Después de meses de negociación en los que apenas se habían producido avances y dos semanas en las que tanto el Ministerio de Trabajo como los diferentes representantes de la patronal habían elevado el tono, las partes intentan acercar posturas sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana, pese a que el acuerdo está lejos de cerrarse. La CEOE reconoce el gesto efectuado por Yolanda Díaz al abrir el abanico de horas de libre distribución, no obstante, fuentes de la cúpula de la organización empresarial sitúan el respeto al V AENC como punto de partida para esta conversación, lo que demoraría la entrada en vigor de esta norma a 2026.
CEOE, Cepyme, CCOO y UGT suscribieron en mayo de 2023 el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que alcanzaba hasta el 2025 y que debía servir de referencia para los convenios colectivos a negociar en este periodo. Entre otros puntos, el texto recogía una subida salarial del 10% a aplicar en tres años (4%, 3% y 3% que podrían sumar otro 1% si en alguno de estos años el IPC medio superaba a la actualización salarial). Y reducir la jornada laboral máxima en la medida en la que lo ha propuesto el Gobierno conllevaría un incremento adicional que afectaría a más de 12 millones de trabajadores, según los cálculos difundidos por Trabajo y que sería mayor si los contratados a tiempo parcial quieren mantener su jornada actual de trabajo -como se recogía en el borrador presentado-.
Los empresarios creen que los acuerdos sellados están para cumplirlos y por ello entienden que no es de recibo que se haga una modificación de calado de las condiciones de convenios colectivos ya sellados. La CEOE trasladó esta posición en la reunión mantenida este lunes en Trabajo a la que sus negociadores asistieron de forma telemática y en la que abogaron por retrasar la aplicación del nuevo límite no solo en unos sectores, sino hasta que expiren los convenios que estaban en vigor. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, respondió en rueda de prensa que este tema no podría demorarse hasta 2030 y se refirió al acuerdo de coalición firmado con el PSOE en el que figura la aplicación de las 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas en 2025.
Fuentes sindicales trasladan a este medio que los convenios suelen tener un alcance medio de tres años, por lo que la demora podría alcanzar el año 2028 en el caso de los más recientes si Moncloa aceptara la condición planteada por los empresarios. No obstante, pese a que el Ministerio de Trabajo se abrió a "valorar" otras medidas de flexibilidad planteadas por la patronal, no quiere desvincularse del acuerdo de coalición al entender que también es un compromiso que mantienen con sus electores y con la ciudadanía en su conjunto. En cambio, este calendario no ata a la CEOE como dejó su presidente Antonio Garamendi en la asamblea general al señalar que son una organización independiente sin fines electorales.
El retraso de la medida, por sí solo, tampoco sería suficiente para que los empresarios brindasen su apoyo a la reforma planteada por Díaz, ya que sería un mero retraso de los efectos económicos adversos advertidos por la patronal de pequeñas y medianas empresas, Cepyme. La tesis de los empresarios es que los sectores que no han aplicado ya esta jornada a través de la negociación colectiva no pueden hacerlo si no se aprueban compensaciones adicionales como las introducidas en Francia, por lo que reclaman más horas de distribución irregular al año -un punto parcialmente atendido por Díaz- y más horas extra -algo que el Gobierno rechaza tajantemente-, entre otras posibles medidas de apoyo clave como atender la situación de las compañías que tienen contratos públicos.
Dentro de la patronal también tienen peso las voces que piden balances específicos para las pequeñas empresas y los autónomos con reducciones de cotizaciones sociales, de los días que abonan las empresas en las bajas por incapacidad temporal -en un contexto marcado por su incremento- o incluso de los días de descanso retribuidos. Garamendi explicaba este martes que la reducción de la jornada laboral implicaba 12 días más de vacaciones al año, por lo que entienden que sería oportuno abordar el tiempo de trabajo en sentido amplio y no limitarse a las horas semanales. Sin embargo, son conscientes de que Trabajo rechazará estas propuestas.
Trabajo, patronales y sindicatos se darán cita el próximo miércoles para evaluar la propuesta presentada por el Gobierno en la reunión del lunes en las que se proponía que las empresas conservaran las horas de libre distribución previstas para el año 2025 aunque entrase en vigor la nueva jornada laboral y una agravante de las sanciones por incumplimiento de los tiempos de trabajo si perjudicaban la salud de los trabajadores. Desde el equipo de Díaz se pretendía cerrar esta cuestión antes de agosto para que el texto fuera aprobado en el Congreso antes de que acabara el año, si bien el ala socialista del Ejecutivo ha recetado pausa, al tener presente que el apoyo de la patronal es clave para atar los apoyos parlamentarios.
Los empresarios ya han dejado claro que seguirán presentes en la mesa y trasladando su posición como han hecho en los últimos años, no obstante no ocultan su desconfianza respecto a la cartera que encabeza Díaz por haber vulnerado parte de los consensos alcanzados en la reforma laboral. A inicios de año, las patronales cargaron contra la nueva subida del SMI que fue pactada solo con los sindicatos, pero la tensión se acrecentó con la aprobación -por segunda vez- del pacto suscrito con el PNV por el que primarán los convenios autonómicos siempre que sean más favorables y haber forzado cambios en el pleno del Consejo Económico y Social (CES).
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