La inteligencia artificial está a un paso de irrumpir en la mayoría de los sectores económicos, lo que tiene el potencial de cambiar el mundo del trabajo tal y como lo conocemos, como han demostrado las actividades que han nacido ligadas a las instrucciones de los algoritmos. El ejemplo más claro son los conocidos como 'riders', repartidores que desarrollan su jornada laboral en función de las órdenes dictadas por una 'app', pero este modelo se está extendiendo a cada vez más profesiones antes de que las leyes sean capaces de poner coto a los efectos perversos de estos modelos de dirección y toma de decisiones.
En CCOO tienen claro que este es el principal reto que enfrentan los representantes de los trabajadores en el corto plazo, como pusieron de manifiesto en la jornada "El futuro es ahora: IA, plataformas y mundo del trabajo". Ya que una vez impulsada la 'Ley Rider' española y la directiva europea que se inspira en ella que garantizan que el uso de algoritmos tenga que ser negociado con la representación de los trabajadores, señalan al sector público como responsable de hacer un seguimiento de los posibles sesgos en los que puede incurrir esta tecnología a la hora de tomar decisiones en los entornos de trabajo.
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, admitía que este nuevo escenario supone todo un desafío para el sindicato (en ciertos casos difícil de abarcar), ya que es fácil que se generen desequilibrios de información entre las grandes plataformas y sus empleados, con un bajo nivel de formación en términos generales. "Es un enorme reto que una representación de los trabajadores de una empresa de reparto pueda tener el conocimiento de cómo se programan los algoritmos y sus sesgos. Es un desafío para el sindicato que tiene que buscar nuevos perfiles de acción sindical y que requiere procesos formativos internos que no tienen nada que ver con lo que había hasta ahora", resumía el líder sindical.
Denuncias de los sindicatos
Por ello, señalaba directamente al Gobierno para que tomase un papel activo en estos procesos que tiene que ir más allá de la aprobación de normas. "No vale con que la representación de los trabajadores tenga acceso a los algoritmos, vamos a necesitar agencias públicas que cotejen que los algoritmos que determinan las condiciones de trabajo no tengan ningún sesgo discriminatorio, porque claro que no son neutros, porque están dirigidos a maximizar los recursos de las empresas y mejorar la productividad. Y lo va a hacer utilizando datos y sacando conclusiones" defendió el secretario general de CCOO.
Si bien denuncian que este paso no fue previsto en las citadas normas y podría dejar en papel mojado las garantías que sí fueron recogidas, desde el sindicato defienden que ya existe una agencia idónea para ejercer este papel: la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Este organismo creado en 2023, forma parte de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y depende del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. "Nosotros ya hemos reivindicado que entre sus funciones tenga la de intervenir sobre el análisis, el seguimiento y la fiscalización de los sesgos que pudiera tener la programación algorítmica en el entorno laboral", fijó Sordo.
Un paso que entienden que debería verse acompañado de la participación del Ministerio de Trabajo en esta materia y también, de la implicación de los agentes sociales -patronal y sindicatos-. No obstante, la agencia creada hace un año apenas ha empezado a dar sus primeros pasos tras culminar el proceso de elección del primer director del organismo. El miércoles se hizo público que Ignasi Belda será el encargado de diseñar la estrategia de la agencia, la administración del presupuesto y el contacto con los actores del sector, así como de la selección del resto de perfiles que compondrán la unidad.
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