El auge de la 'economía del dato' y el creciente interés del sector público por posicionarse en ese mercado y explotar los ingentes volúmenes de información que tiene a su disposición, con aplicaciones aún no exploradas en campos como la investigación o la afinación de las políticas públicas a partir de la minería de datos, pueden acabar impulsando la transformación del histórico Instituto Nacional de Estadística (INE) en el gran centro de referencia español en materia de 'Big Data'. Ése al menos es la propuesta que un grupo de expertos de distintos ministerios ha elevado al Consejo Superior de Estadística, dependiente de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, a partir de un encargo del organismo para la definición de un modelo que permita optimizar el aprovechamiento de las grandes masas de datos disponibles en el sector público y darles una utilidad real.
Lo que en el sector privado es ya una realidad tangible, la denominada 'analítica de negocios' que ha dado lugar a un floreciente mercado de consultoría y formación y que mueve según la Comisión Europea más de 200.000 millones de euros en toda la UE, en el sector público está aún en mantillas. Las experiencias en este ámbito son escasas, pero prometedoras. La Agencia Tributaria, por ejemplo, ha hecho de los programas de explotación de 'Big Data' una de sus principales herramientas de lucha contra el fraude, con resultados ya tangibles en materia de recaudación y proyectos tan emblemáticos como el Sistema de Información Inmediata en IVA que se sostiene sobre un sistema capaz de procesar 12.000 millones de registros; y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) también ha recurrido a modelos de predicción de incidentes basados en gestión masiva de datos para diseñar el Plan Estatal de Seguridad Aérea.
Se trata de experiencias dispersas, que dan idea del potencial de la explotación de grandes bases de datos en la definición y mejor orientación de las políticas públicas, pero que no han promovido una industria del dato como tal. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que peleó las competencias sobre digitalización en la negociación para la configuración del nuevo Gobierno, ya mostró el pasado mes de febrero su interés por impulsar este vector con el anuncio de la creación de una Oficina del Dato, a la que en principio se pretende encomendar no sólo el diseño de la estrategia gubernamental en materia de 'Big Data' sino también la gestión de los intercambios de información entre Administraciones Públicas, ciudadanos y empresas. La oficina está ubicada dentro de la estructura del Gobierno y depende de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, bajo la dirección de Carme Artigas.
El informe del grupo de expertos reunido por el Consejo Superior de Estadística, al que ha tenido acceso La Información, cuestiona este modelo que hace depender del Gobierno la gestión del sistema público de datos y aboga por encomendar la responsabilidad máxima sobre la administración de los datos del sector público en España al Instituto Nacional de Estadística "con el objeto de salvaguardar la independencia técnica de la institución" encargada de gestionar esa información. El documento resalta la experiencia del instituto estadístico en el tratamiento de datos tanto públicos como privados, la coordinación de múltiples agentes implicados en la elaboración de estadísticas y también las garantías que ofrece de eficacia, independencia y solidez en la realización de esas tareas.
La propuesta de los expertos recuerda que el INE es la única institución amparada legalmente tanto a nivel nacional como europeo para desempeñar esa función, además de disponer de la infraestructura y la capacidad técnica para desempeñar esa misión.
Una 'refundación' del INE
La propuesta del grupo de expertos implica una auténtica refundación del Instituto Nacional de Estadística, que pasaría en primer lugar por ampliar su mandato para habilitar legalmente su capacidad de gestionar información no sólo con fines estadísticos sino también para otras finalidades, por redefinir el perímetro competencial de la 'Oficina del Dato' de forma que sus atribuciones no se solapen con las que tendría el INE y también por integrar al instituto estadístico en el Consejo Consultivo de Transformación Digital del que a día de hoy no forma parte.
El informe es particularmente crítico con que la Vicepresidencia de Asuntos Económicos no haya considerado oportuno incluir al INE en un consejo formado por nada menos que 87 miembros y en el que por ejemplo sí está representada la FEMP. El informe es particularmente crítico con que la Vicepresidencia de Asuntos Económicos no haya considerado oportuno incluir al INE en un consejo formado por nada menos que 87 miembros y en el que por ejemplo sí está representada la FEMP.
La conversión del INE es la gran oficina de gestión de datos del sector público exigiría una serie de pasos por parte del Gobierno, advierten los expertos. En primer lugar, modificar el marco legal para sentar la obligatoriedad del intercambio de datos entre Administraciones Públicas para que el INE pueda realizar esa función de estandarización de la información disponible y también para levantar las barreras legales que existen para el acceso a determinada información como la de naturaleza fiscal. El plan también exigiría un fortalecimiento de la dotación de Recursos Humanos del INE, una de las principales carencias del organismo que ha perdido cerca de un tercio de sus efectivos en los últimos años, y de sus medios tecnológicos.
El informe es particularmente crítico con que la Vicepresidencia de Asuntos Económicos no haya considerado oportuno incluir al INE en un consejo formado por nada menos que 87 miembros y en el que por ejemplo sí está representada la FEMP.El documento, en cuya autoría han participado representantes de diversos ministerios, académicos, representantes de organizaciones sociales y altos cargos autonómicos entre otros, cuestiona abiertamente la nueva estructura de gobernanza del dato levantada desde la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, a la que en su opinión se le atribuyen funciones que la ley ya reserva al Instituto Nacional de Estadística. Los expertos entienden que la Oficina del Dato y el Consejo Consultivo abundan en la acusada tendencia del sistema estadístico español a complicar su gobernanza, algo que también puso de manifiesto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Con todo quizá el paso más peliagudo que plantean los expertos es la reforma legal que daría acceso al INE a todos los datos administrativos producidos por cualquier Administración Pública española de cara a facilitar el acceso a datos registrales personales producidos por todas las administraciones públicas, estandarizar los protocolos de acceso, responsabilizarse de la difusión de cada conjunto de datos protegiendo la privacidad personal y observar y preservar el interés público del uso de los datos para tomar las decisiones sobre su acceso
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