Una de las prioridades del Gobierno con Cataluña ha sido la de mejorar el diálogo con la Generalitat y relajar la tensión de los últimos años en los que el enfrentamiento con los independistas ha sido constante. Con el indulto a los presos del procés, Sánchez dio un paso más en esta normalización de las relaciones, pero desde Barcelona consideran insuficientes las conversaciones que mantienen con el Gobierno de forma bilateral. Por ello, el Parlament estudiará en una comisión, presidida por Junts Per Catalunya (JxC), cuál es la "deuda histórica del Estado" con la comunidad autónoma. Una suma que, según los cálculos del diputado y ex presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona Joan Canadell, podría alcanzar los 300.000 millones de euros, unos 40.000 euros por cada catalán.
La comisión se creó a propuesta de JxC y recibió el apoyo de Esquerra Republicana y de la CUP. En Comú se abstuvo y el resto de partidos con representación en la cámara catalana votaron en contra (PSC, Vox, PP y Cs). En el plan de trabajo aprobado esta semana, al que ha tenido acceso La Información, los grupos proponen revisar los activos del Estado en Cataluña para negociar "una futura compensación". Además, estudiarán los "compromisos incumplidos" del Gobierno de Sánchez con la región. Entre ellos figuran cuestiones relativas a las infraestructuras, pero también el traspaso de los Mossos d'Esquadra y la ley de Dependencia.
En la última reunión entre la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la consellera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, se acordó el traspaso de las becas y el estudio de la transferencia del ingreso mínimo vital (IMV), pero no fue suficiente para las pretensiones de la Generalitat. "Necesitamos resultados tangibles y de más entidad", defendió la consellera. Solo unos días antes de esa reunión, celebrada en febrero en el marco de la comisión bilateral, el Parlament daba luz verde a la creación de la "Comisión de Estudio sobre la deuda histórica del Estado con Cataluña".
Durante seis meses, los diputados escucharán a distintos expertos en materia fiscal y financiación autonómica para determinar cuál es la deuda que el Estado acumula con Cataluña. Lo harán en un momento en el que se espera una reunión de alto nivel entre ambos ejecutivos, el de Pedro Sánchez y el que lidera Pere Aragonès, tras su breve encuentro en las jornadas organizadas por el Cercle d'Economia. Ambos presidentes acordaron buscar una fecha tras el escándalo Pegasus y el espionaje por parte del Centro Nacional de Inteligencia a más de 60 líderes independentistas, entre los que se encuentra el presidente de la Generalitat de Catalunya.
Los diputados analizarán estudios sobre "infrafinanciación en Cataluña" y sobre "incumplimientos presupuestarios de infraestructuras". Los impulsores de este grupo de trabajo parlamentario defienden que existe un déficit que se acumula desde hace décadas y que afecta a infraestructuras y a algunas competencias que Cataluña lleva años reclamando. Además, los diputados se fijarán en lo que indican los Estatuts de 1979 y 2006 sobre financiación autonómica. En definitiva, reavivarán el debate sobre los recursos que recibe Cataluña en compensación por su aportación a las finanzas nacionales. Este tema, el de la financiación de las comunidades autónomas, es uno de los asuntos pendientes del Gobierno, que lo ha retrasado ante la falta de acuerdo inicial entre las CCAA y para priorizar las medidas de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
La comisión dedicará una de sus siete sesiones con expertos a analizar el dumping fiscal y la imposición centralizada o descentralizada. Cabe recordar que el president de la Generalitat acusó a la Comunidad de Madrid de realizar competencia desleal en materia tributaria y de aprovechar la concentración de instituciones en la capital para llevar a cabo una política fiscal a la baja. Mientras Madrid es la única región sin tributos propios, Cataluña es la que más impuestos propios tiene, e incluso planea la creación de uno nuevo para fomentar el reciclaje de las colillas de tabaco, para el próximo año.
Después de las sesiones está previsto que los diputados redacten un informe con las conclusiones en las que se calcule "la deuda histórica", una deuda que no solo debe incluir la relativa al Estado con Cataluña, sino también la de la "administración catalana con las clases trabajadoras", según defiende la CUP. Tal como publicó este periódico, también desde la Conselleria de Hacienda se ha reactivado la estimación de la balanza fiscal, para actualizar el dato que maneja el gobierno catalán desde 2016, cuando la cifra ascendía a 16.800 millones de euros.
En varias ocasiones la Generalitat ha criticado la opacidad del Ministerio de Hacienda con los datos que permitirían conocer los intercambios de recursos entre el Estado y las comunidades de forma real. Esta semana, la senadora de JxC María Teresa Rivero reclamó de nuevo estos datos a la titular de las finanzas estatales, María Jesús Montero. No obstante, Montero se negó a facilitar una información que favorece "reproches" entre comunidades autónomas. "Cuando hablan de balanzas fiscales y que aportan más es porque son los ciudadanos los que disponen de más recursos y, por tanto, su contribución a la bolsa común dentro de un sistema tributario justo tiene que ser necesariamente superior", defendió la ministra.
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