Las patronales, los sindicatos y las asociaciones de autónomos cerraron en julio de 2022 un acuerdo para reformar el sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia con el que las cuotas pasaban a calcularse sobre los ingresos reales, frente al modelo anterior en el que el autónomo decidía cuánto quería aportar y después, accedía a una pensión muy baja. Este esquema denominado RETA tenía que desplegarse entre 2023 y 2025 y permitía que los autónomos cambiaran su base de cotización cada dos meses, pero solo 187.053 lo hicieron entre enero y mayo, el 5% del total.
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), integrada en CEOE, ya venía advirtiendo en el último año que la mayoría de profesionales no habían comunicado a Seguridad Social su previsión de ingresos y estaban esperando a la regularización de cuotas que según anunció a comienzos de mes el secretario de Estado del ramo, Borja Suárez, la correspondiente al 2023 se llevará a cabo el próximo otoño. Desde el ministerio que dirige Elma Saiz han expresado su intención de reunirse con las organizaciones de autónomos (ATA, UATAE y UPTA) a lo largo del verano o justo después para abordar esta materia, pero esta llamada aún no se ha producido.
Los barómetros que publica la asociación que preside Lorenzo Amor de forma periódica parecían indicar que había mayor interés en comunicar la previsión de ingresos y en modificar su base de cotización por parte de los trabajadores que habían aumentado sus rendimientos. Y así parecen confirmarlo los datos facilitados a este medio, puesto que el 72% de los autónomos que habían cambiado de tramo en los primeros cuatro meses del año habían elevado su base de cotización (135.352 de los 187.053 trabajadores por cuenta propia). No obstante, estos porcentajes son muy diferentes a los arrojados por la última encuesta de ATA en la que del 22% que había comunicado sus ingresos, solo un 32% había elevado su cuota.
En el segundo año con el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en vigor, el volumen total de profesionales que han alterado su base de cotización ha disminuido sustancialmente, dado que como publicó La Información en los primeros meses de 2023 fueron 513.000 los autónomos que comunicaron voluntariamente su previsión de ingresos y tuvieron como resultado un cambio en el tramo de cotización, según los datos facilitados entonces por el Ministerio de Seguridad Social. Entonces el 65% estos trabajadores por cuenta propia habían pasado a abonar más, lo que celebraban desde el departamento que tutelaba José Luis Escrivá.
El real decreto-ley 13/2022 que recoge el acuerdo alcanzado en el diálogo social no obliga a los trabajadores a dar este paso, por lo que están en su derecho de esperar a la regularización de cuotas. Y el departamento de Elma Saiz estaba esperando a que concluyera la campaña de la renta de 2024 para dar paso a esta fase, lo que llevó a algunos portavoces de las principales asociaciones de autónomos a temer que el Gobierno decidiera juntar la regularización de los ejercicios 2023 y 2024 en 2025, al ver que se entraba en el tercer trimestre del año sin saber cómo o cuando se iba a poner en marcha.
Prestación por cese de actividad
La regularización de estas cuotas no es la única materia que tiene sobre la mesa la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en lo que se refiere a los trabajadores autónomos. La ministra socialista anunció poco después de asumir el cargo que crearía el Observatorio para el análisis y seguimiento de la prestación por cese de actividad en el mes de febrero, una mesa en la que están representados CEOE, Cepyme, CCOO, UGT, ATA, Uatae y UPTA y con la que se cumplía con lo indicado en la disposición adicional quincuagésima del citado real decreto, pero que no ha tenido recorrido desde la sesión constitutiva celebrada hace cinco meses.
El Gobierno entendía que había llegado el momento de evaluar el 'paro' dirigido a los autónomos, la prestación a la que tienen derecho cuando ven interrumpido su flujo de ingresos por cerrar su negocio o por otros motivos derivados de la temporalidad de la actividad que desempeñan. No obstante, esta materia ha pasado a un segundo plano frente a la mesa de pensiones, después de que tampoco fueran atendidas las demandas presentadas por todas las organizaciones de autónomos en la negociación del subsidio a través de las patronales y los sindicatos.
Tal y como contó este medio, las asociaciones de autónomos defendían que era oportuno que se les reconociera una prestación adicional a la que acogerse en el caso de agotar la prestación por cese de actividad, como sucede con la prestación contributiva por desempleo y el subsidio en el caso de los trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no llegó ni a fijar una posición al respecto y esta demanda pasó desapercibida en la intensa negociación que se produjo para enviar por segunda vez la ley vinculada al cuarto pago de los fondos europeos.
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