El plan de ayudas para instalar autoconsumo, renovables térmicas en el sector residencial y almacenamiento detrás del contador llegó a su fin a finales del año pasado, pero las comunidades autónomas todavía tienen pendiente resolver expedientes por valor de casi 1.000 millones de euros.
La coordinación y seguimiento del programa de autoconsumo corresponde al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, pero son la comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla las responsables de la gestión. También eran ellas las que lanzaron sus propias convocatorias con sus especificidades. Es decir, que son las CCAA las responsables de gestionar los expedientes y realizar los pagos a los consumidores.
Los datos que publica el IDAE aportados directamente por las CCAA, consultados por La Información, reflejan que se han resuelto concesiones por importe de 1.045 millones de euros al cierre de este artículo a última hora del jueves, frente a los 1.997 millones que les han sido asignados, lo que supone que todavía faltan por repartir 952 millones de euros. También quedan 42 millones de euros de presupuesto adicional pendiente de asignación a las autonomías.
En diciembre pasado se dejaron de aceptar solicitudes de ayuda y se amplió el plazo de vigencia de las bases reguladoras del programa de ayudas para que las CCAA pudieran implementar mejoras en su gestión con total seguridad jurídica y con el fin de agilizar los tiempos. El único límite material que plantea el plan es la justificación de la materialización de la ayuda, con cargo al PRTR, ante la Comisión Europea a finales de 2026.
El plan de ayudas se lanzó a finales de junio de 2021
El plan ha sido, junto al de ayudas a la compra de coches eléctricos, uno de los más populares y que al mismo tiempo más quejas ha generado. Además, justo antes de cerrarse el plazo de presentación de solicitudes creó bastante revuelo tras que determinadas comunidades autónomas se negaran a solicitar la ampliación de fondos ante el desbordamiento y la dificultad de la gestión de las ayudas, aunque acabaron dando marcha atrás. El lío se produjo con los últimos 500 millones de euros extra captados en la adenda al Plan de Recuperación.
Todas las comunidades autónomas están prácticamente al día con la actualización del volcado de datos en la plataforma del IDAE y han aportado información entre el 10 y 21 de junio, con excepción de Extremadura, Islas Baleares y Asturias, que no lo hacen desde enero en el caso de la primera y desde abril en el de las dos últimas. Ceuta tampoco ha actualizado sus datos desde febrero. Hay que subrayar así que la foto no es tiempo real. Aquí puedes consultar el ritmo de ejecución del programa por comunidad y ciudad autónoma.
La burocracia vuelve a ser un lastre
El plazo adicional para intentar desatascar el tapón burocrático se introdujo en el Real Decreto 1178/2023, de 27 de diciembre, por el que se modifica la normativa reguladora y se adaptan al marco europeo de ayudas de Estado determinados programas de ayudas de rehabilitación energética y energías renovables del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El plan comenzó en junio de 2021 con una dotación de 660 millones de euros y terminó con una dotación superior a los 2.000 millones. El Gobierno lo puso en marcha justo cuando se empezó a fraguarse la crisis energética al calor del alza de los precios del gas natural y los derechos de emisión de CO2, y que meses más tarde se agravó por la invasión de Rusia a Ucrania. Las cotizaciones disparadas de la electricidad en el mercado mayorista dispararon el interés por el autoconsumo y el programa ha recibido solicitudes por valor de 3.363 millones de euros, es decir, un 65% más del presupuesto asignado.
Estaba dividido en seis programas y el cuarto era el que correspondía a la realización de instalaciones de autoconsumo para el sector residencial, incluidas las comunidades de propietarios. Las ayudas se otorgaban como importes fijos unitarios o "módulos" que cubrían parcialmente los costes subvencionables. Con estas líneas de ayudas, el Gobierno estimó 1.850 megavatios (MW) nuevos de generación renovable en el sistema, así como la creación de más de 25.000 empleos directos e indirectos, un crecimiento del PIB de 1,7 millones de euros por cada millón de ayuda y una reducción de las emisiones de CO₂ de más de un millón de toneladas al año.
Ventajas fiscales
Los contribuyentes podrá amortizar libremente inversiones en instalaciones energéticas también durante este año. En concreto, deben estar destinadas al autoconsumo eléctrico y también pueden ser de uso térmico para el consumo propio, siempre y cuando utilicen fuentes renovables y sustituyan a otras que funcionen con combustibles fósiles. Se permite la libertad de amortización en el Impuesto sobre Sociedades para las inversiones en instalaciones de autoconsumo de energía renovable o de sustitución de energía fósil con un límite de 500.000 euros por inversión.
De este modo, las empresas que apuesten por instalar placas solares fotovoltaicas para generar su propia electricidad podrán beneficiarse de un incentivo fiscal con el que determinar de manera libre el ritmo de depreciación de sus activos fijos. En resumen, tendrán la capacidad de amortizar sus activos con independencia de los coeficientes de amortización que se emitan anualmente. Asimismo, durante 2024 continuarán las deducciones en el IRPF por obras de rehabilitación energética en viviendas. El Ejecutivo pretende así ofrecer un mayor plazo para poder acometer las reformas que permitan reducir el consumo de energía primaria no renovable o la demanda de calefacción o de refrigeración de los edificios.
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