Los catalanes están acudiendo activamente este domingo a las urnas, con una participación a las 13:00 horas cuatro puntos por encima de los anteriores comiciones y nueve meses antes de lo que les hubiera correspondido tras decidir Pere Aragonès disolver las Cortes ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2024. Lo hacen en un momento en el que la Generalitat tiene retos e incógnitas importantes por resolver en el ámbito económico, empezando por si el Gobierno Central decide abrir el melón de la reforma de la financiación y por cómo se diseñe finalmente la quita de parte de la deuda que Cataluña mantiene con el Estado vía mecanismos extraordinarios de liquidez.
Mientras esas dudas se despejan, factores como el retraso en la ejecución de los fondos europeos en relación a otros territorios -hasta finales de marzo apenas había resuelto el 36% de las convocatorias totales-, como el problema de acceso a la vivienda, el golpe de la sequía a su actividad o el hecho de que Madrid haya ampliado la brecha de riqueza con Cataluña tras el procés han ensombrecido en parte los logros de un sector turístico muy dinámico o de un mercado de trabajo en el que la tasa de paro se sitúa casi tres puntos por debajo del promedio nacional.
Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que en el departamento que capitanea María Jesús Montero sigue adelante con los trabajos a nivel interno para desarrollar el mecanismo que permitirá condonar parte de la deuda que Cataluña y el resto de comunidades que decidan adherirse mantienen con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). De momento, no han iniciado los contactos técnicos con las regiones que, en principio, iban a comenzar en febrero y se retrasaron a raíz de las distintas convocatorias electorales.
En el caso concreto de Cataluña la cifra que se ha puesto sobre la mesa, de 15.000 millones de euros en virtud del pacto de investidura entre PSOE y ERC, lleva a la agencia de calificación S&P Global Ratings a concluir que obligará al Estado a asumir un pasivo extra de entre 49.720 y 71.730 millones para poder ampliarla al resto de territorios. La firma con sede en Nueva York advierte de que podría no ser suficiente para mejorar de manera significativa las finanzas autonómicas en los próximos años, sobre todo si el Gobierno no reforma el actual sistema de reparto.
Esta misma semana el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, iba más allá al advertir del "peligro de generar un incentivo perverso" sobre las comunidades, al no hacerlas responsables de una decisión de endeudamiento que tomaron en el pasado. Cataluña se mantiene como la autonomía con el endeudamiento más elevado en términos de volumen (85.986 millones de euros) y como la cuarta en términos relativos, con una ratio sobre PIB del 31% que la coloca tan sólo por detrás de Comunidad Valenciana (42,2%), Castilla-La Mancha (31,9%) y Región de Murcia (31,2%), según los últimos datos publicados por la entidad.
La propuesta de la condonación de deuda comparte protagonismo con otro de los caballos de batalla de los independentistas, el de que Cataluña cuente con su propia Agencia Tributaria y con un régimen de financiación "singular" que le permita recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en su territorio. Una propuesta que se aleja de la demanda de una reforma del sistema -el actual caducó en 2014- y que es defendida prácticamente por todos los partidos que concurren a la cita.
Una tasa de paro casi tres puntos por debajo del promedio
Cataluña cerró el primer trimestre del año con una tasa de paro del 9,48%, la más baja para ese periodo desde 2008 -al igual que sucedió en el conjunto de España- tras reducir en más de tres puntos porcentuales el desempleo desde los últimos comicios. El papel de la pandemia en el contexto laboral tiene mucho que ver en este proceso, ya que en los primeros tres meses de 2021 aún había restricciones de movimiento y el crecimiento del empleo se concentró en 2022 y 2023. La reforma laboral también ha contribuido a reducir la temporalidad de una región en la que el sector servicios capitaliza el 76% de los empleos de la comunidad autónoma, frente al 1% del sector primario y al 16% de la industria.
La norma impulsada por Yolanda Díaz no tuvo el respaldo ni de Junts ni de ERC en el Congreso de los Diputados, las dos formaciones que entonces estaban al frente de la Generalitat. Cada una de ellas alegó motivos diferentes, si bien el cuestionamiento de la legitimidad de un diálogo social en el que no participan la patronal y sindicatos catalanes son frecuentes en ambos casos. De hecho, defienden que el Ministerio de Trabajo debería tenerlos en cuenta para reducir la jornada laboral. El Gobierno tiene previsto hacer una reforma de la negociación colectiva, pero parece no apuntar en esta dirección, ya que el principal objetivo sería ampliar la representación de las pymes con Conpymes.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez sí incluyo una modificación normativa para que los territorios del régimen común pudieran asumir la gestión del Ingreso Mínimo Vital después de que el presidente escenificara el acuerdo con Pere Aragonès. Después, la responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones formalizó el convenio para el traspaso de la competencia en el mes de febrero, aunque desde el ministerio no señalan en qué punto se encuentra el trámite. País Vasco y Navarra ya se encargan de la gestión de esta ayuda destinada a las personas en riesgo de exclusión social y Cataluña espera asumirla antes de que finalice el año, según declaró el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, hace unas semanas.
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