La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reconoce los esfuerzos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para extender el alcance del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero constata que los avances han sido escasos dado que la brecha de cobertura (non take-up) se ha estancado en el 56% -desde el 58% anotado en las ediciones anteriores-. Se trata de un problema multifactorial, pero el organismo que dirige Cristina Herrero destaca el decalaje de un año en los datos sobre la situación económica de las familias y sugiere recurrir a las cotizaciones sociales, por entender que pueden ofrecer esta imagen en tiempo real.
Es una de las cinco propuestas presentadas este miércoles, en la que se menciona la posibilidad de verificar los requisitos económicos con datos que estén más vinculados al presente y que ya tiene la administración, como son los referentes a las rentas del trabajo. Según ha explicado el director de la División de Evaluación de la AIReF, Jose Mª Casado, en el análisis anterior concluyeron que el 97% de las rentas de estas familias provenían del trabajo o de prestaciones por desempleo, por lo que apenas se perdería información en el caso de usar las cotizaciones sociales.
El organismo defiende que este cambio ayudaría a mejorar la capacidad de la prestación para activarse ante situaciones de pobreza sobrevenida, disminuir las solicitudes de reintegros causadas por los importes que se han percibido indebidamente y además, a simplificar la definición de renta computable para el IMV al incluir solo las partidas relacionadas con el trabajo. El grupo de expertos considera que este cambio sería clave dado que "el diseño actual del IMV que generalmente toma la información del ejercicio precedente sin atender a la situación de vulnerabilidad real de los potenciales beneficiarios".
En la práctica, esto se traduce en que una buena parte de los beneficiarios no reciben la cuantía a la que tendrían derecho por su situación actual, ya que a pesar de que existe un mecanismo para solicitar que se tome como referencia el año en curso, este solo se ha aplicado en 3.964 de las 836.510 solicitudes presentadas y de los 198.300 expedientes aprobados. El motivo es que el artículo 11.5 de la ley que regula la prestación del IMV establece que si en el año previo se reunían los requisitos para percibirla, se usará este criterio a pesar de que se demande que se tenga en cuenta el actual.
Si bien, este no es el único obstáculo que hace que tres años después de su puesta en marcha la prestación solo llegara a un 36% de sus potenciales beneficiarios, que el organismo cifra en 951.702 por el incremento de un 15% en la renta garantizada. En diciembre de 2023 había 342.856 hogares que recibían el IMV o el IMV y el Complemento de Ayuda a la Infancia que en el caso de añadir el número de familias que solo perciben la ayuda destinada a la infancia se equipara al total aportado por el ministerio de Elma Saiz. Si bien, el mayor problema de non take-up se concentra aquí, donde asciende al 76% de acuerdo con este análisis.
La AIReF identifica que la definición del hogar es otro de los obstáculos que dificulta que la ayuda llegue a las familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. "El 25% de los expedientes son denegados por la unidad de convivencia" explicaba Casado, debido a su concepción amplia que tiene en cuenta la situación económica de los familiares de segundo grado (abuelos, nietos y hermanos) y se basa en el padrón. Las organizaciones mediadoras les han trasladado que las familias extensas o las parejas de hecho no formalizadas suelen presentar dificultades para tener actualizado este registro municipal.
Además, cinco puntos porcentuales del 56% señalado anteriormente se corresponderían con las personas que no solicitan el IMV porque ya reciben una renta mínima autonómica. El organismo ha podido hacer este cruce por primera vez tras solicitar de forma pormenorizada a cada uno de los territorios cuál era su volumen de beneficiarios, lo que le ha llevado a apreciar que hay sendas diferencias entre territorios. Mientras que en Cataluña, País Vasco o Canarias apenas ha variado el número de perceptores de la ayuda autonómica desde que se aprobó el IMV, en regiones como Madrid, Andalucía o Murcia casi se ha visto reducido a cero.
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