Comisión Europea" y que servirá de base para elaborar ese documento.
La AIReF calcula que la aplicación de las reglas fiscales en España exigirá un ajuste fiscal de 0,63 puntos de PIB al año entre 2025 y 2028, 'tijeretazo' que se reducirá a 0,43 puntos al año en caso de que este se extienda al periodo entre 2025 y 2031 al ligarse ese esfuerzo a la realización de reformas estructurales y de inversiones -como las que contempla el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia-. De ahí que la Autoridad vea factible que España haga su ajuste a siete años, lo que supondría un recorte de 6.000 millones de euros por ejercicio.
Este ajuste se plasmará en una senda de gasto primario neto de medidas de ingresos a la que el país deberá ceñirse los próximos cuatro años al margen de quien esté en el Gobierno, por lo que desde la Autoridad Fiscal inciden en la necesidad de pactarlo con el conjunto de las Administraciones Públicas y con los grupos parlamentarios.
Son algunas de las conclusiones que el organismo ha incluido en su opinión sobre la reforma de la gobernanza fiscal de la Unión Europea, de la que pone en valor que coloque "la sostenibilidad en el centro", pero también su flexibilidad, puesto que otorga más capacidad de iniciativa a los Gobiernos a la hora de definir sus propias sendas de ajuste.
En el documento publicado este miércoles el fiscalizador apunta que el cumplimiento de esta senda fiscal "garantizará con una probabilidad alta" que la ratio de deuda desciende en el medio y largo plazo, aun en escenarios más desfavorables que el previsto inicialmente. El pasivo del conjunto de las Administraciones Públicas despidió el año pasado en el 107,7% del PIB y debe rebajarse hasta el 60% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La necesaria reforma de la financiación
Con todo, desde la autoridad inciden en que todavía tienen pendiente de hacer públicos ciertos detalles metodológicos del nuevo marco comunitario que podrían hacer que sus cálculos de ajuste varíen. Al mismo tiempo, la AIReF advierte de que cambios en las previsiones que afecten a la posición de partida también podrían hacer variar estas estimaciones. De momento, las sorpresas que ha dado la economía española han sido positivas, puesto que la actividad avanzó un 0,8% en el primer trimestre, por encima de lo previsto, aupada por la inversión y las exportaciones en pleno auge del turismo.
Precisamente y como ha hecho en otras ocasiones, Herrero ha recordado que el país no puede fiar buena parte del ajuste a la marcha del ciclo económico. "En la medida que esa situación se vaya normalizando, tanto por la vía de los precios como por la vía de las medidas que se adopten, parece que el crecimiento económico no resulta suficiente para seguir provocando este descenso en el ratio de deudas sobre el PIB", ha alertado.
Las últimas previsiones de la AIReF son que en la segunda mitad de esta década se estabilizará la ratio de deuda ligeramente por encima del 100%, si bien de cara a la próxima se iniciará una senda creciente debido al envejecimiento de la población proyectado para las próximas décadas. En este escenario inercial, las estimaciones de la Autoridad implican que el gasto primario crecería alrededor del 3,8%.
Cristina Herrero ha reclamado, además, una reforma del marco fiscal nacional que permita poner fin a "inconsistencias" como que la regla de gasto no se aplique sobre la Seguridad Social. Esta reforma debería ligarse a la del sistema de financiación autonómico, pendiente desde 2014, pero también a los mecanismos extraordinarios como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Estos instrumentos se crearon en 2012, en pleno azote de la crisis de deuda, para evitar la quiebra de las comunidades que no podían financiarse por sus propios medios en los mercados. El objetivo de ambos cambios debería ser evitar "grietas en la credibilidad", ha advertido Herrero.
Comentarios