Según un informe preliminar del órgano fiscalizador, publicado por 'El País' antes de su aprobación y de su remisión a las Cortes, se habrían producido pagos indebidos de dinero público por un importe de 133,8 millones de euros.
En concreto, el tribunal habla de "graves incidencias" en la ejecución de siete contratos para el desarrollo de estas obras de alta velocidad, que se prevé concluyan en 2020 en la frontera con Francia.
Precios inflados, pagos de obras no realizadas, certificaciones abonadas por adelantado, plazos incumplidos y adjudicación de contratas menores a dedo son algunas de las anomalías contables halladas por los expertos del órgano fiscalizador.
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